El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló este lunes el Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas, cuya tarea principal es darle poder de decisión a dichos pueblos.

En una reunión celebrada en el Palacio de Miraflores, Maduro debatió con 35 voceros de las comunidades indígenas de Venezuela, sobre los caminos para la construcción del socialismo indoamericano.

“Tenemos que ser constructores del socialismo, construir la independencia, la dignidad del país y el socialismo en lo concreto”, expresó Maduro.

El presidente recordó que la reivindicación incluye también el empoderamiento de las comunidades indígenas, las cuales forman parte del gobierno popular a través del citado Consejo.

“Se trata del pueblo presidente, el pueblo indígena presidente, pueblo obrero presidente, que el pueblo tenga el mando”, dijo Maduro.

También informó la aprobación de proyectos propuestos por las comunidades originarias, entre ellos la incorporación de los indígenas mayores de 50 años al mecanismo de protección social.

También anunció la creación del Instituto de Idiomas de la Lengua Indígena, para el rescate de la cultura de los pueblos originarios.

Para esto, el Presidente instó a los presentes a garantizar que este Consejo trabaje de manera perfecta y que cada una de las decisiones que se tomen debe cumplirse a la letra.

“Gobierno, trabajo y toma de decisiones permanente”, insistió Maduro, haciendo énfasis en la situación de pobreza en que viven las poblaciones indígenas de Venezuela. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Los miembros del colectivo Yasunidos entregaron una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE), parar exigir la notificación oficial sobre el número de firmas que llegaron a recolectar.

Como se sabe, el colectivo recogió miles de firmas para convocar a una consulta popular que decida el futuro del parque Yasuní.

El objetivo de Yasunidos es impedir la explotación petrolera en dicha zona debido a que está habitada por pueblos indígenas.

En las últimas horas se conoció que el colectivo Yasunidos recibió la notificación oficial del Consejo Nacional Electoral.

En dicha notificación, el organismo solamente validó alrededor de 359 mil firmas, de las más de 775 mil firmas que recolectó el colectivo.

Los miembros de Yasunidos informaron que insistirán en el pedido de convocatoria y, en los próximos días, presentarán una impugnación a la decisión del CNE.

Los activistas están pidiendo que el organismo electoral publique todos los formularios de las firmas que han sido rechazados.

De esta manera, Yasunidos espera que sea la propia ciudadanía ecuatoriana la que revisé las firmas.

El colectivo Yasunidos insistió en que el proceso de verificación de firmas estuvo plagado de irregularidades por parte del CNE.

El colectivo Yasunidos anunció que realizarán movilizaciones pacíficas en todo el país. Así lo informó la activista Antonella Calle, vocera del colectivo. (PÚLSAR)

El colectivo Yasunidos anunció que realizará una serie de protestas en todo el Ecuador, en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que rechazó más de 239 mil firmas presentadas por el colectivo.

En los últimos meses, Yasunidos recogió más de 600 mil firmas para presentarlas al CNE y convocar a una consulta popular donde se decida el futuro del Parque Nacional Yasuní.

El objetivo es evitar la explotación petrolera en la zona y proteger a los pueblos indígenas que habitan en la zona

El Consejo Nacional Electoral informó que Yasunidos solo alcanzó cerca de 359 mil firmas válidas.

Este porcentaje no es suficiente para convocar a una consulta popular. Se necesitan, por lo menos, 584 mil firmas.

Los voceros de Yasunidos anunciaron que presentarán una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral porque el proceso de revisión de firmas, realizado por el CNE, “ha sido ilegítimo e ilegal”.

De igual manera, los miembros del colectivo están exigiendo al Consejo Nacional Electoral que publique las firmas que han sido rechazadas.

La finalidad es que los propios ciudadanos ecuatorianos revisan sus firmas y las defiendan ante el organismo electoral.

Karla Espín, vocera del colectivo Yasunidos, aseguró que las firmas presentadas son “verídicas”.

“Queremos convocar a toda la ciudadanía a que sea parte de este proceso de impugnación” y que pidan explicaciones sobre la anulación de sus firmas, señaló. (PÚLSAR)

La lideresa de la etnia asháninka, Ruth Buendía Mestoquiari, explicó que el proyecto hidroeléctrico Paquitzapango, implica la construcción de una presa que inundaría las tierras de los pueblos indígenas.

