Un grupo de organizaciones sociales está impulsando actualmente el proyecto de Ley 1903, que regula el acoso político hacia las mujeres.

Dichas organizaciones han criticado al Congreso de la República porque postergó nuevamente el debate sobre el proyecto de Ley

El proyecto de ley tiene el objetivo de prevenir y sancionar los actos de acoso contra las mujeres a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos políticos.

La congresista Veronika Mendoza, impulsora del proyecto, opinó que el machismo y la corrupción son las principales causas del acoso político que sufren las mujeres autoridades.

En la actualidad, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que el 34% de las candidatas denunciaron que fueron víctimas de agresión o violencia física y sicológica durante su participación política.

De igual manera, en una reciente encuesta, el 62% de mujeres candidatas manifestó que la agresión se debe a razones políticas: debido a su falta de experiencia, por sus ideas, entre otros.

Hace unos días, diversas organizaciones sociales, sindicales, feministas y de derechos humanos, realizaron una protesta frente al local del Congreso, para exigir la aprobación del proyecto de Ley 1903.

Silvia Uscamaita, vicepresidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA), manifiesta que el proyecto de ley “es la respuesta a más de medio centenar de denuncias frente al acoso político del que son víctimas las mujeres”, expresó. (Agencia Púlsar)

Desde hace unos días se viene produciendo un gran debate nacional sobre el proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación sexual.

En los últimos días, diversos legisladores de tendencia conservadora votaron en contra del proyecto cuando se discutió en la Comisión de Justicia del Parlamento peruano.

Sin embargo, en las últimas horas, el congresista Josué Gutiérrez, vocero de la bancada de oficialista Gana Perú, anunció que a su partido ha llegado a la conclusión de apoyar el proyecto de ley.

El congresista explicó que han analizado con profundidad el proyecto y que su partido ha tomado una posición institucional de apoyar una despenalización del aborto en casos de embarazo por violación sexual.

Por su parte, el colectivo “Déjala Decidir” cuestiono a los congresistas que no aprobaron el proyecto de despenalización del aborto.

Las activistas tambiérn rechazaron las declaraciones del congresista Juan Carlos Eguren. Hace poco, este parlamentario afirmó que, en muchos casos, la violación sexual no genera un embarazo.

Esta declaración del congresista Eguren fue ampliamente criticada en el país, por parte de diversas organizaciones sociales.

Romy García Orbegoso, representante del colectivo “Déjala Decidir” dijo que la afirmación que carece de asidero científico.

Las activistas manifestaron que “los congresistas están para legislar y garantizar los derechos de las mujeres y no para emitir expresiones que las vulneran y les faltan el respeto”, resaltaron. (Agencia Púlsar)

Los congresistas peruanos que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, decidieron aprobar, este martes, un cuestionado proyecto de ley sobre Unión Solidaria.

Este proyecto de Unión Solidaria fue presentado por la parlamentaria fujimorista Martha Chávez, de tendencia ultraconservadora, como una alternativa para reemplazar al proyecto de Unión Civil de parejas del mismo sexo.

Los movimientos homosexuales han cuestionado el proyecto de ley de Unión Solidaria debido a que éste solo significa “un acuerdo entre dos personas mayores de edad que hacen vida en común”.

Una de las características de la propuesta de Unión Solidaria es que no otorga un vínculo de parentesco, es decir, no crea un nuevo estado civil.

Por esta razón, los movimientos que defienden los derechos LGTB insisten en apoyar un proyecto de Unión Civil porque éste se refiere a la unión de personas del mismo sexo.

La comunidad LGTB también critica el proyecto de Unión Solidaria porque afirman que dicha propuesta no menciona a dicha comunidad.

Explican que la  Unión Solidaria es un contrato que, incluso, podría ser realizado por hermanos, amigos, personas unidas por vínculo religioso, entre otros.

La congresista Verónika Mendoza, del movimiento Dignidad y Democracia, fue la única que votó en contra del proyecto de Unión Solidaria. Ella insistió en la importancia de defender los derechos de las parejas homosexuales a través del proyecto de Unión Civil. (Agencia Púlsar)

Más de 400 personas marcharon el pasado viernes en Lima para conmemorar los trágicos sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de 2009, en la zona amazónica del Perú.

En aquella oportunidad, se produjo el violento enfrentamiento entre centenares de efectivos policiales y pobladores indígenas, en la zona conocida como la “Curva del diablo”.

Los indígenas protestaban contra varias medidas del gobierno de Alan García. El enfrentamiento provocó la muerte de 33 personas, entre policías e indígenas, así como cientos de personas heridas.

La reciente marcha tuvo como objetivo exigir justicia. También para protestar por que hasta el momento los responsables políticos no han asumido ninguna responsabilidad ante la justicia.

La movilización fue convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y reunió a grupso de indígenas, estudiantes y trabajadores.

