Los profesores mexicanos organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron, este miércoles, una protesta en diferentes regiones del país.

El objetivo de la paralización de labores fue protestar contra la reforma educativa promovida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los docentes también están demandando la cancelación definitiva de las evaluaciones a las que están siendo sometidos.

En las últimas semanas, los profesores han denunciado, además, que están enfrentando graves problemas para desarrollar sus clases debido a las pésimas condiciones de infraestructura y los bajos salarios.

Enrique Enríquez, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México, informó que de 12 mil profesores del Distrito Federal participaron en la marcha del miércoles.

Sin embargo, en algunas zonas la protesta no fue abrumadora. Por ejemplo, se informó que en el Estado de Morelos, sólo el 30 por ciento de las mil 900 escuelas del nivel básico participaron en el paro de labores.

El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos señaló que el 70 por ciento de las instituciones educativas sí realizaron clases. (Agencia Púlsar)

El 8 de noviembre de 2012, cientos de personas habían llegado a la ciudad de San José y habían bloqueado la transitada avenida Segunda para manifestarse ante el enorme edificio de la Caja Costarricense de Seguros Social.

Los manifestantes esperaban que la entonces presidenta ejecutiva de la institución, Iliana Malvaceda, los recibiera para entregarle una carta. Allí pedían medidas urgentes contra una serie de recortes presupuestarios que afectaban varios centros médicos del país.

Sin embargo, nadie salió a recibir la carta. Al no recibirla, algunos manifestantes se quedaron protestando y, luego, la Policía inició un operativo para desbloquear la calle, golpeando y arrestando a varias personas.

Este 24 de junio, seis personas que participaron en esa manifestación enfrentarán la audiencia preliminar de un juicio en las que se les acusa de resistencia a las autoridades.

Este proceso ha despertado la solidaridad y también la preocupación en el movimiento social de Costa Rica, porque consideran que es la evidencia de una creciente represión a la protesta en el país. (Voces Nuestras – Costa Rica)

Las protestas en Arequipa, al sur del Perú, se agudizan y el diálogo entre las partes en conflicto no prospera.

A pesar de ello, este viernes, , en un mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala anunció que el  polémico proyecto minero Tía María no se suspenderá.

El mandatario argumentó que su gobierno no podía suspender el proyecto debido a que esta decisión arbitraria expondría al Estado a demandas legales internacionales.

Dijo que esto podría traer “efectos nefastos” para el Perú. “Una acción como esta, decidida unilateralmente por el Estado, tendría efectos nefastos tanto jurídicos como económicos”, expresó en su mensaje.

Humala explicó que en el caso de los diversos proyectos mineros y extractivos que se desarrollan en el Perú, su Gobierno no defiende intereses individuales o de una empresa en particular.

Por eso señaló que su gobierno solo hace respetar el principio de autoridad y el Estado de derecho.

Una de las primeras reacciones al mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala, fue la de Jorge del Carpio, dirigente del Frente Amplio de Arequipa, quien criticó las declaraciones del mandatario.

Desde hace casi dos meses, los pobladores de diversas provincias de Arequipa están protestando contra el polémico proyecto minero Tía María, denunciando un posible daño al medio ambiente.

En los últimos días, las manifestaciones la realizan no solo los agricultores sino también otros sectores sindicales y estudiantiles.

Mientras tanto, en las últimas horas, y luego del mensaje presidencial, la empresa minera Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre del mundo, se pronunció.

Los anunció este viernes una “pausa” en el desarrollo de su millonario proyecto clave Tía María en Perú para despejar dudas de los opositores al plan en un plazo de 60 días.

Oscar González, presidente de Southern Copper, dijo que han escuchado al presidente Humala y “en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica”, solicitará al Gobierno una “pausa” de 60 días en el desarrollo de su proyecto Tía María en Perú para resolver las dudas pendientes. (Agencia Púlsar)

El conflicto social está aumentando en la región Arequipa, al sur del Perú. Actualmente se está realizando un paro regional de 72 horas contra el proyecto minero Tía María.

Siete policías resultaron heridos en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay.

El paro de 72 horas que realiza la población arequipeña es para apoyar el paro indefinido que desarrolla la provincia Islay desde hace 52 días.

Mientras tanto, diversos especialistas están cuestionando la política del gobierno de Ollanta Humala sobre el tema.

Eduardo Ballón, antropólogo y experto en temas de regiones, manifestó que el Gobierno está cometiendo los mismos errores del pasado.

Crtiticó que se haya ordenado el envío de más militares a la región Arequipa y que se haya abierto procesos judiciales a los dirigentes.