Esta presa inundaría más de 95 mil hectáreas de bosques y provocaría el desplazamiento de cerca de 10 mil pobladores indígenas.

La presa Paquitzapango iba a utilizar el agua del río Ene, donde se ubica el pueblo indígena. El objetivo de la presa era producir electricidad y venderla después a Brasil.

Los pueblos asháninkas están ubicados en la región central de la Amazonía peruana.

Recientemente, la Fundación Ambiental Goldman, de nivel internacional, premió a la lideresa asháninka por la defensa de su territorio.

El premio otorgado por esta fundación mundial es el mayor reconocimiento para los que realiza un activismo en defensa del medio ambiente.

Ruth Buendía, quien lidera la Central Asháninka del Río Ene (Care), expresó su esperanza en que el Gobierno peruano “respete el territorio, la cultura y las decisiones propias de las comunidades nativas”, señaló la lideresa. (PÚLSAR)

La llamada Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas fue aprobada hace más de dos años por el actual gobierno del presidente Ollanta Humala.

Sin embargo, a pesar de ese tiempo, hasta el momento no termina de implementarse plenamente.

La congresista representante de la región Cusco, Veronika Mendoza, advirtió que en la actualidad existe una “resistencia” de las autoridades del gobierno peruano en aplicar la ley de consulta.

Según la congresista Mendoza, esta “resistencia” y poca voluntad política del Estado se debería a una “falta de conocimiento” sobre la realidad de los pueblos indígenas.

Esto se debería a que las autoridades han estado “de espaldas y divorciados ante la realidad de dichos pueblos”, opinó la parlamentaria de la bancada Acción Popular – Frente Amplio

Mendoza criticó la “tradición del Estado de estar de espaldas a estos pueblos, que han sido objeto de discriminación de parte de la sociedad y de parte del Estado”, expresó.

Recordó también que los pueblos indígenas “han sido calificados incluso por expresidentes como ciudadanos de segunda categoría”, refiriéndose así a las cuestionadas declaraciones del expresidente Alan García.

La parlamentaria indicó que los pueblos indígenas no se oponen a los proyectos de desarrollo y que solo piden mayor diálogo, así como la preservación de los recursos naturales.

Por otra parte, Veronika Mendoza explicó que las autoridades no quieren implementar la consulta previa porque tienen el “temor de que la consulta pudiera trabar o alargar los procesos de inversión”. (PÚLSAR)

Exigió la inmediata anulación del edicto que otorgó más de 400 mil hectáreas a la industria maderera.

Según el estudio encargado por el Ministerio Público Federal del estado de Pará, el territorio concedido por el Servicio Forestal Brasileño está ocupado por comunidades tradicionales.

Además, el área está próxima a la Tierra Indígena Munduruku y existen evidencias de que población indígena hace uso de los mismos recursos forestales.

Según la legislación brasileña, no está permitida la concesión forestal en áreas donde vive población tradicional.

El Ministerio Público expresó que el Servicio Forestal debe cumplir con la legislación y garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Indicó que debe hacerlo toda vez que las medidas puedan afectar a comunidades afectadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La recomendación del procurador Carlos Raddatz Cruz fue que el Servicio Forestal se abstenga de promover la concesión hasta realizar un estudio antropológico completo sobre las poblaciones del área conocida como Crepori, en Jacareacanga, en el estado de Pará.(PULSARBRASIL)

Los dirigentes indígenas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, darán a conocer los problemas que atraviesan los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial que viven en la reserva territorial Kugapakori Nanti-Nahua.

Esta zona de la Amazonía peruana está en peligro debido a que el gobierno de dicho país pretende ampliar las actividades en el llamado “Lote 88” del proyecto del Gas de Camisea.

La reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizará el uno de noviembre en la ciudad norteamericana de Washington.

También participaran organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y la ONG, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En las últimas semanas, las organizaciones indígenas han advertido que el Estado Peruano no está cumpliendo con ejecutar varias medidas de protección ambiental en la reserva territorial Kugapakori Nanti-Nahua.

La directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, explicó que uno de los objetivos de la audiencia que se realizará en la ciudad de Washington es “poder conversar con el Estado Peruano y plantearle una serie de requerimientos”.

