Periodistas comunitarios y corresponsales de una radio comunitaria fueron víctimas de agresiones por parte de miembros del Concejo Municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango, en Guatemala.

Los funcionarios reaccionaron violentamente a la reapertura de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’.

Por órdenes del alcalde Diego Marcos, la emisora fue clausurada desde el pasado 20 de enero.

Sin embargo, la mañana del 19 de Marzo, las autoridades ancestrales de Huehuetenango, con base en el Derecho Maya, realizaron la reapertura del medio.

Al acto público fueron invitados el alcalde y el Concejo Municipal, quienes durante su intervención empezaron a provocar a los pobladores y a insultar a los trabajadores de la emisora comunitaria.

El alcalde Marcos dijo que permitiría que la radio continúe trabajando, si a cambio se despedía a todos los trabajadores. Lo grave del caso es que algunos de los miembros del Concejo portaban armas de fuego.

Posteriormente, el funcionario junto a sus concejales y trabajadores arremetieron en contra de los vecinos y los reporteros presentes, entre lo que se encontraban representantes de medios extranjeros.

Durante el hecho, Ana Lucía Ixchíu Hernández, de Prensa Comunitaria, y Jeff Aboot, de la Oficina de Prensa para América Latina (OPAL), con sede en Chile, resultaron con golpes.

El alcalde electo por la UNE (2011-2015) y que busca su reelección por el partido LIDER, argumenta que solo una resolución judicial permitirá el relanzamiento de la radio. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Un tribunal penal declaró culpable al ex jefe policial Pedro García Arredondo por el asesinato de 37 personas en la embajada de España en Guatemala. Este hecho ocurrió hace 35 años, el 31 de enero de 1980.

“El acusado incurrió en los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad”, expresó el Tribunal durante la lectura de la sentencia.

Para la Fiscalía, fue García Arredondo quién dio la orden de incendiar el consulado español ya que, por aquellos años, éste dirigía un comando de la Policía Nacional.

“El ex funcionario utilizó los medios para asegurarse de la muerte de quienes se encontraban dentro de la embajada”, añade el fallo de los tres magistrados del tribunal.

La masacre se registró cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar de Guatemala, en 1980, asaltaron la embajada española, después de que fuera ocupada por campesinos que denunciaban la represión militar.

En el asalto murieron quemadas 37 personas, entre ellas el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol Soler, y sus compatriotas y empleados de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.

El tribunal penal describió la tragedia como “una operación policial clandestina”, ejecutada por la Policía Nacional, que “evitó el ingresó de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro y periodistas” a la embajada.

Cabe mencionar que el ex jefe policial fue capturado en el 2011 y sentenciado al año siguiente, a 70 años de prisión por la desaparición del estudiante universitario Edgar Saenz Calito el 9 de junio de 1980.

El embajador de España en Guatemala en aquel momento, Máximo Cajal y López, y el campesino guatemalteco Gregorio Yujá fueron los únicos supervivientes de aquel asalto.

Sin embargo, el campesino Yujá fue secuestrado dos días después de la masacre y su cuerpo apareció, con signos de tortura, el 2 de febrero de 1980.

Aquel día también murieron quemados Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú.

Ella fue la primera testigo de la fiscalía en contra del exjefe policial.

“Creemos que es una sentencia importante. Hemos pedido la verdad, nos han estigmatizado estos 35 y hoy la verdad es lo que invade nuestras casas”, opinó, al respecto de la sentencia, Rigoberta Menchú. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pidió disculpas a las 33 comunidades de Rabinal por las violaciones cometidas contra indígenas Achí.

Estas violaciones a los derechos indígenas se cometieron durante la construcción de la hidroeléctrica Chixoy en 1975.

La represa, considerada la más grande de Centroamérica, fue construida a finales de la década de 1970, provocando el desplazamiento de comunidades enteras de descendientes mayas.

Los habitantes que se negaron a abandonar sus tierras fueron masacrados por el ejército guatemalteco con la excusa de que estaban vinculados con la guerrilla. Así lo ha reconocido el propio Estado.

“Pido las disculpas por los atropellos y violaciones a los derechos humanos que sufrieron cada una de las comunidades y lo hago en nombre del Estado de Guatemala”, dijo el presidente Pérez Molina.