El dirigente amazónico Henderson Rengifo Hualinga, de Aidesep, denunció que el Poder Judicial peruano no está juzgando “a los verdaderos responsables políticos, el ex-presidente Alan Garcia y sus ministros, que ordenaron el operativo policial”, expresó.

Señaló que en la actualidad, los únicos procesados son 53 líderes indígenas. “No podemos permitir que sólo se quiera culpar a los pueblos indígenas, mientras que los verdaderos responsables políticos andan libres”, denunció Rengifo.

Por otro lado, los familiares de los policías fallecidos el 5 de junio del 2009 presentaron una denuncia contra el ex presidente Alan García por el delito de homicidio culposo.

También han denunciado judicialmente a las ex ministras del Interior Mercedes Cabanillas, y de Comercio Exterior Mercedes Aráoz. (Agencia Púlsar)

Serias críticas han surgido en diversos sectores políticos del país contra el actual gobierno del presidente Ollanta Humala debido a la escandalosa fuga de Bolivia de su exasesor y empresario Martín Belaúnde Lossio, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Este domingo, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, declaró de manera oficial la fuga de Belaúnde Lossio de la casa donde cumplía detención domiciliaria en dicho país.

Según las autoridades bolivianas, el empresario burló la vigilancia de los agentes policiales bolivianos que resguardaban el lugar. Tampoco descartaron que habría fugado en complicidad con ciertos funcionarios.

En las últimas semanas, el gobierno peruano había recibido críticas por su lentitud en pedir la extradición de Belaúnde Lossio.

Por su parte, el ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, fue cuestionado por los errores cometidos por el Gobierno y que podrían haber facilitado la fuga de Belaunde Lossio.

El ministro aseguró que “no existe ningún país en donde Martín Belaunde Lossio pueda ocultarse. Donde lo haga, será capturado y puesto en custodia”, opinó.

Sin embargo, diversos partidos de oposición advirtieron que la fuga de Belaunde Lossio tendría el respaldo de los mandatarios de Perú, Ollanta Humala, y de Bolivia, Evo Morales.

Otros grupos políticos colocaron carteles irónicos en algunos puentes, relacionando a la primera dama Nadine Heredia y el prófugo empresaria Martín Belaunde Lossio.

En el día de cumpleaños de la primera dama, en el cartel se leía: “Feliz cumpleaños Nadine. Belaunde Libre”,

Estas personas que pertenecen a un grupo político de oposición fueron retiradas por los efectivos policiales.

En medio de esta serie de críticas al actal gobierno se pronunció Salomon Lerner Ghitis, expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Ollanta Humala, que se desligó del gobierno y actualmente lidera el frente de izquierda, Ciudadanos por el Cambio.

Lerner opinó que no solo se debe resolver la manera en que Belaunde Lossio fugó de Bolivia sino también cómo salió del Perú. (Agencia Púlsar)

Las protestas en Arequipa, al sur del Perú, se agudizan y el diálogo entre las partes en conflicto no prospera.

A pesar de ello, este viernes, , en un mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala anunció que el  polémico proyecto minero Tía María no se suspenderá.

El mandatario argumentó que su gobierno no podía suspender el proyecto debido a que esta decisión arbitraria expondría al Estado a demandas legales internacionales.

Dijo que esto podría traer “efectos nefastos” para el Perú. “Una acción como esta, decidida unilateralmente por el Estado, tendría efectos nefastos tanto jurídicos como económicos”, expresó en su mensaje.

Humala explicó que en el caso de los diversos proyectos mineros y extractivos que se desarrollan en el Perú, su Gobierno no defiende intereses individuales o de una empresa en particular.

Por eso señaló que su gobierno solo hace respetar el principio de autoridad y el Estado de derecho.

Una de las primeras reacciones al mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala, fue la de Jorge del Carpio, dirigente del Frente Amplio de Arequipa, quien criticó las declaraciones del mandatario.

Desde hace casi dos meses, los pobladores de diversas provincias de Arequipa están protestando contra el polémico proyecto minero Tía María, denunciando un posible daño al medio ambiente.

En los últimos días, las manifestaciones la realizan no solo los agricultores sino también otros sectores sindicales y estudiantiles.

Mientras tanto, en las últimas horas, y luego del mensaje presidencial, la empresa minera Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre del mundo, se pronunció.

Los anunció este viernes una “pausa” en el desarrollo de su millonario proyecto clave Tía María en Perú para despejar dudas de los opositores al plan en un plazo de 60 días.

Oscar González, presidente de Southern Copper, dijo que han escuchado al presidente Humala y “en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica”, solicitará al Gobierno una “pausa” de 60 días en el desarrollo de su proyecto Tía María en Perú para resolver las dudas pendientes. (Agencia Púlsar)

El conflicto social está aumentando en la región Arequipa, al sur del Perú. Actualmente se está realizando un paro regional de 72 horas contra el proyecto minero Tía María.

Siete policías resultaron heridos en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay.

El paro de 72 horas que realiza la población arequipeña es para apoyar el paro indefinido que desarrolla la provincia Islay desde hace 52 días.

