La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio al Estado costarricense un plazo de 15 días para adoptar medidas cautelares a favor de los pueblos teribe y bribri en el territorio de Salitre.

Esta decisión se tomó luego de determinar que los episodios de violencia por parte de terratenientes no indígenas provocan una situación grave y que atentan contra los derechos humanos.

Este primer fallo responde a un proceso que inición en el 2012, cuando representantes de diversos pueblos originarios de Costa Rica y organizaciones defensoras de sus derechos acudieron a la Comisión.

Esto ocurrió porque los pueblos no encontraron respuesta de las autoridades nacionales a sus conflictos por tierras y discriminación.

La orden de la Comisión es un paso importante, pero los dirigentes indígenas advierten que el conflicto solo se resolverá de forma definitiva cuando las y los indígenas logren una recuperación total de sus tierras. (Voces Nuestras – Costa Rica)

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari,  fue citado por la Fiscalía para el próximo 16 de abril.

La Fiscalía cito a Guartambel para que rinda su manifestación como parte de la investigación que esa entidad está realizando.

El dirigente indígena dará su versión sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, cuando se produjo la tentativa de golpe de Estado en contra del gobierno de Rafael Correa.

Además de Carlos Pérez Guartambel, otros tres dirigentes indígenas de la Ecuarunari fueron citados: Hermana Pacha Cabascango, Patricio Zhingri y Ascencio Farinango.

Por su parte, el presidente de la Ecuarunari  aseguró que acudirán a la cita.

También añadió que ya se les ha requerido información sobre los dirigentes de la Ecuarunari y miembros de la Agencia de Noticias Plurinacional. Informó que ya han entregado estos datos a la Fiscalía.

“Se busca involucrar al movimiento indígena en algo que no tiene nada que ver”, criticó el dirigente.

“La intención es la persecución política contra las cabezas más visibles del movimiento indígena”, denunció Pérez.

Finalmente, dice que si algo les llega a suceder, será de responsabilidad del gobierno. Pérez dijo que teme por su familia, por sus niñas y por sus ancianos padres. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Existen diversas posiciones sobre la próxima interpelación a la Ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por el caso de la malversación de recursos del Fondo Indígena.

Muchos sectores políticos advierten que el Congreso no censurará a la ministra por este polémica caso.

Hace unos días, la Asamblea Legislativa boliviana convocó para este 13 de marzo a la ministra Achacollo para que explique los  detalles sobre los proyectos aprobados y las obras ejecutadas en el Fondo Indígena Originario y Campesino (Fondioc).

En el mes de febrero, la Contraloría del país detectó que existe un daño económico de 71 millones de bolivianos debido a que 153 proyectos de desarrollo productivo y social no se fueron ejecutados.

La ministra deberá presentar ante una comisión del Senado las respectivas pruebas de descargo.

Diversos parlamentarios de oposición advirtieron que la bancada oficialista que es mayoría en el Senado, impedirá la censura de la cuestionada ministra.

Óscar Ortiz, senador opositor por Unidad Demócrata (UD), sostuvo que el objetivo de la interpelación es aclarar los supuestos casos de corrupción en el Fondo Indígena.

Por su parte, el presidente del Senado, Alberto Gonzáles, detalló que el informe de la Contraloría es preliminar y que “las investigaciones identificarán a los culpables”, expresó. (Agencia Púlsar)

Mujeres indígenas representantes de 20 países americanos reclamaron un mayor acceso a la Justicia para poder defenderse de la violencia como la trata de personas y los abusos sexuales.

Durante una reunión internacional en Lima, las lideresas indígenas de Perú, Colombia, Panamá y Canadá coincidieron en señalar que la carencia de políticas públicas contra la violencia es el mayor obstáculo para la igualdad.

En el acto participó Alejandra Valdés quien es coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“El 38% de las indígenas de Perú y Ecuador ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, según un estudio presentado en noviembre pasado”, destacó Valdés.

“Es una gran preocupación para nosotros como pueblos indígenas que no respeten nuestras lenguas, nuestra cultura, incluso muchos te ignoran”, manifestó Lucinda Salvatierra, dirigente indígena.

La reunión denominada “Mujeres Indígenas y Beijing+20”, se celebró en Lima el 03 y 04 de este mes y sirvió para evaluar los avances en materia de igualdad.

