Periodistas, productores radiales y defensoras de Derechos Humanos participaron en el taller de producción radial con enfoque de género, derechos humanos y democracia organizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), de Nicaragua.

El taller se realizó en la Fundación María Cavallieri, de Matagalpa (Nicaragua), del 26 al 28 de noviembre con 20 participantes.

Ellos representaron a Radio Ecológica, Radio Mulukukù, Radio Uraccan Bluefields, Radio Camoapa, Radio Vos, Radio La Nandaimeña, Programa radial Onda Local, Radio Dignidad y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones de Matagalpa.

Todas las organizaciones compartieron y aprendieron sobre la producción radiofónica realizando charlas narradas y radioclips.

Argentina Olivas, directora de Radio Vos y representante de Amarc Nicaragua explicó varios de los objetivos del encuentro.

Por ejemplo, conocer y practicar sobre técnicas radiofónica aplicadas a temas relacionados con democracia, derechos humanos y enfoque de género.

“En el taller se generaron opiniones y reflexiones desde un sentido crítico lo que dio pie a mostrar elementos para el abordaje de las temáticas y su impacto en la calidad de la vida de la ciudadanía nicaragüense”, indicó la  representante de Amarc.

Explicó que luego dichos temas fueron plasmados en formatos radiofónicos como las charlas narradas y los radioclips”, comenta Olivas.

El taller se realizó en el marco del proyecto regional “La Comunicación, Derecho Humano que fortalece la Democracia en Centroamérica” ejecutado por la Fundación Comunicándonos de El Salvador y Amarc Nicaragua, con el apoyo de Icco Cooperación y el Reino de los Países Bajos. (Wendy Quintero Chávez – Amarc Nicaragua)

Luis Guillermo Solís invitará a los mandatarios de la región a su investidura el próximo 8 de mayo.

Solís recorre este martes Centroamérica y República Dominicana para presentarse ante los presidentes vecinos.

Sin embargo, el nuevo Presidente evitó visitar Nicaragua, en el marco de tensas relaciones por disputas territoriales.

Ambos países tienen presentaciones en la Corte Internacional de Justicia sobre límites soberanos en el Caribe y las costas del océano Pacífico.

Este mismo año Costa Rica presentó una demanda contra su vecino para fijar los límites marítimos entre ambos países.

En 2014, Costa Rica presentó otra demanda en la CIJ en contra de Nicaragua con el fin de que los jueces fijen los límites marítimos entre ambos países.

Luis Guillermo Solís define por estos días los nombramientos pendientes en su gabinete y en instituciones estatales. Hasta el momento, el profesor universitario armó un equipo de trabajo que combina técnicos, académicos y empresarios.

Solís fue electo presidente de Costa Rica el pasado 6 de abril en la segunda vuelta frente al oficialista Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional. Al frente del Partido Acción Ciudadana, Solís alcanzó 78 % de los votos.(PÚLSAR)

El movimiento de radios comunitarias de ese país presentó una propuesta para regular a esos medios.

Son 20 artículos agrupados en seis capítulos que pretenden establecer una regulación especial para las radios, televisoras y medios alternativos, cuyo enfoque de servicio está orientado a favor de la comunidad. Se trata de una iniciativa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en ese país.

En Nicaragua no existe una ley que regule de manera particular a las radios comunitarias, y menos a los medios de comunicación comunitarios. Así lo explicó Juan Carlos Duarte Sequeira, director de Radio Camoapa.

El referente de Legislación de Amarc Nicaragua agregó que sólo se cuenta con una ley general de telecomunicaciones, donde se aborda de forma imprecisa el tema y no se reconoce ninguna clasificación para los medios comunitarios.

“A diferencia de los medios comerciales, los que tienen un carácter comunitario responden a principios que garantizan los derechos de la ciudadanía, impulsan el desarrollo local y promueven la democratización de la palabra”, puntualizó Duart.

“Los medios comunitarios manejan un concepto más democrático sobre el derecho a la comunicación y una mayor responsabilidad sobre la libertad de expresión”, concluyó el radialista.

