Líderes del Valle del Tambo, en Islay (Arequipa), piden voluntad política de parte del Gobierno peruano para solucionar el conflicto derivado por la oposición al proyecto minero Tía María.

Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, aseguró que se está poniendo en riesgo la actividad agrícola en la zona y que el Estado no tiene intención de escuchar a los afectados.

Pepe Julio Gutiérrez, coordinador de los frentes de defensa del Valle, aseguró que existe una “represión criminal a la protesta”, y que muestra de ello es que los enfrentamientos han dejado más de cien heridos y 34 detenidos.

“El Gobierno mandó una comisión pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Se insiste en imponer un proyecto. Nosotros somos partidarios de la inversión, pero no vamos a aceptar Tía María, así será a sangre y fuego”, indicó Gutiérrez.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, cuestionó al Ejecutivo por sostener una “posición radical” y no lograr la resolución del conflicto social en la provincia de Islay.

“Quiero que se diga la verdad sobre Tía María”, expresó. También adelantó que el gobierno regional puede pedir la intervención de una entidad extranjera para que revise el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si el Ejecutivo no lo hace.

Por otro lado, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, afirmó que el Gobierno actuará de manera más preventiva en los próximos proyectos mineros-energéticos, a fin de que se explique a la población. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Estudios realizados por la ONG internacional Global Witness señalan al Perú como el cuarto país en el mundo donde se producen más muertes de defensores ambientales.

Antes están países como Brasil, Honduras y Filipinas.

En el documento titulado “El Ambiente Mortal de Perú”, precisan que entre los años 2002 y 2014 fueron asesinados 57 activistas.

Esto se debería a la falta de atención del gobierno para resolver los problemas de tala ilegal y la inseguridad en torno a la propiedad de las tierras comunales.

El estudio de la ONG inglesa también señala que el aumento de la ilegalidad, la corrupción y las debilidades institucionales en todo el sector forestal hacen que el Perú se enfrente a una desalentadora lucha para superar esta situación.

Global Witness recomienda al gobierno peruano implementar y respetar las disposiciones que contiene la declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Uno de los asesinatos recientes que causó mayor conmoción fue la del dirigente indigena Edwin Chota y de otros líderes ambientalistas.

Las viudas de los cuatro líderes indígenas de etnia asháninka asesinados en la selva por presuntos madereros ilegales llevan tres meses a la espera de recuperar los restos de sus maridos.

“Los madereros brasileños están vigilando y se quieren vengar más de nosotros. No entienden que, cuando cortan un árbol, matan nuestra vida”, lamentó la ambientalista Ergilia Rengifo.

El único investigado por la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Coronel Portillo (Ucayali) como autor intelectual del asesinato de los dirigentes asháninka, José Carlos Estrada Huayta, se encuentra con paradero desconocido y con orden de búsqueda y captura. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

La lideresa indígena y presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), Ruth Buendía Mestoquiari, solicitó al gobierno central que incluya en su política a las comunidades de la selva peruana.

Buendía advirtió también que la posible construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango podría desplazar a las poblaciones que viven en la cuenca del río Ene, en la provincia de Satipo, región Junín.

Cabe recordar que la lideresa de la etnia ashaninka, recientemente fue la ganadora del premio  internacional Goldman, que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente.

“Nadie niega que venga el desarrollo al país y a nuestra comunidad, pero este gran proyecto puede desplazar a las comunidades e inundar territorios indígenas. Eso no significa desarrollo, es pobreza”, declaró Buendía.

Mostró su preocupación sobre el área de influencia de la  Central Hidroeléctrica de Paquitzapango debido a que se está concesionando para el desarrollo de actividad minera. 

“El Estado va seguir teniendo la oposición de los pueblos indígenas porque no es transparente, no dialoga con los pueblos indígenas y si lo hace, nos mece”, señaló Buendía.

Con respecto al medio ambiente, la lideresa de la CARE se mostró en contra de la desaparición de los estudios de impacto ambiental.

