La sentencia de 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, por lo que se deberá realizar un nuevo juicio.

Según la CC, en el juicio iniciado el 19 de marzo “no se cumplió con el debido proceso”, por lo que dio se dio lugar a recursos interpuestos por la defensa.

El juicio contra Ríos Montt fue anulado el 19 de abril y reanudado 11 días después; la sentencia de 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad, fue dictada el viernes 10 de mayo por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala.

Sin embargo, la CC alegó que no se tomará en cuenta el juicio a partir de su reanudación, el 30 de abril, ya que el Tribunal no tomó en cuenta recursos de apelación que interpuso la defensa del exjefe de Estado.

Efraín Ríos Montt fue acusado de ordenar la matanza de mil 771 indígenas mayas ixiles durante su mandato entre 1982 y 1983; su exjefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez, también fue juzgado por los mismos delitos pero fue exonerado el pasado 10 de mayo. (PÚLSAR)

El juicio contra el expresidente Efraín Ríos Montt  fue reanudado este martes por un tribunal en Guatemala después de 11 días de haber sido suspendido. 

Los cargos que se le imputan a Ríos Montt, así como a su exjefe de Inteligencia, José Rodríguez, fueron reiterados, pero aún le resta la presentación de documentos audiovisuales de la defensa.

Sin embargo, no se descarta que el juicio sea nuevamente suspendido ya que se han interpuesto recursos que piden la anulación del juicio.

Numerosas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, condenaron la anulación del juicio ya que manifestaron, ocasionaría “un estado de vulnerabilidad de las víctimas y testigos del juicio”.

Efraín Ríos Montt y José Rodríguez son acusados de haber causado la muerte de mil 771 personas, la mayoría de la comunidad Maya Ixil, durante su gobierno entre 1982 y 1983. (PÚLSAR)

Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, condenaron la anulación del juicio en contra de Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de Guatemala, por genocidio y delitos contra la humanidad.

Carol Patricia Flores, jueza del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, dejó sin efecto el juicio contra Ríos Montt y su exjefe de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez, iniciado el 19 de marzo de este año.

Es por eso que las organizaciones firmantes publicaron un manifiesto en donde evidencian “un estado de vulnerabilidad de las víctimas y testigos del juicio, así como la prolongación de la situación de impunidad  y la debilitación del sistema de justicia guatemalteco”.

A su vez, Adama Dieng, asesor especial de la Secretaría General sobre la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas, llamó a las autoridades involucradas en el juicio a una conclusión del proceso.

El juicio contra Efraín Ríos Montt fue denominado “histórico” ya que fue el primer exjefe de Estado llevado a la justicia por delitos contra la humanidad y genocidio.

Ríos Montt, de 86 años, se encontraba bajo arraigo domiciliario desde el 2012 por ser el presunto responsable de la muerte de mil 771 personas, la mayoría de la comunidad Maya Ixil, durante su gobierno del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. (PÚLSAR)

 Los dirigentes indígenas fueron acusados por la fiscalía de ser responsables de la masacre. Sin embargo, hace unas semanas, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua de manera sorpresiva decidió renunciar a sus funciones judiciales y transferir el caso a la Sala Penal Nacional. Eso significa que el juicio se trasladará de Bagua a la ciudad de Lima.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, criticó esta decisión de la Sala Penal y que esto provocará una “terrible” situación para los indígenas. Explicó que cuando el juicio se realizaba en la ciudad de Bagua, para los indígenas significaba un sacrificio porque muchos de ellos no viven en esa ciudad sino en zonas mucho más lejanas. “Y lo peor de todo es que el proceso la sala lo ha remitido a Lima”, criticó Vega.

“Venir a Lima va a ser peor. Vulnera la inmediatez que requieren los jueces para juzgar a indígenas en sus propias zonas y tener todos los elementos de prueba. Va a ser muy difícil que los indígenas se puedan trasladar a Lima y solventar sus gastos”, denunció el Defensor del Pueblo.

“La Masacre de Bagua” se produjo cuando la Policía intentó desalojar a los indígenas que protestaban y bloqueaban la carretera en el lugar llamado “La Curva del Diablo” cerca de la ciudad amazónica de Bagua. El enfrentamiento ocasionó 34 muertos, entre indígenas y policías. (PULSAR)

Con el juicio, la fiscalía guatemalteca trata de demostrar que durante el periodo que gobernó Ríos Montt a causa del golpe de Estado al entonces presidente Romeo Lucas García, entre marzo de 1982 y agosto de 1983,  fueron masacrados mil 771 indígenas mayas de territorios de la etnia ixil bajo órdenes del exdictador y su exjefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez.

Asimismo, los asistentes al juicio contra Ríos Montt, entre víctimas y testigos, han dado parte de las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército guatemalteco en ese periodo.

Hasta el momento han atestiguado 34 personas que han asistido al Tribunal A Mayor de Seguridad de Guatemala en los tres días que lleva de iniciado el juicio y se prevé que se expanda al menos un par de semanas hasta que los 205 testimonios que tiene preparados la Fiscalía, entre peritos y testigos, presenten su declaración.

El hecho de que los testigos, pertenecientes a la etnia ixil, no hablan español, podría hacer que el juicio se expanda  unos días.

La justicia guatemalteca inició el pasado 19 de marzo el juicio calificado como “histórico”, ya que es la primera vez que un exjefe de Estado es acusado y enjuiciado por delitos de  lesa humanidad y genocidio. (PÚLSAR)

En aquella oportunidad se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los manifestantes indígenas en el lugar llamado “La Curva del Diablo” cerca de la ciudad de Bagua, ocasionando 34 muertos y cientos de heridos en ambos lados.

La fiscalía ha solicitado cadena perpetua para los principales dirigentes indígenas acusados por el ‘Baguazo’. Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Aidesep, emitió un pronunciamiento público donde rechaza la acusación fiscal que pide cadena perpetua para los dirigentes indígenas.

Aidesep afirma que los indígenas protestaron de manera pacífica en defensa de sus territorios ancestrales. Aidesep exigió al Estado peruano que no provoque mayores conflictos sociales con los indígenas porque acusaciones como esta perturban la tranquilidad de las comunidades awajún y wampis.

Aidesep reúne a más de 1500 comunidades amazónicas agrupadas en 67 federaciones y nueve organizaciones regionales. El abogado de Aidesep, Ivan Carrascal informó que la fiscalía ha pedido 35 años de cárcel para Alberto Pizango, 35 años de cárcel, y para el dirigente awajún Santiago Manuin, 25 años de cárcel.

Aidesep acusó al Ministerio Público de haberse convertido en “una máquina de acusaciones contra los líderes indígenas, sin ningún criterio de justicia, sino de perseguir por delitos inexistentes”, dijo la organización.

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