Paradójicamente, tres décadas después la mayoría de las comunidades, integradas por unas 6 mil familias, carecen de servicios básicos como energía eléctrica.

Por su parte, Juan de Dios García, representante de los indígenas guatemaltecos, denunció que la construcción de la represa violó los derechos humanos de pueblos enteros.

Acusó al Banco Interamericano de Desarrollo, por financiar la construcción. “Fueron cómplices de todas las violaciones a derechos humanos que sufrimos”, señaló Dios García.

Las comunidades y el gobierno de Guatemala participaron en la presentación pública del acuerdo para el Plan de reparaciones que asciende a 153 millones de dólares.

El dinero será entregado en un plazo de 15 años para las 33 comunidades. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

Recientemente, el Congreso de los Diputados de Guatemala otorgó vía libre a la manipulación genética de vegetales, a través de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, que empezó a ser conocida como la “Ley Monsanto”.

En los últimos días, las asociaciones de campesinos e indígenas de Guatemala han realizado diversas movilizaciones en el país, para quejarse contra esta ley.

Las organizaciones afirman que la ley permite a cualquiera patentar nuevas semillas usando como base los elementos genéticos de varios cultivos guatemaltecos, entre ellos el maíz.

Las principales organizaciones que alertan sobre el ingreso masivo de productos transgénicos son el Observatorio de Pueblos Indígenas, y el movimiento nacional Alianza Por la Vida.

De igual manera, se pronunciaron más de veinte organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos.

Los diarios y televisoras de Guatemala, así como las propias organizaciones sociales, bautizaron a la mencionada ley como “Ley Monsanto”.

De esta manera criticaron a la corporación transnacional Monsanto que se dedica a la creación y manipulación de nuevos cultivos con modificaciones genéticas.

Según las organizaciones indígenas, la empresa Monsanto podría apropiarse de las variedades agrícolas de Guatemala.

Las organizaciones indígenas anunciaron que irán a la Corte de Constitucionalidad para exigir la derogación de la ley. (Agencia Púlsar)

Por Rosalinda Hernández Alarcón*

El fallo de tres magistrados no ha acabado una lucha de años de miles de personas.

La anulación del juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt de ninguna manera significa que las mujeres y hombres que dieron su testimonio estén derrotados.

Su convicción de seguir demandando justicia la reiteraron en el Encuentro Internacional de Justicia en Transición, realizado en la ciudad de Guatemala los pasados 14 y 15 de noviembre, donde también se destacó el compromiso político que enfrentan las organizaciones sociales dispuestas a continuar la tarea titánica de derribar la impunidad y recuperar la verdad histórica en este país centroamericano, lo que implica actuar cerca y junto a las personas sobrevivientes del genocidio.

Doña Juana, quien testificó acerca de las agresiones que sufrió como mujer, junto a su mamá, tías y vecinas, solicitó a organizaciones nacionales e internacionales que continúen acompañando su lucha por la justicia y por la paz, ambos derechos que les han negado como pueblo y como mujeres, durante la guerra y en la actualidad.

Con voz firme, reiteró que sus testimonios fueron verdad: “No somos mentirosos ni calumniadores, hemos sufrido mucho y vamos a seguir pidiendo justicia”. Expresó su preocupación por la violencia que viven en sus comunidades, donde se sienten amenazados por los ricos por la construcción de grandes hidroeléctricas, y porque el gobierno está prometiendo miles de quetzales a ex patrulleros.

En esta actividad se analizó en especial los caminos que siguieron las mujeres ixiles en la búsqueda de justicia, así como los que están realizando otras mujeres de diferentes departamentos del país, quienes fueron violadas sexualmente por soldados durante la guerra.

En las reflexiones, la abogada feminista Lillian Velásquez demostró cómo en el juicio contra Ríos Montt la violencia sexual dejó de ser ignorada y subsumida en otros delitos.

Explicó que a partir de los testimonios en ese proceso judicial, la violencia sexual quedó demostrada como un patrón sistemático, y ello ocurrió porque mujeres valientes traspasaron barreras, rompieron el silencio y gritaron al mundo su historia, misma que militares y sectores de poder han querido ocultar durante décadas, pero en la actualidad más mujeres están dispuestas a denunciar tales hechos, en tanto han descubierto que es posible sanar heridas a través de la búsqueda de justicia.