“Si no están adecuadamente hechos los estudios de impacto ambiental, de acuerdo con las leyes, no estamos hablando de desarrollo de los pueblos indígenas”, afirmó. (Pablo Florencio Salazar- Agencia Púlsar)

Según recientes datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo, que emite gases nocivos a través de las actividades agrícolas.

Los gases que emite la región latinoamericana representa el 17 por ciento del total mundial.

Según la FAO, en los últimos 50 años, se ha duplicado la emisión de gases de efecto invernadero en la región a través de actividades como la agricultura y la ganadería.

Los datos muestran que estas emisiones han crecido desde 388 hasta 900 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Este aumento se produjo durante el período de 1961 al año 2010.

La FAO también señala que los cultivos y la ganadería han generado alrededor de 860 millones de toneladas de dióxido de carbono. De igual manera, la quema de biomasa produjo 31 millones de toneladas en el período 2001-2010.

La FAO también advierte que los países latinoamericanos necesitan una mayor planificación de las acciones nacionales para reducir los gases de efecto invernadero.

Una propuesta es que los países deben participar en los Acuerdos para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación con el fin de reforzar el objetivo de reducir el daño causado al medio ambiente.

Según la organización, es fundamental que América Latina fomente nuevas políticas públicas para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se necesita un esfuerzo conjunto de los gobiernos para reducir las emisiones, que en los últimos siguen aumentando peligrosamente. (Pulsar Brasil / Adital)

Tras varios días de inspección en la zona norte de Costa Rica, autoridades comprobaron los daños que empresas piñeras e hidroeléctricas ocasionan al medio ambiente.

Los activistas esperan que el gobierno actúe para controlar las prácticas que ponen en peligro los ecosistemas.

Un equipo conformado por instituciones gubernamentales encontró daños en ríos, bosques, humedales y quebradas en la región norte de Costa Rica.

Su visita se realizó luego que habitantes de varias comunidades manifestarán preocupación por las prácticas peligrosas de piñeras, hidroeléctricas y arroceras.

La inspección estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía y jueces del Tribunal Ambiental Administrativo, organismo que vela porque se cumpla la legislación en este campo.

El objetivo de las inspecciones es tener control del daño ambiental y que exista presencia institucional en zonas alejadas. (Voces Nuestras – Costa Rica)

La Contraloría General de Colombia emitió una advertencia frente a la mega obra Túnel de Oriente.

Los voceros de la Contraloría anunciaron que han presentado una solicitud a CORNARE, la empresa responsable del proyecto.

Esta misma solicitud la enviaron a la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y a las autoridades ambientales.

La Contraloría ha pedido explicaciones sobre las medidas de mitigación adoptadas en la construcción del Túnel de Oriente para proteger los recursos hídricos y biológicos.

En dicha solicitud, la Contraloría calificó de “amenaza alta” el proyecto.

Advirtió que si continúa la construcción del túnel, se secarían nacimientos, acuíferos y humedales, en una proporción mucho mayor a lo admisible para un mega proyecto.

También alertaron sobre la pérdida de nacimientos y cuerpos de agua en las reservas protectoras de la sociedad civil Mano de Oso y Montevivo.

Además podría ocurrir una escasez de volumen de agua para consumo humano y la pérdida de diversidad hidrobiológica.

Esto fue confirmado por la representante de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Mano de Oso, Claudia Aristizábal.

Ella señaló que insistirán en la demanda de la licencia de construcción, ya que además de estar en riesgo las reservas de agua, hay inconsistencias jurídicas. (Sandra Herrera – Comunicadora AMARC ALC)

La Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó con 11 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, un polémico paquete de medidas económicas.

Según las autoridades del gobierno del presidente Ollanta Humala, el paquete de medidas tiene como finalidad reactivar la economía del país.

Este paquete, propuesto por el ministro de Economía, Luis Castilla, propone la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción de la inversión en el Perú.

Durante el debate del proyecto, muchos congresistas expresaron su desacuerdo con esta norma.

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso realizó algunos cambios a este paquete, sobre todo en lo relacionado con las medidas ambientales.

Por ejemplo, se aprobó un plazo de 45 días para la emisión de opiniones vinculantes y no vinculantes que son requeridas para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto minero o petrolero.

