Mujeres indígenas representantes de 20 países americanos reclamaron un mayor acceso a la Justicia para poder defenderse de la violencia como la trata de personas y los abusos sexuales.

Durante una reunión internacional en Lima, las lideresas indígenas de Perú, Colombia, Panamá y Canadá coincidieron en señalar que la carencia de políticas públicas contra la violencia es el mayor obstáculo para la igualdad.

En el acto participó Alejandra Valdés quien es coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“El 38% de las indígenas de Perú y Ecuador ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, según un estudio presentado en noviembre pasado”, destacó Valdés.

“Es una gran preocupación para nosotros como pueblos indígenas que no respeten nuestras lenguas, nuestra cultura, incluso muchos te ignoran”, manifestó Lucinda Salvatierra, dirigente indígena.

La reunión denominada “Mujeres Indígenas y Beijing+20”, se celebró en Lima el 03 y 04 de este mes y sirvió para evaluar los avances en materia de igualdad.

Entre los temas que se abordaron destacan el acceso de las mujeres indígenas a la salud y a la educación, la discriminación y la violencia sexual, además de la reducción de la pobreza.

Marcela Huayta, ministra de la mujer en Perú, quién presidió la inauguración, destacó los avances en materia de igualdad.

“Es momento que la voz clara y directa del movimiento indígena contribuye a la agenda de la igualdad”, manifestó la ministra.

Los resultados del encuentro en Lima se trasladarán al quincuagésimo noveno período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que se celebrará del 9 al 20 de marzo en Nueva York. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Como una forma de mostrar las variadas formas de maltrato y violencia contra las mujeres, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile presentó la campaña “Esto es violencia”.

Según estadísticas correspondientes al 2013, más de 2 millones de mujeres declaran haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también tiene un estudio donde se señalan otros tipos de violencia distintos al feminicidio. Es decir, tipos de violencia no física directa contra la mujer.

“Las mujeres se suicidan esperando que alguien haga algo por su problema de violencia. El 16% de personas que se suicidaron en los últimos años, habían iniciado una causa por violencia intrafamiliar”, explicó Lorena Astudillo, una de las autoras del estudio.

Para la ministra del SERNAM, Claudia Pascual, esta situación es insostenible y debe cambiar.

“Queremos hacer un cambio cultural, cuya base sea el respeto y la igualdad de los géneros” expresó la autoridad.

La ministra explicó que miles de chilenas sufren en la actualidad debido al control de sus vidas que realizan sus parejas.

“Eso es entender mal el cariño y el afecto que se pueden tener en una relación. Controlar no es amar, es violencia”, sentenció la ministra.

En la campaña social se podrán ver frases como “me revisa el celular”, “me dice qué ponerme” o “me pide la mitad del sueldo”, que resumen las diversas formas de control y violencia hacia las mujeres.

La campaña busca hacer visible otras formas de control tales como: la exigencia de las claves de correo y redes sociales, revisar el teléfono o el computador, documentación personal, impedir la relación de la mujer con sus amigas o familia, el control de la apariencia física. (César Joao Espinoza- Agencia Púlsar)

La ONU expresó su “preocupación y consternación” por los casos de feminicidio que se registran en Bolivia.

En lo que va de año, al menos 59 mujeres fueron asesinadas en dicho país, según indicó Mary Marca, jefa del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem).

Esta grave cifra convierte a Bolivia en el país latinoamericano con más alto índice de violencia física contra las mujeres.

Mediante un comunicado, la ONU señala la necesidad inmediata de establecer mecanismos que garanticen y protejan los derechos de las mujeres.

Además insta al Gobierno boliviano a priorizar la ley aprobada en el 2013 que garantiza a la mujer una vida libre de violencia.

Pero la indignación no es solo de la ONU. En los últimos días, cientos de personas salieron a las calles, en la ciudad de Santa Cruz, para protestar por la inseguridad ciudadana y la violencia hacia las mujeres.

Esta movilización se produjo tras el asesinato de una joven exmodelo que murió acuchillada y violada.

De igual manera, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) pidió al Gobierno de Evo Morales declarar “alerta nacional” por los asesinatos de mujeres.

La presidente de la entidad, Yolanda Herrera, pidió a los órganos del Estado poner en funcionamiento las normas que resguardan los derechos de las mujeres.

“Demandamos que el Gobierno genere una campaña intensa en todo el país para concientizar sobre de los derechos de las mujeres y la prevención de los crímenes”, planteó.

La respuesta del Gobierno y el Congreso no se ha hecho esperar. El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, anunció que presentará un proyecto de ley para endurecer con penas colaterales la estadía de los reos en las cárceles.

