Un grupo de encapuchados tomó el control de las oficinas de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace cinco días.

El grupo de activistas exige dialogar con el rector de la máxima casa de estudios de mexicana para encontrar una salida negociada que permita cancelar una serie de reformas que señalan, afectaría los planes de estudio en los colegios de Ciencias y Humanidades pertenecientes a esta casa de estudios.

A decir de los jóvenes manifestantes, las normas aprobadas por los órganos rectores afectan a los alumnos, pues recortarían la matrícula estudiantil al tiempo que incrementaría el numero de materias; sin embargo, según afirman los inconformes, los colegios no cuentan con instalaciones adecuadas para impartirlas.

Los estudiantes opositores a la norma temen que la ley universitaria sea un instrumento para desincorporar los colegios e integrarlos al sistema de la Secretaría de Educación Pública y con ello se privatice la educación universitaria en el país.

Los jóvenes encapuchados solicitan además la reinscripcion de cinco alumnos que fueron expulsados tras sostener un enfrentamiento con grupos de golpeadores en uno de los planteles.

Ante ello, el rector de la UNAM, José Narro Robles, dejó en manos de la Fiscalía Nacional el caso, al tiempo que inició los procesos de expulsión definitiva de cinco alumnos por participar en las protestas.

Tras la decisión de la máxima autoridad universitaria, los activistas temen ser desalojados por elementos antimotines de la Policía Federal mexicana; a su vez advirtieron que la toma del edificio continuará hasta que el rector José Narro participe en una mesa de negociación y se desista de las acciones legales emprendidas contra los manifestantes.

De momento, estudiantes de distintas escuelas y facultades reunidos en una asamblea emergente, rechazaron la posible presencia de la Policía Antimotines en la Casa de estudios, pues dijeron “violaría la autonomía universitaria”, aunque solicitaron a los inconformes desalojar el edificio de manera pronta como muestra de voluntad para inciar el diálogo.

Vale recordar que en 1999, estudiantes mantuvieron tomadas las intalaciones de las escuelas preparatorias y de las facultades durante nueve meses para rechazar la aprobación de un reglamento general de pagos que aumentaría las cuotas hasta alcanzar unos 100 dólares por inscripción.

A decir de los estudiantes, se trataba de una decisión que perseguía prvatizar a la universidad pública más importante en México.

La protesta terminó con la intromisión de la Policía Federal en los campus universitarios y el arresto de unos mil estudiantes el 6 de Febrero del año 2000. (PÚLSAR)

Alejandro Pacheco – México