Entre las reflexiones destaca lo expresado por Francisca Gómez, quien afirmó que a la sociedad civil organizada le corresponde hacer un blindaje social a favor de la justicia y la memoria, “luchando contra el olvido y el miedo”, ya que es necesario tomar en consideración que en Guatemala las víctimas del genocidio han tenido que enfrentar muchos obstáculos, los cuales no han terminado.

Expresó su preocupación, igual que otra investigadora, Aura Cumes, por las tensiones que se vive en las comunidades y por la remilitarización que afecta a las comunidades indígenas.

Dos conclusiones más de este encuentro: corresponde a la ciudadanía organizada continuar exigiendo el libre acceso a la información y condenar a los medios que mientan porque representa una violación a los derechos ciudadanos.

Haber sentado en el banquillo de los acusados a Ríos Montt ha abierto puertas para otros casos de delitos contra deberes de la humanidad. Este encuentro fue convocado por CALDH, espacio que abrió además la posibilidad de conocer experiencias de procesos judiciales por graves violaciones a derechos en Argentina, Perú y Ruanda.

*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista La Cuerda.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) otorgó un recurso de amparo que podría permitir que el exdictador sea beneficiado con una amnistía.

Efraín Ríos Montt fue sentenciado el pasado 10 de mayo a una condena de 80 años en prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Diez días después, la CC anuló la sentencia y citó que durante el juicio “no se cumplió con el debido proceso”. El juicio tiene fecha de reanudación para abril del 2014.

El recurso de amnistía fue solicitado por la defensa de Ríos Montt, ya que la figura legal se decretó en 1986 en favor de de guerrilleros y militares que fueron partícipes del último conflicto en Guatemala, de 1960 a 1996.

Sin embargo, el decreto fue anulado en 1996 y excluye de amnistía a responsables de genocidio, tortura y desaparición forzada.

El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, mismo que condenó al exjefe de Estado el 10 de mayo pasado, deberá emitir una resolución en los próximos días. (PÚLSAR)

Por Rosalinda Hernández Alarcón*

En días recientes se hizo evidente cómo mujeres campesinas en Guatemala avanzan en su capacidad organizativa, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre.

En especial, la Articulación Nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, constituida por 50 agrupaciones de seis regiones, dio a conocer los planteamientos que unificarán su acción, mismos que han venido construyendo ellas mismas a partir de sus análisis políticos, rasgo que denota su autonomía.

Las integrantes de esta alianza se distinguen de otras porque están dispuestas a exigir sus demandas específicas como mujeres indígenas y campesinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido en sus vidas estar subordinadas y discriminadas en el ámbito privado y en todos los espacios públicos. Ellas se proponen tener más poder.

Y qué significa el empoderamiento para estas campesinas organizadas: “Es reconocer nuestras habilidades, capacidades y aportes que damos en la familia y en la economía, tener firmeza con nuestra identidad, vernos como mujeres, estar dispuestas a compartir conocimientos, tener madurez política y autoridad”.

Es decir, entienden como parte del ejercicio de su ciudadanía el fortalecimiento de su liderazgo sin reproducir los comportamientos patriarcales; en suma, rechazan las actuaciones políticas que fomentan la dependencia, alientan las rivalidades y reproducen las jerarquías machistas.

Entre las exigencias de esta articulación sobresale una política pública de acceso a tierra, que incluya la dotación de terrenos fértiles a precios simbólicos, que cuenten con servicios y vías de comunicación, les asignen subsidios suficientes y asesorías de calidad, y les reconozcan como propietarias sin intermediarios (por ejemplo tener compañero de vida).

En otras palabras, requieren una nueva entidad que corrija todos los errores y abusos cometidos por el Fondo de Tierras, que discriminó a las mujeres sin hijas e hijos, ignoró las solicitudes de campesinas organizadas, vendió parcelas de mala calidad y negó apoyos oportunos.

En los últimos dos años el Fondo de Tierras no ha adjudicado terrenos, a pesar de que en Guatemala existe una elevada demanda insatisfecha de familias sin tierra para producir.

Aunque la ley establece que las campesinas con hijas e hijos serán reconocidas como propietarias en caso de que no tengan pareja, y como copropietarias si viven con su cónyuge, en 2011 entregó dos fincas sólo a hombres.