Entre los temas que se abordaron destacan el acceso de las mujeres indígenas a la salud y a la educación, la discriminación y la violencia sexual, además de la reducción de la pobreza.

Marcela Huayta, ministra de la mujer en Perú, quién presidió la inauguración, destacó los avances en materia de igualdad.

“Es momento que la voz clara y directa del movimiento indígena contribuye a la agenda de la igualdad”, manifestó la ministra.

Los resultados del encuentro en Lima se trasladarán al quincuagésimo noveno período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que se celebrará del 9 al 20 de marzo en Nueva York. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

En Bogotá, Matilde López Arpushana, líder del pueblo wayuu, ganó el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos por su lucha a favor de los niños en La Guajira.

López obtuvo esta condecoración de la fundación sueca Diakonia en colaboración con la Unión Europea.

Los miembros del jurado resaltaron que López logró  “visibilizar la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo wayuu”, que habita la península de la Guajira.

López lidera a 145 comunidades wayuu en esa región del norte de Colombia, fronteriza con Venezuela.

El pueblo wayuu está conformado por unos 300 mil integrantes. De ellos la mitad vive en Colombia y el resto en Venezuela. El pueblo wayuu fue declarado en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

“Tenemos la vida de niños en nuestras manos. Ojala los colombianos y el mundo entero contribuyan a mejorar la situación en el departamento de la Guajira”, declaró Matilde López Arpushana en su premiación.

Opina que la situación que atraviesa La Guajira se debe a que “el Gobierno colombiano ha dejado a la región en un estado de abandono absoluto”.

Según los datos oficiales que maneja López, en los últimos cinco años han muerto más de 4 mil menores de cinco años.

“Lo que el Gobierno hace y deja de hacer en La Guajira es un infanticidio”, afirmó López.

Para la joven, la muerte de los niños “a punta de hambre” es incluso peor a las muertes ocasionadas por la violencia generada por los diferentes actores armados.

Por esta razón, López pidió garantizar el derecho de las comunidades indígenas a contar con condiciones dignas y apropiadas. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Cacique Ládio Veron (PSOL-MS), candidato a diputado federal.

El candidato a diputado federal por el estado de Mato Grosso del Sur, el cacique Ladio Verón (PSOL) ha denunciado que está recibiendo amenazas diarias de asesinato.

El jefe de la tribu Guaraní Kaiowá explica que no pone su calendario diario de campaña a disposición del público, debido a que teme ser perseguido.

Según el cacique, en la actualidad no existen garantías democráticas, para que  todos los candidatos y candidatas tengan el derecho a hacer campaña de manera segura.

El cacique Ladio Verón es defensor en temas de la reforma agraria y la demarcación de tierras para indígenas.

El líder indígena dice que “corre el riesgo de ser asesinado como varios indígenas que han sido asesinados por luchar contra el agronegocio “, advirtió.

Para las próximas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró 85 candidatos indígenas a cargos públicos.

Representantes de los pueblos indígenas afirman que el ingreso a la política es una forma de reanudar el legado de los líderes del pasado, fortalecer su propia cultura y mostrar el camino de los pueblos indígena a la política pública.

Según diversos sociólogos y antropólogos, los pueblos indígenas están buscando una representación política directa en los niveles federal y estatal para presentar sus propuestas sin intermediarios.

Actualmente, no hay un candidato de origen indígena en el Congreso en Brasilia. (Púlsar Brasil / poderonline)

La lideresa indígena y presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), Ruth Buendía Mestoquiari, solicitó al gobierno central que incluya en su política a las comunidades de la selva peruana.

Buendía advirtió también que la posible construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango podría desplazar a las poblaciones que viven en la cuenca del río Ene, en la provincia de Satipo, región Junín.

Cabe recordar que la lideresa de la etnia ashaninka, recientemente fue la ganadora del premio  internacional Goldman, que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente.

“Nadie niega que venga el desarrollo al país y a nuestra comunidad, pero este gran proyecto puede desplazar a las comunidades e inundar territorios indígenas. Eso no significa desarrollo, es pobreza”, declaró Buendía.

Mostró su preocupación sobre el área de influencia de la  Central Hidroeléctrica de Paquitzapango debido a que se está concesionando para el desarrollo de actividad minera. 