Estuvieron presentes miembros de Radio Vos, Radio Ecológica, Radio Universidad, Radio Dignidad, Radio Chavala, Radio Camoapa, Simas y Puntos de Encuentro. A ellos se unieron a representantes de diversos organismos de la sociedad civil vinculados en la defensa de los derechos humanos.
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El documento fue elaborado por un equipo técnico de personas que dirigen, trabajan y son aliados en el movimiento de radios comunitarias de Nicaragua. Para esta actividad se contó con la colaboración de Evelyn Flores, abogada y miembro de Puntos de encuentro, quien realizó comentarios a la propuesta y Oscar Pérez, representante de Amarc Centroamérica.(PÚLSAR)

Por Wendi Quintero (desde Managua)

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, llamó al diálogo a los involucrados en el conflicto.

El episodio ocurrió en Chichigalpa, a 2 horas de Managua, donde un ex trabajador de un ingenio azucarero perdió la vida como consecuencia de la acción policial.

Fue cuando un grupo de ex trabajadores protestaban en la entrada del ingenio San Antonio. Al ser desalojados por la policía se produjo el enfrentamiento que dejó un muerto, un adolescente herido y varios lesionados.

Los ex trabajadores reclamaban a los propietarios del ingenio una indemnización por los daños a su salud ocasionados, según ellos, por haber trabajado en esta fábrica de azúcar.

El vocero de la policía, Fernando Borge, dijo que 7 oficiales están retirados temporalmente de sus funciones y son investigados por el incidente.

Al respecto, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, pidió que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables de la muerte del ex trabajador.

La entidad también exigió al Estado dar respuesta a las demandas de los ex trabajadores y buscar el acercamiento con los empresarios.

El vice-ministro de Gobernación, Carlos Najas, le pidió a los ex trabajadores una tregua de 10 días para buscar un diálogo con los propietarios del ingenio azucarero.

Mientras, la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica, Carmen Ríos, dijo que desde 1990 a la fecha han muerto 7 mil 998 personas por esta enfermedad, ocasionada por ingerir agua contaminada por los pesticidas utilizados en los cañaverales.

Sobre este hecho reciente, el grupo empresarial no se ha pronunciado. Sin embargo, en ocasiones anteriores han dicho que no se pueden responsabilizar por estos enfermos por no estar comprobados científicamente los daños.

La dirigente de la entidad que reúne a unos 15 mil ex trabajadores sostiene lo contrario y llamó a un diálogo inmediato con la empresa.(PÚLSAR)

Por Nelson Rodríguez (desde Nicaragua)

La Unidad del Adulto Mayor exigió al Gobierno nicaragüense una pensión equivalente al salario mínimo obrero.

Fue durante una manifestación en Managua, donde pidieron recibir una pensión de 3 mil córdobas, equivalentes a 120 dólares mensuales.

La Unidad del Adulto Mayor está integrada por 25 mil adultos mayores a nivel nacional, quienes no lograron las 750 cotizaciones que exige la ley del seguro social, y el bono del gobierno solo cubre a los que cotizaron al menos 250 cuotas.

Porfirio García, dirigente de la entidad, dijo que casi la mitad de los afiliados a nivel nacional solo recibe mil 200 córdobas, equivalentes a unos 45 dólares mensuales.

Para los miembros de esta asociación de adultos mayores, la suma es insuficiente para solventar los gastos en sus viviendas. La canasta básica con 53 productos para una familia promedio de 5 personas oscila entre las 9 y 12 mil córdobas.

La demanda de estos adultos mayores no es bien vista por las principales organizaciones sindicales como la oficialista Central Sandinista de Trabajadores y el Consejo Superior de la Empresa Privada.
Estas entidades consideran que no hay suficientes recursos en las finanzas del Instituto nicaragüense de Seguro Social.

Recientemente el Gobierno de Nicaragua anunció que este año comenzará a pagar en cuotas la deuda que tiene con esta entidad, que oscila entre unos 600 millones de dólares.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre esta nueva demanda de los adultos mayores organizados.(PÚLSAR)

Por Nelson Rodríguez (desde Nicaragua)

El Parlamento nicaragüense aprobó con 64 votos del oficialismo las reformas parciales a la Constitución de Nicaragua.