Dijo que el Gobierno no aprendió nada del anterior conflicto generado por el proyecto Conga.

“Junto con el Gobierno, la clase política, el sector empresarial y buena parte de sociedad no hemos aprendido nada”, aseveró Ballón.

Por otra parte, Marco Arana, líder del partido Tierra y Libertad, informó que el cuestionado dirigente del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez fue separado de la lista de militantes de su partido.

Hace unos días se difundió un audio donde presuntamente el mencionado dirigente negocia un soborno a la minera Southern a cambio de levantar las protestas contra el proyecto Tía María. (Agencia Púlsar)

Este miércoles, las protestas se intensificaron en el sur del Perú, en el marco de las protestas que realizan las organizaciones sociales de Islay en Arequipa.

Cuatro policías resultaron heridos luego de una serie de enfrentamientos contra diversos grupos de manifestantes en la ciudad de Mollendo.

Los manifestantes rechazan el polémico proyecto minero Tía María por el temor al daño al medio ambiente de su zona.

Se informó que los policías heridos fueron evacuados a la ciudad de Arequipa debido a la gravedad de sus lesiones. Se trata de los policías Carlos Alberto Vásquez Durand (51), Marco Castro Pancorbo (53), Víctor Gordillo Villaroel (43) y Carlos Carbajal Bustos (42).

Hace unas horas también se produjo la muerte de una persona luego del enfrentamiento entre la Policía Nacional y un sector de la población de Islay.

Se trata de un trabajador de construcción civil, Jenrry Checya Chura (35 años), quien falleció luego de recibir tres disparos por la espalda.

Ante la gravedad de los hechos y la escalada de violencia, la Defensoría del Pueblo del Perú convocó a una reunión de diálogo entre los representantes del Poder Ejecutivo y los alcaldes y dirigentes de la provincia de Islay.

Este miércoles llegaron a la ciudad de Arequipa los ministros de Energía y Minas, Rosa María Ortíz, y de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez Ramos, a fin de dialogar con los dirigentes de la zona.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Rocío Silva Santisteban, cuestionó de algunos sectores policiales. Reveló que varios policías defienden los intereses de las empresas mineras. (Agencia Púlsar)

Líderes del Valle del Tambo, en Islay (Arequipa), piden voluntad política de parte del Gobierno peruano para solucionar el conflicto derivado por la oposición al proyecto minero Tía María.

Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, aseguró que se está poniendo en riesgo la actividad agrícola en la zona y que el Estado no tiene intención de escuchar a los afectados.

Pepe Julio Gutiérrez, coordinador de los frentes de defensa del Valle, aseguró que existe una “represión criminal a la protesta”, y que muestra de ello es que los enfrentamientos han dejado más de cien heridos y 34 detenidos.

“El Gobierno mandó una comisión pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Se insiste en imponer un proyecto. Nosotros somos partidarios de la inversión, pero no vamos a aceptar Tía María, así será a sangre y fuego”, indicó Gutiérrez.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, cuestionó al Ejecutivo por sostener una “posición radical” y no lograr la resolución del conflicto social en la provincia de Islay.

“Quiero que se diga la verdad sobre Tía María”, expresó. También adelantó que el gobierno regional puede pedir la intervención de una entidad extranjera para que revise el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si el Ejecutivo no lo hace.

Por otro lado, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, afirmó que el Gobierno actuará de manera más preventiva en los próximos proyectos mineros-energéticos, a fin de que se explique a la población. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

La huelga indefinida contra el proyecto minero Tía María se intensifica en la región Arequipa, al sur del Perú.

Varios dirigentes sociales que promueven la huelga solicitaron el apoyo de las organizaciones populares locales de la ciudad de Arequipa, para que se sumen a la medida de fuerza.

El paro indefinido que se acata en la provincia de Islay, ha cumplido ocho días.

El alcalde provincial Richard Ale Cruz y tres alcaldes distritales del valle de Tambo llegaron a la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa, para efectuar una movilización y exigir el retiro de la minera Southern Perú.

“Actualmente la huelga se desarrolla en el valle de Tambo, pero necesitamos el apoyo de los gremios de la ciudad para que la protesta tenga contundencia”, afirmó Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del distrito de Cocachacra.

Por otro lado, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló que en las mesas de desarrollo, impulsadas por el Gobierno, se resolverán todas interrogantes y preocupaciones surgidas en torno al proyecto Tía María.

Remarcó que la idea es responder todas las dudas que pudieran tener los ciudadanos de Islay (Arequipa) respecto al último Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

“Vamos a dar todas las explicaciones de por qué ese estudio ha sido aprobado correctamente y qué contemplan todas las aristas de los impactos ambientales que pudiera causar el proyecto”, declaró.