Existen varios estudios que demuestran el fracaso de dicho fondo, de tal manera que al no existir ninguna institución encargada de la dotación de tierras es muy pertinente que el Ejecutivo apruebe una política específica para campesinas, cuyo enfoque busque superar los elevados índices de desigualdad que existen entre mujeres y hombres propietarios.

La solicitud ya fue presentada a la oficina de la encargada del Gabinete de la Mujer.

Bien merece ser escuchada la Articulación Nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, misma que también demanda la anulación de las licencias de los megaproyectos porque –además de destruir bienes naturales– están generando más violencia contra las mujeres, explotación sexual comercial y trata de personas; violentan la decisión de pueblos indígenas e imponen un ambiente hostil por la presencia de fuerzas armadas del gobierno y privadas. (CIMAC NOTICIAS)

*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista La Cuerda.

 Este martes, el periodista guatemalteco Luis de Jesús Lima, de 68 años, fue asesinado cuando se dirigía a la estación de Radio Sultana, en el departamento de Zacapa, al sureste de Guatemala.

El también locutor de radio fue atacado a tiros por dos hombres que iban en motocicleta según las primeras investigaciones del Ministerio Público.

Con Luis de Jesús Lima, suman tres comunicadores guatemaltecos asesinados este 2013; en abril murió a tiros Luis Alberto Lemus Ruano, exdirector y exproductor de un programa de televisión y semanas antes falleció en circunstancias similares el periodista Napoleón Jarquín Duarte.

De acuerdo al diario guatemalteco Siglo 21, Luis de Jesús Lima dirgiía un programa matutino en el que hacía entrevistas a personales locales destacados.

Desde enero del 2012, fecha en la que el presidente Otto Pérez Molina llegó al poder, la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), tiene registradas cuatro denuncias de amenazas de muerte a periodistas por su actividad profesional. (PÚLSAR)

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La serie radiofónica “El silencio duele” cruza fronteras con su lanzamiento en Nicaragua, Guatemala y México.

La producción costarricense busca crear conciencia sobre la trata de personas y se basa en historias reales de mujeres y hombres víctimas de este fenómeno.

Se estima que a nivel mundial cerca de 4 millones de personas son víctimas de trata; mujeres y hombres son obligados a salir de sus hogares y les utilizan como una mercancía para fines laborales, comerciales o sexuales.

“El silencio duele” surgió como una alianza entre el Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Organización Internacional para las Migraciones (OIN).

La directora de Voces Nuestras, Maritza Salgado, comentó que esta serie radiofónica producida en Costa Rica pretende fomentar la prevención y que las personas se informen sobre las formas de operar de los tratantes.

“Nuestro público principal son las personas que viven en lo rural y son las personas que tienen más posibilidades de caer en este tipo de problema”, indicó.

Los capítulos de “El silencio duele” son basados en historias verdaderas de sobrevivientes a la trata.

Puede descargarse en el sitio www.vocesnuestras.org y su distribución es libre y gratuita. (VOCES NUESTRAS/PÚLSAR)

Organizaciones de mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala denunciaron que los casos de femicidio/feminicidio y de violencia contra las mujeres han aumentado, pese a la existencia de leyes y mecanismos que tipifican los crímenes y marcan las pautas para prevenirlos.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras señaló que entre 2005 y 2012, los asesinatos de mujeres han aumentado 3% cada año. En promedio, anualmente 51 mujeres pierden la vida de forma violenta en ese país centroamericano.

En El Salvador, el Centro de la Mujer (Cemujer) denunció también un aumento del número de casos en ese país, al registrar 274 en los primeros seis meses del 2013.

Mientras tanto, en Guatemala el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), reportó al menos 403 muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2013, 66 más que las registradas en 2012 en el mismo periodo.

En este país existe una Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, que lo tipifica y define a la saña y la misoginia como elementos clave en la resolución de casos.

La Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua (RMCV) también reportó que en ese país los asesinatos dolosos contra mujeres por razón de género aumentó en los últimos meses; 43 mujeres fueron asesinadas entre enero y junio de este año, ocho más que las reportadas en el mismo periodo de 2012.

Carola Brantome, integrante de la RMCV, señaló en días pasados que se iban a agudizar protestas en todo el país respaldar la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

En un comunicado, la Red señaló que el aumento en el número de casos se debe a la falta de aplicación correcta de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, que entró en vigor en julio de 2012. (CIMAC NOTICIAS/PÚLSAR)