Se destaca la reelección presidencial indefinida, la elección de militares en cargos públicos y la ampliación del mapa del país.

Con ello se incorporaron los 90 mil kilómetros cuadrados de plataforma marina en el Caribe, espacio cedido por la Corte Internacional de Justicia en el conflicto limítrofe con Colombia.

Los 26 votos en contra fueron de igual número de diputados opositores, en su mayoría del Partido Liberal Independiente y la bancada democrática, quienes en pleno acto abandonaron el plenario como muestra de rechazo.

Las reformas a la Constitución son promovidas por el partido Frente Sandinista, encabezado por el presidente Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder por tercera vez.

En la última elección participó con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que la Constitución prohibía la reelección consecutiva.

La diputada sandinista Alba Palacios, indicó que estas reformas fueron consultadas con diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país y en los cuales la mayoría manifestó su respaldo.

Sin embargo, el movimiento empresarial, integrado por el Consejo Superior de la Empresa Privad (COSEP), públicamente manifestó su rechazo a estas reformas.

El Movimiento Político Unidad por la República (MUPR) también se pronunció en contra de estas reformas al considerar que se le da poder casi absoluto al presidente de la República, Daniel Ortega.

Azalia Solís, del MUPR, dijo que estas reformas son un retroceso a la vida democrática del país y aunque hayan sido aprobadas por la mayoría sandinista en el Congreso, carecen de legitimidad.

Igualmente el partido político Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) mediante un comunicado rechazó la aprobación de estas reformas al considerarlas ilegítimas en su origen, procedimientos y objetivos. (PÚLSAR)

Nelson Rodríguez – Nicaragua

Este jueves salió de Nicaragua la caravana de madres en búsqueda de sus hijos.

Se unirá el sábado en Guatemala a la caravana centroamericana de madres que buscan a sus hijas e hijos migrantes no localizados en su ruta hacia los Estados Unidos.

En esta ocasión, durante 22 días recorrerán la ruta migratoria del Pacífico hasta llegar a la Ciudad de México.

Julia Márquez, originaria de Chinandega, al occidente de Managua,  va en busca de su hija María Gisel González Márquez, quién salió de la ciudad nicaragüense hace 13  años con destino a los Estados Unidos en su ruta por México.

En esta caravana también viaja María Jesús Silva, quien tuvo que renunciar a su trabajo en Costa Rica y se regresó a Nicaragua para poder ser incluida en el viaje, con la esperanza de encontrar a su hija de la cual no tiene información desde hace 9 años.

El Servicio Jesuita para Migrantes, en su oficina de Chinandega, ha documentado 191 casos de madres y padres de familia que llegan a solicitar apoyo para localizar a sus hijas e hijos no localizados en el extranjero.

De estas, 32 son mujeres migrantes sin localizar, explicó Dámaris Murillo, coordinadora del proyecto Migrantes Chinandeganos: Promoción y Defensa de sus Derechos Humanos, del Servicio Jesuita para Migrantes.

La mayoría de estos casos son migrantes nicaragüenses que salieron hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y de los cuales se desconoce su paradero o se ha perdido comunicación en su ruta.

Para Murillo, el Estado nicaragüense y las autoridades locales deberían cumplir el rol de proteger a los ciudadanos migrantes e implementar políticas de atención hacia las familias de los migrantes.

Una de las principales demandas al Estado nicaragüense es que se apruebe la Ley de Protección a los Migrantes que beneficie tanto a los que salen como a los que regresan.

Además, que los distintos consulados en el exterior  mejoren su atención a los ciudadanos nicaragüenses que radican en el extranjero. (PÚLSAR)

Nelson Rodríguez – Nicaragua

Los 18 mexicanos que guardan prisión en Nicaragua desde el año pasado por el caso Televisa, serán trasladados a México a cumplir la  condena en su país, informó la presidenta del Poder Judicial nicaragüense, Alba Luz Ramos.

“Nicaragua tiene tratados bilaterales con México en esta materia, lo que permitirá que se realice  la entrega de los reos a las autoridades mexicanas en los próximos días”, señaló la funcionaria judicial.

Según la máxima autoridad judicial nicaragüense, desde la semana pasada se encuentra en Nicaragua una delegación de la Procuraduría General de la República de México afinando detalles para el traslado de los reos.