Recordó, además, que el mencionado proyecto minero incluye una planta desalinizadora del agua para garantizar el recurso hídrico en esa zona del país. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Las comunidades campesinas en Arequipa, al sur del Perú, iniciaron un paro indefinido en protesta contra el proyecto de extracción de cobre en Tía María, de la minera Southern Copper, filial del Grupo México.

Los campesinos se oponen al proyecto de la minera porque consideran que perjudicará la actividad agrícola de la región.

El portavoz de los campesinos advirtió que las autoridades del gobierno no deben esperar a que se presenten “consecuencias que pueda lamentar”. Sostuvo que el Gobierno también es “responsable” del problema.

“Siempre hemos luchado por el retiro definitivo del proyecto. (La empresa) no podrá contar con la licencia social que necesita para poder operar”, dijo el presidente de la junta de campesinos del Valle del Tambo, Jesús Cornejo.

Dentro de su protesta, los campesinos del Valle del Tambo bloquearon las principales carreteras.

Los alcaldes Richard Ale Cruz (Islay) y Jaime de la Cruz (Dean Valdivia) anunciaron que pedirían licencia sin goce de haber, para participar de las protestas.

La Policía en todo momento estuvo cerca de los manifestantes, que llegaron a ser cerca de 4 mil personas que salieron a las calles a protestar. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, viajó hasta la ciudad de Andahuaylas, al sur del Perú, para firmar un acuerdo y dar solución a las quejas de los ciudadanos de esa zona de Apurímac, ubicada en la sierra del Perú.

A la protesta en Andahuaylas, se sumaron los pobladores de Chincheros y Abancay, quienes denunciaron que la empresa Electro Sur Este cobraba tarifas excesivas y daba un mal servicio.

Durante cinco días los negocios permanecieron cerrados, y quedaron varados los buses que se dirigían a las ciudades de Lima y Cuzco. También se registraron 36 heridos en el enfrentamiento entre policías y pobladores.

Luego del diálogo con las autoridades, las organizaciones sociales decidieron suspender la huelga que duró seis días.

Julio Rojas, comisionado del diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que firmaron un compromiso de alto a la huelga.

“Se limpiarán las vías, se garantizará la seguridad, y se regresará a la normalidad hasta que se lleve a cabo la mesa de diálogo”, expresó Rojas.

El acta firmada llamada Samaykusun rimarinapaq, que significa “Alto para el diálogo”, significó la búsqueda de una solución por parte del comité de lucha de Andahuaylas y los comisionados de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Rojas además afirmó que se detectó la existencia de la facturación errada por parte de Electro Sur Este perjudicó a aproximadamente 10 mil familias.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas informó que entre los ocho acuerdos alcanzados figura la modificación de la opción tarifaria, la suspensión temporal del cobro por deuda de FONAVI, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios y la sanción a los responsables. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

En Chile, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud (Confusam) viene organizando del 7 al 9 de octubre un paro nacional.

En los últimos días se quebró el diálogo con el Ministerio de Salud. Los funcionarios demandan mejoras salariales y la eliminación de los contratos a plazo fijo.

Esteban Maturana, presidente de la Confusam, informó que el Ministerio de Salud (Minsal) cortó las negociaciones.

“Este es un proceso que venimos realizando con el Minsal hace tiempo. Les indicamos que de no haber acuerdo para el 5 de octubre, habría paro. No hubo propuesta”, indicó.

Además Maturana informó que la principal demanda es el financiamiento de la atención primaria.
“El per cápita actual es insuficiente. El proyecto de ley actual pretende aumentarlo sólo en un 7,2%, lo que no alcanza”.

Otra de las demandas es el tema de la estabilidad laboral. “Por ley, el 80% de los trabajadores tiene que estar con contrato indefinido, y un solo un 20% por contrato fijo. Actualmente es al revés.

Los trabajadores chilenos también exigen mejorar los pagos a los técnicos de nivel superior, las indemnizaciones para las personas que llevan más de 30 años en la institución, entre otros.

Sin embargo, Esteban Maturana, recalcó que esta movilización no es contra la población.

La respuesta del gobierno se dio por parte de la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo. Ella aseguró que los servicios de urgencia “van a estar abiertos y funcionando”.

Sin embargo, lamentó que “los que son más afectados son los pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, adultos mayores que no van a poder retirar sus medicamentos”.

Verdugo también señaló que el Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo por fortalecer la atención primaria y espera lograr un acuerdo con estos trabajadores. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)