Destacó la necesidad de coincidir con el Estado en temas importantes, como por ejemplo, los peligros vinculados a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. (PÚLSAR)

Más de 40 mil indígenas colombianos, en representación de 102 pueblos, iniciaron una gran movilización social y popular en seis departamentos del país. Esta movilización es conocida en Colombia como la “Minga nacional”.

El objetivo es exigir una mayor participación en la vida política de Colombia y que el gobierno mejore las condiciones económicas de los pueblos indígenas.

El Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena (ONIC), Luis Fernando Arias, también informó dijo que los pueblos indígenas están exigiendo que se revisen  las cláusulas de los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha firmado Colombia con otros países.

Los dirigentes de la Organización Nacional Indígena alertan que la implementación de los TLC está “favoreciendo a las transnacionales, sobre las culturas ancestrales”.

Las organizaciones también están demandando que se implemente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, sobre proyectos que puedan afectar a sus regiones.

Según el dirigente Luis Fernando Arias, más del 70 por ciento de los acuerdos que los pueblos indígenas negociaron con el gobierno colombiano no se han cumplido.

Los indígenas colombianos también están planteando suspender los títulos mineros en sus regiones. De igual manera, exigen una mayor defensa de los derechos humanos, ante los casos de violaciones a los derechos indígenas en el marco del conflicto armado que vive Colombia. (PÚLSAR)

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, por mayoría de su pleno, la solicitud del gobierno del presidente Rafael Correa, de declarar como “interés nacional”, los campos petroleros ubicados en el Parque Nacional Yasuní, en la amazonía del país.

Esta decisión de la Asamblea se toma a pesar de las críticas de organizaciones indígenas y los movimientos ecologistas ecuatorianos e internacionales que advierten graves daños al medio ambiente ante una posible explotación petrolera.

La aprobación fue con 108 votos a favor frente a 25 votos en contra, luego de 10 horas de debate,.  Según las informaciones, en los Bloques 31 y 43 del Yasuní existen reservas probadas de 920 millones de barriles.

Sin embargo, la Asamblea ecuatoriana que es de mayoría oficialista, puso condiciones a la explotación petrolera. Una de ellas es el cumplimiento de estándares para minimizar el impacto al medio ambiente y a los pueblos indígenas de la zona.

Para ello, la Asamblea solicitó que el gobierno ecuatoriano debe comprometerse a crear un Sistema de Monitoreo Integral para medir los niveles de impacto de la actividad petrolera en el Yasuní.

Durante el debate parlamentario, intervino como expositora, Alicia Cahuilla, una dirigente indígena de la etnia huaorani. Ella criticó que durante décadas, la explotación petrolera no ha beneficiado a los pueblos indígenas y solo han recibido contaminación y la destrucción de sus tierras.

Por esta razón pidió que se realice un referéndum y se consulte a los indígenas sobre la explotación del Yasuní.  “Nos deben consultar”, expresó la representante de los pueblos huaorani. (PULSAR)

Los dirigentes indígenas de Chuquisaca y Potosí exigen al gobierno boliviano que se aumente de siete a 16, las curules parlamentarias destinadas a los pueblos originarios.

Los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, expresaron que para aumentar los escaños se necesita modificar la Ley de Régimen Electoral.

La dirigencia cívica de Chuquisaca está convocando a un paro cívico para el próximo jueves 4 de octubre, para protestar contra la redistribución de escaños que está planteando el Tribunal Supremo Electoral.

Las organizaciones sociales de las regiones del Beni y Potosí también anunciaron que se movilizarán.

Los dirigentes indígenas bolivianos manifestaron que actualmente existen en el país, 50 pueblos y naciones que deben ser reconocidas. Plantearon que cada uno de los 50 pueblos debe tener, por lo menos, un parlamentario en el Congreso. En la actualidad sólo existen 7 diputados que representan a 7 pueblos indígenas.

El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Milton Barrón, anunció que su organización se reafirma en que “Chuquisaca no debe perder ningún escaño porque significaría disminuir su representación política.

Luego de conocerse en Bolivia, los resultados del Censo de Población y Vivienda, los pueblos indígenas están exigiendo al presidente Evo Morales que otorgue más escaños a parlamentarios indígenas en la Asamblea Legislativa. (PULSAR)