El traslado fue una petición de los mismos condenados, quienes le habían manifestado a las autoridades judiciales nicaragüenses que preferían cumplir la condena en su país para estar cerca de sus familiares.

Al respecto, las autoridades nicaragüenses también notificaron al embajador de México en Nicaragua, Juan  Rodrigo Labardini, desde el viernes pasado.

Los 18 mexicanos que estaban bajo el mando de Raquel Alatorre fueron condenados a 30 años de prisión por lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de droga.

Sin embargo, en octubre pasado un tribunal de Managua les redujo la condena a 18 años  de prisión.

Por la parte acusadora, la fiscal adjunta Ana Julia Guido, dijo que en este caso no quieren ser un obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos de los Estados de trasladar a los reos, por lo que lo importante en este caso fue demostrar que se cometieron los delitos y que se determinó  la culpabilidad. (PÚLSAR)

Nelson Rodríguez – Nicaragua

La Policía nacional y el Ejército fueron las primeras instituciones llamadas para las consultas  para conocer las opiniones sobre el proyecto de reformas constitucionales que envío el presidente Daniel Ortega.

Dichas consultas fueron iniciadas por una comisión especial del Parlamento.

Por el Ejército compareció una delegación a cargo del jefe de Inteligencia Militar, Leonel Gutiérrez, mientras que por la Policía nacional declaró el Inspector General Juan Gradiz.

Ambos se limitaron a decir a los medios de comunicación  que apoyaban la propuesta de reformas constitucionales.

Esta establece la modificación de 39 artículos en diferentes temas que el gobierno defiende,  argumentando que se trata de modernizar y mejorar la democracia en el país.

Parte de la reforma establece que los militares activos y en retiro puedan ocupar cargos dentro de cualquier institución del Estado.

La diputada Alba Palacios, del partido gobernante Frente Sandinista y que encabeza la Comisión Especial parlamentaria para conocer las reformas, dijo que la comparecencia de los militares y de la Policía fue para conocer sus puntos vista sobre estas reformas y el modelo comunitario que ejecuta la Policía nacional.

Los partidos opositores, que son minoría en el Parlamento, se pronunciaron en contra de estas reformas porque consideran que busca dar el poder absoluto al Ejecutivo que preside Daniel Ortega y que establecería la reelección indefinida.

El diputado opositor Elíseo Núñez, de la Bancada Democrática Nicaragüense, indicó que con estas reformas se está dando vía libre para instaurar una dictadura en Nicaragua.

Mientras que el Movimiento de Renovación Sandinista, opositor al gobierno, mediante un comunicado se opuso a estas reformas, ya que afirman “se estaría legitimando el sistema dictatorial de la familia Ortega-Murillo”.

Para el profesor universitario de  Derecho Constitucional, Ramón Rodríguez, es lamentable que estas reformas se presenten al final del año cuando hay poco tiempo para debatir y en momentos en que la población se esté preparando para las fiestas de fin de año. (PÚLSAR)

Nelson Rodríguez 

Durante la celebración del 34 aniversario del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, la semana pasada, el presidente Daniel Ortega llamó a mantener la paz y la reconciliación entre los nicaragüenses y acusó a algunos sectores de promover el odio.

El mandatario, en tono enfático, manifestó que “Nicaragua ya no quiere sembradores de cizaña, sino personas que trabajen por la reconciliación y paz”.

Según el gobernante, es la “única forma de mostrarle nuestro amor al pueblo nicaragüense”.

De acuerdo con Daniel Ortega, aunque el país vive en paz desde 1990, existen algunos sectores que “añoran ese pasado de muerte”, en referencia a  la guerra civil que se desarrolló durante el primer mandato sandinista entre 1979 y 2000.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de conocerse de  enfrentamientos entre el Ejército de Nicaragua y grupos armados en los departamentos de zona norte del país.

En el más reciente combate un civil pereció y dos se encuentran detenidos y aunque la policía dijo que se trataba de una banda delincuencial, algunos líderes opositores locales habían informado de la supuesta presencia de grupos rearmados con fines políticos. (PÚLSAR)

Nelson Rodríguez – Nicaragua