Mientras tanto, diversos especialistas están cuestionando la política del gobierno de Ollanta Humala sobre el tema.

Eduardo Ballón, antropólogo y experto en temas de regiones, manifestó que el Gobierno está cometiendo los mismos errores del pasado.

Crtiticó que se haya ordenado el envío de más militares a la región Arequipa y que se haya abierto procesos judiciales a los dirigentes.

Dijo que el Gobierno no aprendió nada del anterior conflicto generado por el proyecto Conga.

“Junto con el Gobierno, la clase política, el sector empresarial y buena parte de sociedad no hemos aprendido nada”, aseveró Ballón.

Por otra parte, Marco Arana, líder del partido Tierra y Libertad, informó que el cuestionado dirigente del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez fue separado de la lista de militantes de su partido.

Hace unos días se difundió un audio donde presuntamente el mencionado dirigente negocia un soborno a la minera Southern a cambio de levantar las protestas contra el proyecto Tía María. (Agencia Púlsar)

El alcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime de La Cruz, y el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, negaron haber participado en hechos de corrupción y soborno en relación al caso del proyecto minero Tía María.

El alcalde local y el dirigente social fueron mencionados recientemente en un audio publicado por varios medios de comunicación.

En dicho audio se escucha, presuntamente, una negociación entre el dirigente Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, y el abogado Jesús Gómez Urquizo.

La presunta negociación está relacionada a un paro indefinido que realizaba la población en contra del proyecto Tía María de la empresa Southern. Supuestamente, los dirigente recibirían dinero a cambio de acabar con la protesta.

Sin embargo, el alcalde Jaime de La Cruz, y el dirigente Jesús Cornejo, aseguraron que no tienen nada que ver en esta presunta negociación.

Jaime de la Cruz aseveró que no es un delincuente y que no necesita “el dinero cochino de la mina”, expresó.

“Yo no voy a permitir que me difamen, no he pactado con nadie, no me importa que me saquen de la alcaldía, pero la mina no va”, afirmó Jaime de la Cruz. (Agencia Púlsar)

Este miércoles, las protestas se intensificaron en el sur del Perú, en el marco de las protestas que realizan las organizaciones sociales de Islay en Arequipa.

Cuatro policías resultaron heridos luego de una serie de enfrentamientos contra diversos grupos de manifestantes en la ciudad de Mollendo.

Los manifestantes rechazan el polémico proyecto minero Tía María por el temor al daño al medio ambiente de su zona.

Se informó que los policías heridos fueron evacuados a la ciudad de Arequipa debido a la gravedad de sus lesiones. Se trata de los policías Carlos Alberto Vásquez Durand (51), Marco Castro Pancorbo (53), Víctor Gordillo Villaroel (43) y Carlos Carbajal Bustos (42).

Hace unas horas también se produjo la muerte de una persona luego del enfrentamiento entre la Policía Nacional y un sector de la población de Islay.

Se trata de un trabajador de construcción civil, Jenrry Checya Chura (35 años), quien falleció luego de recibir tres disparos por la espalda.

Ante la gravedad de los hechos y la escalada de violencia, la Defensoría del Pueblo del Perú convocó a una reunión de diálogo entre los representantes del Poder Ejecutivo y los alcaldes y dirigentes de la provincia de Islay.

Este miércoles llegaron a la ciudad de Arequipa los ministros de Energía y Minas, Rosa María Ortíz, y de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez Ramos, a fin de dialogar con los dirigentes de la zona.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Rocío Silva Santisteban, cuestionó de algunos sectores policiales. Reveló que varios policías defienden los intereses de las empresas mineras. (Agencia Púlsar)

Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo, en la región Arequipa, al sur del Perú, rechazó una serie de acusaciones sobre una presunta corrupción de su gestión dirigencial.

Gutiérrez negó que su voz aparezca en un audio difundido recientemente por diversas redes sociales.

En dicho audio aparece la voz de una persona que pide una fuerte suma de dinero para poner fin al paro que realiza la población de Arequipa en contra del polémico proyecto minero Tía María.

Algunos representantes pro-mineros señalan que la voz pertenece al dirigente Gutiérrez, sin embargo él lo ha negado.

Como se recuerda, desde hace cerca de 40 días, miles de agricultores del valle del Tambo están realizando un paro regional indefinido en rechazo al proyecto Tía María que pretende implementar el actual Gobierno del presidente Ollanta Humala.

Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo, señaló que el audio recientemente difundido es un montaje.

“La tecnología puede tantas cosas que los montajes se pueden realizar de manera muy fácil”, aseguró el dirigente social

Mientras tanto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia, pidió a la Fiscalía investigar al dirigente .

Según la autoridad judicial, existen indicios de un presunto delito de corrupción de funcionarios. En las últimas horas se difundió un nuevo audio donde la supuesta voz del dirigente Gutierrez asegura que obtendrá una resolución favorable en un proceso judicial. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)