La Cumbre de los Pueblos se desarrolló de manera paralela la VII Cumbre de Las Américas, reuniendo a cientos de personas que participaron en las mesas de trabajo, encuentros, conciertos y foros que se realizaron en las instalaciones de la Universidad de Panamá.

Mientras la cumbre oficial no pudo lograr elaborar una declaración final, la Cumbre de los Pueblos sí presentó una declaración.

En esta realizan una serie de críticas y demandas, por ejemplo, el rechazo a la injerencia de Estados Unidos en el continente, la exigencia de levantar el bloqueo contra Cuba y la derogación del decreto contra Venezuela.

Como se recuerda, el pasado 9 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó un decreto donde declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de su país.

Ante ello, los movimientos sociales que participaron en la Cumbre de los Pueblos declararon que rechazan “el acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégicos contra nuestra Región a través de Bases Militares, y Sitios de Operaciones”, expresa el documento final.

La clausura de la Cumbre de los Pueblos contó con la participación de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Ecuador, Rafael Correa.

En la clausura, el presidente Maduro recordó que le ha tocado “enfrentar todas las formas de desestabilización. A la CIA se le acabaron las páginas del manual”, señaló irónicamente el líder venezolano.

Por su parte, Correa celebró la participación de Cuba la VII Cumbre de Las Américas. “Por primera vez estamos todos. Jamás volveremos a ser el patio trasero de nadie”, destacó el ecuatoriano. (Agencia Púlsar)

Las tensiones diplomáticas que aun protagonizan Venezuela y Estados Unidos podrían acaparar el protagonismo durante la celebración de la VII  Cumbre de las Américas a celebrarse el 10 y 11 de abril en Panamá.

“Será una cumbre histórica, que va a encontrar un continente unido y buscándose a sí mismo”, explicó recientemente Juan Carlos Valera, presidente de Panamá.

El debate central de la Cumbre de las Américas tiene como nombre: “Prosperidad con Equidad: El Desafío de Cooperación en las Américas”.

Además se discutirán temas sobre los ejes de salud, educación, medioambiente, energía, seguridad, migración, gobernabilidad democrática y participación ciudadana.

Por otra parte, también más de 2 mil representantes de movimientos sociales, de los sectores campesinos, obreros e indígenas, asistirán a la Cumbre de los Pueblos.

Esta reunión paralela a la VII edición de la Cumbre de las Américas tendrá lugar desde el jueves 9 de abril en Panamá.

En esta cita hemisférica, la sociedad civil, los jóvenes, los empresarios y los rectores de las mejores universidades del continente tienen previsto reunirse en cuatro foros, de acuerdo con la información oficial.

Por otra parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opinó que las aspiraciones en torno a los logros de la Cumbre de las Américas  deben ser “muy modestas”.

Advirtió de que las decisiones en política exterior de los países de las Américas también dependen de su política interior. Por esta razón, cree que los logros del encuentro hemisférico podrían ser “modestos”.

El propósito de este encuentro, que por primera vez en dos décadas contará con Cuba, es propiciar acercamientos en todos los ámbitos y fortalecer las relaciones entre las naciones del continente en todos los niveles. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Campesinos y campesinas de los distritos de Santa Fé, San Francisco y Calobre de la provincia de Veraguas, Panamá, se movilizaron en rechazo a la hidroeléctrica Cerro Gordo sobre el río Santa María.

Los campesinos y campesinas denunciaron que nunca se les consultó de manera real y amplia sobre las consecuencias para sus vidas, cultura, bienes y patrimonio histórico.

Las organizaciones campesinas afirman que el proyecto hidroeléctrico promovido por la empresa Mifta 52 no trae beneficios. Al contrario, dicho proyecto trae perjuicios y daños irreversibles al ecosistema y cultura productiva agroecológica, señalaron.

Los campesinos manifestaron que sus tierras no están a la venta, ni tampoco los ríos, porque dependen para las actividades sociales, familiares y económicas.

La Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE y miembros de la Red Nacional en Defensa del Agua manifestaron su posición ante el Foro Público para dicha hidroeléctrica.

Los campesinos de Veraguas han denunciado que este tipo de foro es un mero trámite a favor de la empresa energética.

Además, criticaron que el foro no es vinculante dentro de la ley de participación ciudadana, porque sus recomendaciones y quejas jamás se atienden, ni responden.

Las organizaciones campesinas denuncian que, por el contrario, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) utiliza dicho foro para darle el aval a la empresa e ignora las acciones legales.(Radio Temblor)

En el marco de la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá, diversas organizaciones están organizando el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil para el 8, 9 y 10 de abril.

