La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró el llamado “Sitio de la Memoria” en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como parte de una política nacional de honor a las víctimas del terrorismo de Estado.

Esta escuela fue uno de los mayores centros clandestinos de detención que existió durante la última dictadura militar (1976-1983) en dicho país.

El ESMA fue un centro de torturas a donde fueron llevados alrededor de cinco mil presos políticos. Muchos argentinos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o tirados vivos al mar.

El Sitio de la Memoria responde a un reclamo histórico de organismos de derechos humanos argentinos.

La presidenta argentina explicó que la historia de la exESMA no puede permanecer oculta, ya que no es “un simple edificio” ni un museo, sino un lugar que debe servir para albergar la memoria.

“Tenemos ante la humanidad la enorme responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos humanos”, advirtió Cristina Fernández.

Pidió que dicha tarea no puede quedar sólo en manos del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

“Es el pueblo el que se tiene que empoderar de su propia historia, hacerse cargo de las cosas que nos pasaron, de la tragedia”, dijo la mandataria.

Recordemos que en 2004, su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado, por los secuestros, torturas, asesinatos, robo de niños nacidos en los centros clandestinos de detención y la obstaculización durante décadas de la aplicación de la justicia. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó recientemente que la Constitución Bolivariana de Venezuela constituye un tratado de defensa de los Derechos Humanos (DDHH).

“Esa esencia garantista de los derechos fundamentales está plasmada, directa e indirectamente, en 286 artículos de los 336 que componen la Carta Magna”, mencionó la fiscal.

“Nuestros funcionarios de la Guardia Nacional Boliviarian están preparados y formados y se continúan preparando y formando en materia de Derechos Humanos”, añadió la Fiscal General.

Ortega asistió a la segunda jornada de formación en materia de derechos humanos y facilitadores en la articulación social para las unidades y dependencia administrativas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La fiscal reiteró que la Carta Magna venezolana es considerada la constitución más garantista de los derechos fundamentales del mundo.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, señaló que “la Constitución Bolivariana de Venezuela, desde su preámbulo hasta sus disposiciones finales tiene un eje transversal y es el respeto y garantía de los derechos humanos”, indicó.

“Independiente de lo que se diga en contra de la Patria, somos un Estado, somos un país, somos una nación, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana respetuosa de los derechos humanos”, agregó Tarek Willian. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escogió la ciudad de Cartagena para realizar la edición número 52 de su Período Extraordinario de Sesiones.

La CIDH realizará cuatro audiencias de procesos que se encuentran en trámite, específicamente, de cuatro casos de El Salvador, Guatemala, Chile y Ecuador.

“Lo que va a ocurrir en Cartagena entre el 20 y 24 de abril es que viene la CIDH con sus siete magistrados y van a sesionar con los abogados de las víctimas y de los Estados demandados”, comentó Irina Junieles, defensora del pueblo de Bolivar.

“El desarrollo de estas audiencias en Cartagena permitirá que se desarrolle en la ciudad un escenario que va a servir para que la ciudadanía sepa que tiene esas herramientas, que puede acudir a ellas”, explicó Junieles.

Por su parte, Humberto Sierra Porto, presidente de la CIDH, destacó el esfuerzo que hace Colombia en integrarse a la comunidad internacional.

“Es un país con muchísima capacidad, sin duda alguna harán que los procesos y dificultades institucionales y sociales que se le presenten, las puedan resolverla de la mejor forma”, indicó Sierra Porto.

Asimismo destacó la importancia de las sesiones de la corte en diferentes sedes, para que la población conozca las funciones del sistema.

Además en el quinto día del evento se realizará el seminario “Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, considerado vital para el proceso de reparación que atraviesa la población colombiana.

“En esta ocasión dedicaremos el último día de nuestras sesiones a la elaboración de un seminario en el cual trabajaremos dos grandes temas: Justicia transicional y Reparaciones”, manifestó Sierra Porto.

Con ello, los miembros de la CIDH dejaron claro que darán instrumentos o herramientas jurídicas para que las víctimas del conflicto interno sean reparadas. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Teodoro Obiang Nguema en el poder más de 35 años

La corrupción, la pobreza y la represión que azota Guinea Ecuatorial fueron enmascarados por una ola de glamour durante el reciente del Carnaval de Río 2015, donde se declaró como vencedora a la Escuela de samba Beija-Flor.

La controversia en torno a esta escuela de Nilópolis y el dictador Teodoro Obiang Nguema, en el poder durante más de 35 años, se produjo después de difundirse el patrocinio entre cinco y diez millones de dólares que recibio la escuela

En un comunicado, Beija-Flor afirma haber recibido “apoyo cultural y artístico por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial con el objetivo de difundir la historia de los pueblos africanos”, señala.