“Con trabajos forzados durante 30 años para que puedan resarcirse con la sociedad”, anunció. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, reveló estas dramáticas cifras que evidencian la necesidad de que las autoridades peruanas sigan enfrentando los graves casos de violencia contra la mujer.

Desde hace unos días, la sociedad peruana quedó estremecida por el asesinato de Elena Aponte Córdova, a manos de su expareja, cuando ella se encontraba en un hospital.

Meléndez llamó la atención sobre la falta de políticas de prevención para evitar los casos de feminicidio.

“¿Qué se está haciendo en el sistema de justicia previamente al hecho del feminicidio? El caso de Elena Aponte, así como otros muchos casos, abordan situaciones en que las mujeres ya habían denunciado a su posterior asesino”, aseveró la activista de la organización feminista.

Ante ello, pidió que la autoridades evalúen el actual el rol del Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones públicas, frente al aumento de los casos de feminicidio que ocurren en el Perú.

“En lo que va del año 2013 se han registrado 62 feminicidios, y solo en el mes de agosto, otros 5 casos”, reveló Meléndez.

El Ministerio Publico señaló recientemente que en los últimos cuatro años se han registrado 482 feminicidios. En la mayoría de casos, las mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o ex pareja sentimental.

60% de las víctimas de feminicidio tienen entre 18 y 34 años. Los métodos homicidas más utilizados son el estrangulamiento, el acuchillamiento, los golpes y las heridas por arma de fuego. (PULSAR)

El incremento de la violencia de género en el país andino ha llamado la preocupación de las instituciones del gobierno ecuatoriano que desarrolla esfuerzos para erradicar el feminicidio y la violencia contra las mujeres ecuatorianas.

La directora de Género del Ministerio del Interior, Emma Ortega, señaló que se necesita tipificar legalmente el delito del feminicidio en las leyes ecuatorianas. Manifestó que, en la actualidad, este tipo de casos contras las mujeres son procesados y sentenciados como un asesinato u homicidio común y no como feminicidio. Explicó que esta situación provoca que la impunidad se incremente de manera considerable.

Por esta razón, el gobierno ecuatoriano está implementando el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, donde se coordinan acciones con diversos ministerios del país.

El reciente crimen contra la joven modelo Karina del Pozo ha desencadenado el rechazo de la población ecuatoriana que ha realizado marchas en las calles para exigir justicia y denunciar otros casos de violencia contra las mujeres.

Emma Ortega, directora de Género del Ministerio del Interior, advirtió que en la actualidad la mayoría de mujeres ecuatorianas no quieren denunciar este tipo de violencia por el temor de sufrir las represalias de sus parejas.

“Las mujeres saben que si denuncian pueden haber más episodios de violencia. Si denuncia, el hombre puede dejarle desprotegida en la alimentación de sus hijos”, alertó la funcionaria que destacó la necesidad de brindar protección a las mujeres maltratadas para que denuncien este tipo de casos de violencia de género. (PULSAR)

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, anunció que el Parlamento boliviano aprobará muy pronto una ley para castigar fuertemente la violencia contra la mujer.

Esta nueva norma llamada “Ley Integral de Protección a la Mujer” tiene la finalidad de reducir los altos índices de violencia y crímenes en contra de las mujeres. La ley establecerá una sanción de 30 años de cárcel, y sin derecho a indulto, a los asesinos de mujeres.

En las últimas horas, la población de Bolivia ha quedado consternada por el brutal asesinato de la periodista Hanali Huaycho, en manos de su esposo, el oficial de policía Jorge Clavijo. La periodista fue apuñalada 20 veces por su esposo, que también hirió de muerte a la madre de la periodista, para luego darse a la fuga.

Se informó que el presidente boliviano Evo Morales está decidido a no dejar este caso en la impunidad. Morales ordenó un cierre inmediato de las fronteras para impedir la fuga del asesino.  También pidió al Congreso la rápida aprobación de la “Ley Integral de Protección a la Mujer”.

El vicepresidente boliviano García Linera recalcó que la ley incorporará la figura del feminicidio, mediante la cual se castigará con 30 años de cárcel a toda persona que acabe con la vida de una mujer. Además, la ley contempla una sanción de cuatro a ocho años de cárcel para aquella persona que golpee o cometa cualquier forma de violencia contra la mujer.

INSERTO

El reciente asesinato de la periodista Hanalí Huaycho está siendo considerado por muchos sectores bolivianos, como el motivo para emprender una cruzada nacional contra la violencia a la mujer. El miércoles en la tarde se realizó una marcha de protesta en la ciudad de La Paz, por el asesinato de la periodista. En la marcha participaron varias ministras del gobierno boliviano quienes también exigieron al Congreso la rápida aprobación de la “Ley Integral de Protección a la Mujer”. (PULSAR)