Muchos de sus ancestros ya estaban en la tierra que después se llamaría Costa Rica a la llegada de los colonizadores españoles.

Muchos de ellos y ellas resistieron a la invasión y por eso tuvieron que pagar el precio del aislamiento mientras el país se autoproclamaba “nación mestiza y blanca”, para más señas la “suiza centroamericana”.

Esta negación de la diversidad cultural y étnica hizo que no fuera hasta 1993, cuando la totalidad de los habitantes indígenas del país tuvieron su célula de identidad y se les reconoció como ciudadanos y ciudadanas costaricenses.

Cerca de 22 años han pasado desde que los habitantes indígenas costaricenses recibieron su cédula de identidad, pero los problemas de discriminación no quedaron allí.

Aunque desde 1977 existe una Ley de Pueblos Indígenas en Costa Rica que les reconoce como propietario de sus territorios de manera inalienable e intransferible, estos no gozan de autonomía.

Además, la ocupación de sus tierras por parte de personas no indígenas, ha aumentado los conflictos y el racismo. (Voces Nuestras – Costa Rica)

Hace unos días, la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología del Congreso peruano aprobó el polémico proyecto de ley 3941.

Según las autoridades, este decreto tiene el objetivo de atraer las inversiones privadas.

Sin embargo, diversas organizaciones sociales e indígenas alertan que el decreto, llamado el “Cuarto Paquetazo” atenta contra el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas del país.

Una de las características del cuestionado proyecto es que otorgará derechos de servidumbres, derechos de vía y localización de área en los llamados “terrenos eriazos”.

Sin embargo, la congresista de oposición, Verónika Mendoza advierte que este proyecto no contempla la realidad del país.

“El problema es que en nuestro país los derechos de propiedad y posesión no están claramente reconocidos, menos los de las comunidades campesinas y nativas”, señala Mendoza.

“Cerca de 4 mil comunidades no están tituladas y por lo tanto podría asumirse equivocadamente que el territorio que ocupan está libre”, alerta la congresista.

“No es necesario pisotear los derechos ciudadanos para atraer inversiones. Las inversiones no son un fin en sí mismo sino una herramienta para construir bienestar para la gente y no al revés”, aseveró Verónika Mendoza.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha enviado al Congreso varias recomendaciones en relación a los peligros del proyecto de ley 3941?. Por ejemplo, que su aplicación puede generar una situación de desprotección del derecho de la propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

Además, Daniel Sánchez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señala que el  cuestionado decreto debe pasar por un proceso de consulta previa porque dicha norma está afectando derechos colectivos. (Agencia Púlsar)

El líder indígena, Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) habló sobre la problemática y los retos que afronta su pueblo.

Él pertenece al pueblo kukama kukamiria de la cuenca del río Marañón, en la región Loreto.

Tejada destacó que la comunidad viene superando una larga etapa en la que fueron ignorados por el Estado.

Manifestó que en la actualidad uno de sus objetivos es la defensa de los territorios de las comunidades, las cuales muchas veces se ven afectadas por empresas de turismo.

“Cuando nos acusan de depredar los recursos, porque no nos dedicamos a una actividad productiva, nosotros nos preguntamos: ¿qué hacen las empresas petroleras producen o extraen?”, cuestionó López.

Precisamente, muchos pueblos indígenas peruanos están atravesando graves problemas por la depredación de los bosques amazónicos.

Precisamente, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre, OSINFOR, anunció que fortalecerá sus actividades de monitoreo y vigilancia.

Recientemente entregó 14 embarcaciones al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP,  para ser usadas en la protección de cinco áreas naturales.

La Reserva Nacional Pacaya Samiri recibió 7 de las 14 embarcaciones por ser la segunda área natural con mayor extensión, con más de 2 millones de hectáreas en el Perú.

Esta reserva constituye uno de los espacios de mayor atractivo para el turismo. Por otra parte, las otras siete embarcaciones fueron entregadas a la Reserva Nacional de Matsés (3), la Reserva Nacional Gueipi (2), la Reserva Nacional de Allpahuayo Mishana (1) y la Reserva Nacional Pucacuro (1). (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Más de 250 indígenas se movilizaron este jueves en la localidad panameña de San Félix, Chiriquí para conmemorar los trágicos hechos del 5 de febrero del 2012.

