Entre sus puntos salientes, la Constitución reserva para el Estado el derecho a controlar los sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, entre otros.

Además, reconoce que "la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico" y que "la erradicación del analfabetismo constituirá política de Estado".

También establece que "la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva".

Otro punto importante es aquel que señala que "la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del Estado".

Por otra parte, el texto expresa que "la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria", y "prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra".

Correa señaló que la aprobación del marco normativo permitirá al país "salir del neoliberalismo" pues se trata de "un paso decisivo para la segunda y definitiva independencia de Ecuador".(PÚLSAR)