Por esta razón, la Red de Derechos Humanos de Panamá coordina una serie de eventos previos.

El objetivo es expresar sus preocupaciones y recomendaciones en una declaración final que será su aporte en el Foro Hemisférico.

Las actividades previas incluyen un “diálogo nacional de la sociedad civil y actores sociales” con 150 representantes de organizaciones  a nivel nacional.

En el resto de las provincias de Panamá se realizarán diversos foros. Por ejempo, el 21 de marzo en Santiago de Veraguas y el 28 de marzo en David, provincia de Chiriquí.

En esos foros se analizarán temas claves como gobernabilidad democrática, participación ciudadana, salud, educación, migración, seguridad, ambiente y energía.

Según informan los organizadores, las comunidades esperan menos discursos y más respuestas de los gobiernos de América Latina durante la Cumbre de las Américas que se desarrollará los días 10 y 11 de abril  en la ciudad de Panamá.

A esta cumbre oficial asistirán  Jefes de Estados y de Gobiernos latinoamericanos. El tema central de la Cumbre será: “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las Américas”.? (Radio Temblor – Panamá)

Más de 250 indígenas se movilizaron este jueves en la localidad panameña de San Félix, Chiriquí para conmemorar los trágicos hechos del 5 de febrero del 2012.

En aquella fecha se produjo la muerte de los indígenas Jerónimo Rodríguez Tugrí, en la localidad de San Félix, y de Mauricio Méndez, en la localidad de David.

Los familiares de las victimas y heridos aun exigen justicia y castigo para el expresidente Ricardo Martinelli, por ser el responsable de permitir las concesiones mineras en los territorios indígenas.

Las comunidades han aseverado que la lucha del pueblo indígena continuará hasta que se cancele la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. (Radio Temblor)

?El pueblo panameño acudió la tarde del 29 de enero al llamado de las organizaciones sociales, para exigir justicia y un alto a la impunidad ante una serie de hechos de corrupción ocurridos en el país.

En la actualidad,  las Fiscalías Anticorrupción están realizando una serie de investigaciones contra exfuncionarios del gobierno anterior acusados de actos de corrupción.

Los manifestantes partieron de la Iglesia del Carmen en la ciudad de Panamá. Algunas organizaciones portaban pancartas donde pedían cárcel para las personas que robaron dinero al Estado.

Los grupos exigen que la Corte Suprema inicie sin temores ni demora la investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli y otros funcionarios, por los presuntos delitos de peculado, corrupción.

El Pleno de la Corte Suprema pidió al Tribunal Electoral levantarle el fuero electoral que goza el expresidente Martinelli como presidente del partido Cambio Democrático.

En la marcha, las organizaciones también exigieron que no se otorgue casa por cárcel a los que violaron derechos humanos e intervinieron comunicaciones telefónicas, entre otras demandas.

En el caso de las interceptaciones de las comunicaciones la Fiscalía Auxiliar imputó cargos por el supuesto delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, a los exejecutivos del consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, detenidos en la cárcel La Gran Joya.

Las acciones populares continuarán como vigilia a que se haga justicia. (Radio Temblor -Medio Alternativo del Colectivo Voces Ecológicas COVEC – www.radiotemblor.org)

En la actualidad se está viviendo en Panamá un grave conflicto hidro energético.

Uno de los casos más representativos es el de La Quebrada Barriles, ubicada en el la provincia de Chiriquí, distrito de Bugaba, que aún no ha comenzado la fase de construcción.

Se trata de una concesión dada a un proyecto mini hidroeléctrico llamado “Hidroeléctrica Barriles”, la cual pertenece al empresario Guillermo De Roux, perteneciente a una de las familias de mayor poder económico en Panamá.

Sin embargo, en territorios aledaños a dicha concesión viven varias comunidades que se han opuesto rotundamente a dicho proyecto.

Las comunidades afirman que allí se encuentra la única fuente de abastecimiento de agua para la comunidad de Caisán.

Esta situación está preocupando a las Juntas Administrativas de Agua pues afecta la seguridad hídrica de la zona.

De igual manera, sería afectado el Sitio Arqueológico Barriles, que corre el peligro de desaparecer

Luego de repetidas quejas de la comunidad a las diferentes entidades encargadas de evaluar este tipo de proyectos, (Anam, Inac, Minsa, Asep) no se había obtenido respuesta hasta ahora.

Luego de la insistencia de la comunidad por preservar un sitio arqueológico importante, el INAC (Instituto Nacional de Cultura) realizó una inspección al sitio.

El resultado del informe de la INAC declara el proyecto “hidroeléctrica Barriles” como NO VIABLE.