En aquella fecha se produjo la muerte de los indígenas Jerónimo Rodríguez Tugrí, en la localidad de San Félix, y de Mauricio Méndez, en la localidad de David.

Los familiares de las victimas y heridos aun exigen justicia y castigo para el expresidente Ricardo Martinelli, por ser el responsable de permitir las concesiones mineras en los territorios indígenas.

Las comunidades han aseverado que la lucha del pueblo indígena continuará hasta que se cancele la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. (Radio Temblor)

Los indígenas de la Comarca Ngäbé Büglé en Panamá, rechazan el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasará.

Las organizaciones indígenas han dado un utimátum al Gobierno Nacional, de lo contrario se movilizarán para realizar cierres simultáneos de calles en todo el país.

El Movimiento 10 de abril (M10) argumenta que el proyecto Barro Blanco perjudicará a más de 2 mil familias que residen en las áreas anexas de la Comarca Ngäbe Buglé conocidas como Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada de Caña.

También advierten que los moradores de las áreas anexas quedarán sin hogar y sin un sustento para vivir, ya que se dedican a la pesca y la agricultura de subsistencia.

El gobierno panameño ha designado un comité de alto nivel liderado por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado para tratar el tema referente al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

Este comité estará integrado por el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera; el de Gobierno, Milton Henríquez; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles; y de la Autoridad Nacional de Ambiente, Mirei Endara.

“La próxima semana este comité se trasladará a la comarca Ngäbe Buglé para conversar con las diferentes partes”, destaca un comunicado gubernamental

El pueblo indígena Ngäbé le está solicitando al presidente de Panamá, Juan Carlos Varelala, la cancelación definitiva del proyecto Barro Blanco. Los indigenas manifiestan que deben dejarlos vivir en las tierras que han heredado por generaciones. (Radio Temblor)

Más de 100 colonos que se dedican al comercio en la localidad de San Lorenzo, provincia del Daten del Marañón, han invadido desde hace seis meses, más de 50 hectáreas que son propiedad de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.

“Se puede desatar una desgracia si los colonos que están ahí, algunos de la parte andina, no salen de esos terrenos”, denunció el dirigente indígena Marcial Mudarra.

Señaló que los indígenas han intentado hablar con los colonos pero “ellos han tratado muy mal a los dirigentes locales”, denunció el dirigente.

Asimismo, Mudarra comentó el lento accionar de las autoridades pertinentes.

Ante ello, la organización indígena AIDESEP está solicitando con carácter de urgencia, la intervención del Ministerio Público en la zona.

“El terreno  se extiende a 50 hectáreas y pertenece a AIDESEP desde hace varios años atrás”, explicó el presidente de AIDESEP, Henderson Rengifo.

Alertó que los colonos quieren “traficar con los terrenos que no son de ellos, mediante la invasión”.

De igual manera, Rengifo anunció que su organización se enfocará en la titulación de 20 millones de hectáreas de la Amazonía.

Henderson Rengifo indicó que esta demanda tiene que ver con la solución de los grandes problemas del cambio climático.

Se conoció a finales del año pasado que el Gobierno de Noruega aportará 300 millones de dólares al gobierno peruano para proteger la Amazonía.

Por lo que Rengifo sugiere que sean usados, en el corto plazo, para titular en principio 10 millones de hectáreas, lo que beneficiará a más de 500 comunidades indígenas.

“El Estado tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Estamos abiertos al diálogo y a contribuir para lograr la titulación de los territorios indígenas”, enfatizó. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

El Gobierno ecuatoriano anunció que, por el momento, no desalojará a los dirigentes y activistas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de su local en la ciudad de Quito.

Betty Tola,  ministra de Inclusión Económica y Social, informó que el gobierno no desalojará a la organización indígena. Este martes 6, finalizaba el plazo del contrato que tenía la organización para ocupar el edificio.

Según informaron varios medios de comunicación, las autoridades están revisando un recurso de reposición presentado por la organización indígena.

Tola señaló que la CONAIE presentó un recurso administrativo que deberá ser revisado por las autoridades. Esta revisión tomaría al menos dos meses.

“Eso significa que tenemos por delante dos meses, de acuerdo a lo que manda la norma” para resolver el caso, dijo la ministra.