Según varias organizaciones ambientalistas, este “paquetazo” afectaría la designación de zonas reservadas para futuras áreas naturales protegidas y no respetaría los estándares ambientales del Perú.

Otra medida controvertida es que, durante tres años, las sanciones ambientales a las empresas no serán superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar.

El Gobierno peruano ha fijado un tope de 35% de la multa.

“¿Cómo es posible que burocratizar el sistema de áreas reservadas va a incentivar la economía?” cuestionó la parlamentaria Veronika Mendoza.

Según la congresista, este proyecto debería ser debatido en la Comisión parlamentaria de Pueblos Indígenas y de Medio Ambiente, para conocer en más detalle el impacto del paquete de medidas en los ciudadanos de las regiones. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

A pesar de contar con los permisos de ley y tener varios meses de funcionamiento, un tajo de piedra en la provincia costera de Limón podría causar un verdadero desastre ambiental en Costa Rica.

Así lo denunciaron diputados y diputadas y personal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Ante la ley, el tajo Asunción, en la cuenca alta de los ríos Banano y Bananito en la provincia costera de Limón, está en regla.

Sin embargo, quienes han visitado el proyecto, hace unos días, califican como incompresible que las autoridades hayan dado viabilidad ambiental al tajo.

Esta semana, diversos funcionarios públicos determinaron los impactantes daños causados por la extracción de materiales.

Al visitar el tajo, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, manifestó preocupación ante el destrozo que pudo presenciar y los eventuales daños a los mantos acuíferos de la zona.

La situación es preocupante porque el proyecto podría afectar el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Limón. (Voces Nuestras – Costa Rica)

La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles la Ley de Política Ambiental Provincial.

La aprobación de la norma se produjo en el marco de una represión policial con balas de goma y gases lacrimógenos que dejó 26 detenidos en la noche del miércoles.

El proyecto aprobado fue presentado por el Ejecutivo provincial en respuesta al reclamo de diferentes asambleas ambientalistas.

Cabe recordar que la movilización de la Asamblea Malvinas por la Vida impidió el inicio de las actividades de una planta de procesamiento de semillas de la multinacional Monsanto en la central provincia argentina.

Vanesa Sartori, integrante de esa organización, planteó a lavaca.org sus dudas sobre las consecuencias que puede generar la propuesta de reordenamiento territorial en base a criterios ambientales.

Desde esa organización señalaron como “ambiguos” los criterios según los cuales se redefinirán “las eco-regiones” de la provincia.

La aprobada ley provincial plantea también la consulta popular a partir de la reunión de firmas. Además, señala que los estudios ambientales rechazados no podrán volver a ser presentados.

Según Vanesa Sartori, la ley “sigue fomentando el modelo extractivista”. Explicó que la norma no da “garantías sobre la “tala de árboles, el modelo sojero y las cuencas hidrícas”.(PÚLSAR)

El Ministro de Ambiente, Edgar Gutierrez, se reunió recientemente con especialistas del tema.

Allí analizaron los temas de resolución necesaria más urgente.

El director del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, Rolando Castro, expresó que el país debe definir un modelo energético.

Según Castro, el Gobierno deberá buscar mecanismos para garantizar el acceso al agua de la población.

Además se refirió a los ordenamientos territoriales necesarios para hacer a las ciudades más amigables.

Por su parte, la activista Eva Carazo señaló que la postura del movimiento ambiental sigue siendo la misma. Apuntó a la lucha contra la expansión piñera y contra los trangènicos, así como la protección de las semillas libres

Carazo señaló que los últimos gobiernos de Costa Rica “tuvieron un discurso muy contradictorio y fueron muy irrespetuosos de las luchas de las comunidades por reclamos ambientales”.

Según la militante, el “modelo económico con lógica neoliberal de crecimiento insostenible se viene chocando con las necesidades y los derechos de las comunidades”.

Pese a esto, Carozo reconoció las expectativas que genera la llegada de un nuevo Gobierno que rompe con histórico bipartidismo en Costa Rica.(PÚLSAR/VOCESNUESTRAS)