El INAC califica al sitio como un bien de alto valor arqueológico.

Mientras tanto, las comunidades esperan que la Autoridad Nacional del Ambiente, tome en cuenta las recomendaciones dadas para que este proyecto no se realice.

Insisten también en que se declare una moratoria a más proyectos hidroeléctricos en el país y evitar más conflictos de los que ya existen. (Radio Temblor)

Los indígenas de la Comarca Ngäbé Büglé en Panamá, rechazan el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasará.

Las organizaciones indígenas han dado un utimátum al Gobierno Nacional, de lo contrario se movilizarán para realizar cierres simultáneos de calles en todo el país.

El Movimiento 10 de abril (M10) argumenta que el proyecto Barro Blanco perjudicará a más de 2 mil familias que residen en las áreas anexas de la Comarca Ngäbe Buglé conocidas como Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada de Caña.

También advierten que los moradores de las áreas anexas quedarán sin hogar y sin un sustento para vivir, ya que se dedican a la pesca y la agricultura de subsistencia.

El gobierno panameño ha designado un comité de alto nivel liderado por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado para tratar el tema referente al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

Este comité estará integrado por el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera; el de Gobierno, Milton Henríquez; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles; y de la Autoridad Nacional de Ambiente, Mirei Endara.

“La próxima semana este comité se trasladará a la comarca Ngäbe Buglé para conversar con las diferentes partes”, destaca un comunicado gubernamental

El pueblo indígena Ngäbé le está solicitando al presidente de Panamá, Juan Carlos Varelala, la cancelación definitiva del proyecto Barro Blanco. Los indigenas manifiestan que deben dejarlos vivir en las tierras que han heredado por generaciones. (Radio Temblor)

El gobierno colombiano excluyó a Panamá de su lista de “paraísos fiscales”. El objetivo es dar un tiempo para que se llegue a un acuerdo sobre  el intercambio de información tributaria, anunció el presidente colomiano Juan Manuel Santos.

Los dos países llegaron a un acuerdo tras la firma de un memorándum de entendimiento sobre el intercambio de información tributaria.

El pasado 7 de octubre, Colombia incluyó a Panamá en una lista de 41 países o territorios considerados “paraísos fiscales”. Esto sucedió luego de que Panamá no firmó a tiempo un acuerdo de intercambio de información fiscal.

Esa decisión generó una fuerte reacción del gobierno panameño, que amenazó con tomar medidas de represalia contra Colombia sino revisaba esa sanción.

“Creo que eso es una buena noticia para todos. Y reiteramos que lo que hicimos en nada tiene que ver Panamá como país, porque Panamá es un país amigo, con el cual tenemos una relación muy especial”, agregó Santos.

En la negociación participaron la Cancillería colombiana, el Ministerio de Hacienda, la Dian, la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos y la Cancillería panameña.

Según afirmó la canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, gracias a “los acercamientos” diplomáticos de los últimos días entre ambos países, se logró retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales.

 “El buen relacionamiento es el único horizonte que tenemos”, agregó la Canciller.

Comentó que el acuerdo es una prueba de que “el diálogo es el camino que tienen dos países hermanos que comparten tantas realidades”. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Recientemente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, dio un fallo que declaró la legalidad del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico “Barro Blanco” en Tolé, Chiriquí.

Este fallo provocó el rotundo rechazo de los residentes de la comunidad de Ngäbe Buglé, debido a los riesgos de construir la hidroeléctrica Barro Blanco en pleno territorio de la comunidad. 

Esta hidroeléctrica afectaría a cientos de familias. Además, dejaría bajo el agua a sitios de importancia cultural e histórica de estos pueblos.

La comarca Ngäbe-Buglé es un territorio indígena en Panamá, que posee una gran riqueza de recursos naturales, entre ellos la segunda reserva de cobre más grande del mundo.

Ellos mantienen una lucha de más de una década contra la construcción de una hidroeléctrica que inundará parte de sus tierras. 

A pesar de que la propia Organización de las Naciones Unidas respaldó a las comunidades, las pruebas no fueron suficientes para la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que decidió favorecer al proyecto hidroeléctrico.

Liborio Ábrego, representante del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, criticó la falta de atención del gobierno con los pueblos indígenas. También cuestionó que los indígenas no han sido consultados en temas como el proyecto de Barro Blanco.

Omaira Silvera, gobernadora de la comarca Ngäbe Buglé, manifestó también su desacuerdo con este proyecto.

‘Es injusto que se venda el agua de los ríos y no se provea de un sistema de agua potable que beneficie a la población de la comarca’, acotó Silvera. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)