En las últimas horas, un numeroso grupo de integrantes de la CONAIE están realizando una vigilia en su local.

Lourdes Tibán, asambleísta por el movimiento Pachakutik, se solidarizó con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Tibán manifestó que la organización representa al sector indígena a nivel nacional, y que la remoción de su sede es un acto de “venganza” por parte del Gobierno de Rafael Correa. (Agencia Púlsar)

El martes 6 de enero vence el plazo que dieron las autoridades a las organizaciones indígenas para desalojar un edificio que ha sido su sede desde 1991.

Sin embargo, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), afirmaron que no saldrán de dicho local ubicado en la ciudad de Quito.

Informaron que lucharán por su casa “hasta las últimas consecuencias” y han organizado varios actos de resistencia a la orden emitida por el gobierno ecuatoriano.

Las organizaciones indígenas han desarrollado en las últimas horas, una jornada cultural y de música, bautizada como “Ritmos por las Resistencias”. Además, la CONAIE está realizando un vigilia permanente en el lugar.

Carlos Pérez Guartambel, es el presidente de la Ecuarunari, organización filial de la Conaie. El dirigente rechazó la decisión de las autoridades de pretender desalojar a los indígenas de su sede.

Guartambel anunció que así salgan del edificio, la lucha del movimiento indígena seguirá en las calles.  (Agencia Púlsar)

En las últimas horas, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han viajado a varias provincias para informar y conversar con sus bases sociales.

El objetivo es analizar la actual situación de su sede principal ubicada en la ciudad de Quito, y evitar que el Gobierno ecuatoriano tome a su cargo las instalaciones.

Los dirigentes indígenas de la CONAIE, , que aglutina a varias organizaciones, están definiendo la estrategia para defender su local principal bajo el argumento de que les pertenece como parte de una “reparación histórica”.

Los indígenas anunciaron su derecho a la resistencia y se negaron a devolver el inmueble que le fue prestado en el año 1991 por el Gobierno. Los dirigentes advirtieron que no saldrán de la sede de la Conaie.

“Rechazamos esa resolución de que tenemos que salir de esta casa”, señaló Jorge Herrera, presidente de la organización.

La Conaie también declaró a su sede como “patrimonio de los pueblos y nacionalidades indígenas” de Ecuador.

El Gobierno del presidente Rafael Correa dio por terminado un convenio firmado con la organización indígena y ha dado plazo hasta el próximo 6 de enero para la devolución del edificio.

Según las autoridades, existe una “necesidad imprevista y urgente” de contar con inmuebles para ser utilizados como casas de acogida para jóvenes que se están recuperando del problema de las drogas.

Recientemente, el presidente Correa aseguró estar abierto al diálogo con los movimientos indígenas.

Sin embargo, criticó a la Conaie por estar del lado de la oposición a su gobierno y  los acusó de hacerle “el juego a los conspiradores”. (Agencia Púlsar)

El capítulo venezolano del Parlamento Indígena de América (PIA-GPV) felicitó al pueblo Mapoyo por la inclusión de su idioma en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la Unesco.

Cesar Sanguinetti, presidente del capítulo venezolano del Parlamento Indígena, reconoció la resistencia cultural de los mapoyos. Manifestó que dicho pueblo siempre ha defendido su soberanía territorial, cosmovisión y cultural.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, también velará por la protección de esa lengua ancestral, según lo informó la instancia parlamentaria.

La Asamblea Nacional de Venezuela también resaltó la declaratoria conseguida por la lengua Mapoyo.

La presidenta de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, Gladys Requena, destacó que el  Estado venezolano continuará protegiendo esta tradición del pueblo indígena Mapoyo.

“No es una simple declaratoria a una lengua, está asociado a una religiosidad, a una espiritualidad que coloca a este sector de la población venezolana como un pueblo que no va a dejar de existir”, expresó la asambleísta Requena.

También manifestó que entre la población mapoyo existe “la historia viva de un pueblo, que está dispuesto a hacer revolución y a rescatar la lengua”.

La lengua Mapoyo tiene sus orígenes en el siglo 19, cuando una numerosa comunidad indígena habitaba un espacio de la faja de sabana entre el caño Cariño y el río Villacoa, en el municipio Cedeño, estado Bolívar. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)