“El Estado va seguir teniendo la oposición de los pueblos indígenas porque no es transparente, no dialoga con los pueblos indígenas y si lo hace, nos mece”, señaló Buendía.

Con respecto al medio ambiente, la lideresa de la CARE se mostró en contra de la desaparición de los estudios de impacto ambiental.

“Si no están adecuadamente hechos los estudios de impacto ambiental, de acuerdo con las leyes, no estamos hablando de desarrollo de los pueblos indígenas”, afirmó. (Pablo Florencio Salazar- Agencia Púlsar)

El territorio indígena Salitre, en Costa Rica, sufre una violación constante de sus derechos a raíz de la usurpación de sus tierras por parte de finqueros no indígenas.

Así lo denunciaron activistas por los derechos de los pueblos originarios, tras una misión que realizaron en esa comunidad.

Los hechos violentos que denunciaron vecinos y vecinas de la comunidad indígena de Salitre, a inicios de julio, son parte de una historia larga de agresiones y usurpaciones.

Y aunque las autoridades ingresaron al territorio para generar un acuerdo entre las partes, el ambiente de violencia persiste.

Así consta en el informe que publicó el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, tras visitar Salitre el pasado 8 de julio.

El Observatorio también emitió criterio sobre el papel de las autoridades que buscan abrir espacios de negociación entre los indígenas y los no indígenas.

Los y las integrantes del Observatorio insisten en que el gobierno debe garantizar condiciones de igualdad y justicia antes de establecer cualquier mecanismo de negociación. (Voces Nuestras – Costa Rica)

La tensión política entre los movimientos indígenas y el gobierno del presidente Rafael Correa, podría agudizarse en los próximos días, con la reciente decisión del Poder Judicial ecuatoriano.

La justicia dictaminó una pena de 12 años de prisión contra el líder indígena José Acacho, actual parlamentario del movimiento político Pachakutik.

Acacho es acusado por los delitos de sabotaje y terrorismo debido a que encabezó los actos de protesta que se realizaron en setiembre del 2009 en el puente del río Upano. En esa oportunidad, la movilización de las organizaciones indígenas se produjo en rechazo al proyecto de Ley de Aguas.

Lamentablemente, debido a las violentas manifestaciones y el enfrentamiento con las fuerzas policiales, falleció el profesor indígena Bosco Wisuma.

El asambleísta José Acacho también ha sido acusado de instigar a los pobladores indígenas, a través de una radio local, para que salgan a protestar con sus arcos y flechas envenenadas.

“En ningún momento comprobaron que mis mensajes eran para incitar a la violencia. No se ha demostrado”, argumentó el asambleísta indígena. Aseveró que se siente un perseguido político, “porque la justicia no fue independiente”.

Julio César Sarango, abogado defensor del asambleísta José Acacho, anunció que presentará un recurso judicial para que no se ejecute la sentencia. (PULSAR)

En las últimas semanas se ha deslizado la posibilidad de un acercamiento político entre el gobierno ecuatoriano y las organizaciones indígenas.

Este fin de semana, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se reunieron en la ciudad de Quito para analizar el tema.

Hace unos días se reveló una polémica fotografía donde aparece el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, con el presidente Rafael Correa durante la visita al Ecuador del presidente boliviano Evo Morales. Esta reunión causó preocupación en las bases indígenas.

Diversos dirigentes indígenas han manifestado que el diálogo con el gobierno no está cerrado y que “podrían tenderse algunos puentes”.

Sin embargo, varios dirigentes indígenas se oponen al diálogo con el gobierno de Correa debido a que existen varios temas conflictivos que afectan en la actualidad a los pueblos indígenas. Por ejemplo, el tema de las concesiones mineras, la explotación petrolera, la persecución y los juicios contra dirigentes indígenas, entre otros.

La dirigente indígena y congresista del movimiento Pachakutik, Lourdes Tibán, opinó que antes del diálogo, el movimiento indígena debe establecer condiciones al gobierno ecuatoriano.

Lourdes Tibán criticó duramente al mandatario Rafael Correa.  “Es un lobo vestido con piel de oveja. Intenta hacernos creer que es socialista, pero su proyecto político y su línea de acción es sin duda de derecha”, señaló la dirigente indígena. (PULSAR)