Los profesores mexicanos organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron, este miércoles, una protesta en diferentes regiones del país.

El objetivo de la paralización de labores fue protestar contra la reforma educativa promovida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los docentes también están demandando la cancelación definitiva de las evaluaciones a las que están siendo sometidos.

En las últimas semanas, los profesores han denunciado, además, que están enfrentando graves problemas para desarrollar sus clases debido a las pésimas condiciones de infraestructura y los bajos salarios.

Enrique Enríquez, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México, informó que de 12 mil profesores del Distrito Federal participaron en la marcha del miércoles.

Sin embargo, en algunas zonas la protesta no fue abrumadora. Por ejemplo, se informó que en el Estado de Morelos, sólo el 30 por ciento de las mil 900 escuelas del nivel básico participaron en el paro de labores.

El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos señaló que el 70 por ciento de las instituciones educativas sí realizaron clases. (Agencia Púlsar)

Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, e integrantes de organizaciones civiles iniciaron marchas en diversas ciudades mexicanas con el propósito de conmemorar ocho meses de la ausencia de los normalistas.

Por ejemplo, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que marcharon para apoyar a los padres de los normalistas.

Durante las movilizaciones, los manifestantes exigieron la presentación con vida de los estudiantes. Cada movilización fue encabeza por un grupo de padres de familia.

Se informó que cada una de las marchas tuvo su propio operativo de seguridad para evitar la infiltración de grupos de personas que podían haber cometido actos de provocación.

Asimismo, familiares de los estudiantes exigieron ante la embajada de México en Buenos Aires que recuperen con vida a los jóvenes desaparecidos.

“Estamos aquí para exigir la presentación con vida de nuestros hijos porque que fue el gobierno quien se llevó a nuestros hijos”, sostuvo Hilda Legideño Vargas, madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño.

Los familiares de las víctimas y ONG internacionales como Human Rights Watch recordaron que las pruebas científicas realizadas sobre el caso solo han podido determinar la muerte de uno de los jóvenes.

El hecho está siendo investigado en la actualidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Este domingo, en el marco de las celebraciones por el “Día de la Madre”, cientos de madres de miles de desaparecidos mexicanos marcharon en la capital del país.

Las madres afirman que no pueden celebrar este día, por eso marcharon reclamando a las autoridades por justicia y la recuperación de sus hijos.

Los familiares de desaparecidos exigieron al Gobierno de Enrique Peña Nieto que ya no dificulte las investigaciones sobre las personas desaparecidas en México.

En una conferencia de prensa a las afueras de la Procuraduría General de la República (PGR), siete madres demandaron que se siga con las investigaciones para ubicar los restos de sus hijos.

María Herrera perdió hace seis años a dos de sus hijos.  “Yo perdí a dos de mis hijos en Guerrero. Se dedicaban a las minas de oro y de ahí fue que me los secuestraron y desaparecieron, se pagó una parte del secuestro y nunca supimos nada”, denunció.

La marcha de las madres fue encabezada por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Precisamente, este lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignados para el caso Ayotzinapa, presentaron un tercer informe  sobre el caso.

En este informe, el Grupo expresa su preocupación por la existencia de quejas contra las autoridades por procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso. (Agencia Púlsar)

Este domingo se cumplieron siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hecho ocurrido el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, estado Guerrero, al sur del país.

Melitón Ortega, representante de los familiares de los estudiantes, afirmó que no descansarán hasta encontrar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de los 43 jóvenes,

Ortega aseveró que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto también tiene responsabilidad del crimen.

El representante de los familiares señaló que a siete meses todavía siguen exigiendo que se investigue a efectivos del Ejército por su posible participación en los hechos.

“La línea que exigimos es esa, que investiguen al Ejército y tope donde tenga que topar y que si ellos tuvieron participación, eso a nosotros nos consta, entonces nosotros pedimos saber si participaron en el acto violento”, resaltó Ortega.

También pidió investigar al exgobernador, Ángel Aguirre por su posible intervención en este caso.

Este domingo, como parte de las actividades para conmemorar la trágica desaparición de los 43 de Ayotzinapa,  un grupo de activistas en derechos humanos colocaron un “antimonumento” en honor a los estudiantes.

 La escultura tiene el signo más con el número 43 hecho de metal, y está ubicada en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.

Padres de los estudiantes desaparecidos, integrantes de organizaciones sociales, y estudiantiles participaron en un mitin, donde se organizaron brigadas para vigilar que el “anti-monumento” no sea retirado. (Agencia Púlsar)

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaron en México una investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, Guerrero.

El español Carlos Martín Beristain, uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), precisó que la delegación fue creada para atender “las demandas de los familiares y su reclamo por saber de sus hijos”.

“No venimos con un diagnóstico preestablecido y por eso en nuestra primera visita nos estamos reuniendo con autoridades, padres de familia, estudiantes y organizaciones civiles”, aseguró Beristain.

El GIEI fue creado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado, la CIDH y las familias y sus representantes.

El acuerdo establece que el mandato del Grupo se enfocará en analizar tres ejes principales: La búsqueda con vida, la investigación penal y la atención brindada a las víctimas.

Por su parte, diversas organizaciones civiles detallaron en un comunicado que durante el encuentro con el GIEI, los familiares de los desaparecidos expresaron “su absoluta confianza” en el grupo interdisciplinario.

Asimismo, los activistas pidieron a las autoridades mexicanas garantizar las condiciones para que los expertos puedan realizar sus investigaciones. Al finalizar, emitirán sus recomendaciones sobre la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas en México.

El grupo está conformado por Beristain, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox Vial, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el colombiano Alejandro Valencia Villa. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

El Comité contra la Desaparición Forzada difundió un informe con sus principales conclusiones sobre el examen que realizó a México sobre el problema de las desapariciones.

Según este comité de la ONU, las desapariciones generalizadas que se producen en gran parte del territorio mexicano, podrían calificarse como “desapariciones forzadas”.

Rainer Huhle, miembro del comité, criticó al gobierno de México por no proporcionar cifras oficiales de las desapariciones.

“¿Cuántas desapariciones forzadas hay? No lo sabemos, porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, dijo Rainer Huhle.

Uno de los casos que demuestran este problema es el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde participaron agentes del Estado en el delito de desaparición forzada.

Esa fue una de las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Para el Comité, el caso de Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.

Una de las recomendaciones del comité es que el Estado mexicano “debería redoblar esfuerzos para realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial”, cuando se produzca un caso de desaparición forzada.

Otra recomendación es que las autoridades deben adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, como delito autónomo y de “extrema gravedad”. (Agencia Púlsar)

El gobierno mexicano no logró colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ya que no otorgó el número total de personas desaparecidas en el país.

Recientemente, las autoridades mexicanas se presentaron ante el Comité que examina en Ginebra, Suiza, a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Los miembros del Comité preguntaron a la delegación gubernamental mexicana sobre la cantidad oficial de desapariciones forzadas contabilizadas en el país.

La delegación solamente se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos que están relacionados con este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió.

Con respecto al caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa,  el Comité de la ONU expresó su preocupación sobre el hecho de que durante la búsqueda de los 43 estudiantes se hayan encontrado varias fosas comunes con más de 40 cuerpos.

Los padres de las víctimas de la Escuela Normal de Ayotzinapa también estuvieron en el comité de la ONU como testigos.

“Ellos están vivos, los tiene el Gobierno, no sabemos por qué. Si no quieren que sigamos, que nos los devuelvan”, dijo Hilda Legideño, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

De igual manera, Bernabé Abraham Gaspar, padre de otro alumno desaparecido pidió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos  que los ayude a encontrar a sus hijos.

“Sabemos que nuestros hijos están vivos y los queremos encontrar”, declaró Bernabé Abraham Gaspar a los periodistas. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Miles de personas marcharon en los últimos días por las calles de la Ciudad de México para recordar la desaparición de los 43 normalistas a cuatro meses del hecho.

También exigieron castigo a los responsables y justicia.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos expresaron que no aceptarán la muerte de sus hijos hasta que el gobierno presente pruebas científicas contundentes.

Los padres temen que el gobierno quiera cerrar un caso que escandalizó al país y a la comunidad internacional.

Este trágico hecho también sumió a Enrique Peña Nieto en la peor crisis de su presidencia (2012-2018).

En su discurso, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, criticó al presidente mexicano y arremetió contra el Ejército mexicano y los partidos políticos.

Aseguró que no permitirán que se celebren las elecciones a gobernador en el convulsionado estado de Guerrero previsto para junio.

Los familiares exigen que se les permita buscar pistas de los jóvenes en cuarteles militares ya que dicen tener testimonios de que el Ejército pudo tener algún tipo de papel en el crimen.

Esta versión es negada tajantemente por el gobierno. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Una comisión de los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México acudirán a las Naciones Unidas para presentar una denuncia por la supuesta “ausencia de justicia” en su país.

Los padres denominan que en su país se está cometiendo un crimen de Estado por lo que exigen que se investigue además al Ejército mexicano y a otros involucrados.

La comisión viajará la próxima semana a Ginebra para participar el primero y el 2 de febrero en la reunión de la ONU que revisará la desaparición forzada.

“Vamos a Ginebra a buscar justicia para que este crimen de Estado no quede impune. Tocaremos todas las puertas necesarias, porque sabemos que las autoridades mexicanas se protegen entre ellas y aquí hay muchos intereses”, dice Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.

El informe que presentarán los padres es un texto, de 22 páginas, que explica lo ocurrido durante los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.

El informe exhibe la falta de capacidad del gobierno estatal y la tardía reacción del federal y de la Procuraduría General de la República.

Otro punto importante que señala el documento es el tardío pronunciamiento del Presidente Enrique Peña Nieto, quién lo hizo 11 días después.

“Es preciso exigir que se investigue al ex gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre) y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”, señalaron los padres de los estudiantes.

El informe exhibe la crisis que existe en México en torno a este delito: El caso Ayotzinapa ha venido a demostrar las consecuencias de años de impunidad, inacción e indiferencia frente a la desaparición forzada en México. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Un sector del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó ‘boicotear’ las elecciones federales y estatales de este año en la zona de Chiapas.

De esta manera quieren exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de setiembre del año pasado, de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, Estado de Guerrero.

El dirigente sindical, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, señala que “no creen en la farsa electoral porque en México impera la democracia burguesa y los partidos políticos oxigenan el sistema de explotación y opresión en contra de nuestro pueblo”, afirmó.

“Vamos a boicotear las elecciones en todas las formas, aunque respetamos a los que aún creen en los procesos electorales, pero les pedimos que no se dejen engañar porque el beneficiario es un pequeño grupo de la burguesía”, dijo el dirigente.

Cabe mencionar que el 2015 es un año electoral en México donde se renovará el Congreso de la Unión, diputaciones, gubernaturas y alcaldías.

“Cuando nos van a pedir el voto, nos dan la mano. Ahí si somos unos ciudadanos respetables. Pero cuando tenemos un problema como perder un hijo, ninguna dependencia se nos acerca”, indicó el padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

El 7 de enero, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) destruyeron las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y también llamaron a impedir los comicios del 7 de junio de 2015.

De este modo, la CETEG se sumó al llamado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, que a finales de 2014 llamaron a boicotear las próximas elecciones.

Otras personalidades importantes que llamaron al boicot de los comicios fueron Raúl Ver, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Raúl Vera y Raúl Castro, obispos de Saltillo y Cuernavaca, respectivamente. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)