La escuela de samba no confirmó la cantidad recibida por el gobierno de Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, las principales criticas se centran en que en dicho país existe una pequeña élite enriquecida con la exploración de petróleo, que desde 1995 se ha convertido en el oro negro de Guinea Ecuatorial.

Datos de Naciones Unidas (ONU) indican que menos de la mitad de la población de Guinea Ecuatorial tiene acceso al agua potable y casi el diez por ciento de los niños mueren antes de cumplir cinco años.

Además de las malas condiciones, el gobierno de Teodoro Obiang sigue acusado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional de graves violaciones de los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. (Pulsar Brasil)

Piedad Córdoba, exsenadora colombiana y defensora de derechos humanos, reivindicó las posibilidades que que ofrece el socialismo como un sistema puesto al servicio de las grandes mayorías.

Manifestó que el socialismo es la vía para dignificar la vida del pueblo y sus necesidades.

 “Nosotros reivindicamos el buen vivir, nosotros reivindicamos las alternativas del socialismo, nosotros reivindicamos al socialismo como real posibilidad de recuperar los derechos humanos de los ciudadanos y de los pueblos”, expresó Córdoba.

La activista colombiana participó este lunes en el seminario internacional “Neoliberalismo y Derechos Humanos: Hablan las víctimas” realizado en la ciudad de Caracas.

Allí, Córdoba denunció que el neoliberalismo ha convertido derechos sociales, como la salud y educación, en un negocio. También advirtió que el neoliberalismo no es una amenaza del pasado.

“Mientras el neoliberalismo defiende la libertad de empresa, el socialismo garantiza los derechos sociales, culturales, salud y vivienda del pueblo”, opinó la activista colombiana.

De igual manera, Córdoba denunció que la extrema derecha de Venezuela tiene un plan desestabilizador en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Dijo que existe una “derecha continental que está muy desesperada porque perdió el poder en sus países y que quiere recobrarlo no por la democracia o la libertad”.

“La preocupación y la desestabilización contra Venezuela tiene que ver con los hidrocarburos, tiene que ver con la riqueza petrolera de este país”, señaló la activista. (Agencia Púlsar)

Un tribunal penal declaró culpable al ex jefe policial Pedro García Arredondo por el asesinato de 37 personas en la embajada de España en Guatemala. Este hecho ocurrió hace 35 años, el 31 de enero de 1980.

“El acusado incurrió en los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad”, expresó el Tribunal durante la lectura de la sentencia.

Para la Fiscalía, fue García Arredondo quién dio la orden de incendiar el consulado español ya que, por aquellos años, éste dirigía un comando de la Policía Nacional.

“El ex funcionario utilizó los medios para asegurarse de la muerte de quienes se encontraban dentro de la embajada”, añade el fallo de los tres magistrados del tribunal.

La masacre se registró cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar de Guatemala, en 1980, asaltaron la embajada española, después de que fuera ocupada por campesinos que denunciaban la represión militar.

En el asalto murieron quemadas 37 personas, entre ellas el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol Soler, y sus compatriotas y empleados de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.

El tribunal penal describió la tragedia como “una operación policial clandestina”, ejecutada por la Policía Nacional, que “evitó el ingresó de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro y periodistas” a la embajada.

Cabe mencionar que el ex jefe policial fue capturado en el 2011 y sentenciado al año siguiente, a 70 años de prisión por la desaparición del estudiante universitario Edgar Saenz Calito el 9 de junio de 1980.

El embajador de España en Guatemala en aquel momento, Máximo Cajal y López, y el campesino guatemalteco Gregorio Yujá fueron los únicos supervivientes de aquel asalto.

Sin embargo, el campesino Yujá fue secuestrado dos días después de la masacre y su cuerpo apareció, con signos de tortura, el 2 de febrero de 1980.

Aquel día también murieron quemados Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú.

Ella fue la primera testigo de la fiscalía en contra del exjefe policial.

“Creemos que es una sentencia importante. Hemos pedido la verdad, nos han estigmatizado estos 35 y hoy la verdad es lo que invade nuestras casas”, opinó, al respecto de la sentencia, Rigoberta Menchú. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

En el Perú, durante el 2014, el teatro La Plaza presentó, a decir de muchos críticos de teatro, la obra más importante del año: “La Cautiva”.

Sin embargo, la ovación que esta recibió no significó nada para la Policía, el Ministerio del Interior y la Procuraduría Antiterrorismo.

Dichas instituciones están investigando a la obra teatral por supuestamente incurrir en el delito de “apología al terrorismo”.

De acuerdo con una investigación realizada por el programa de televisión “Panorama”, un alto oficial inició una investigación sobre la obra, llena de simbolismos y metáforas.

En el documento, se acusa a los productores de la obra teatral de ser “proterroristas” y muestra como supuestas “pruebas” los cánticos y vivas que recitan los actores, sin tomar en cuenta el contexto.

“La cautiva” fue escrita por Luis Alberto León y dirigida por Chela de Ferrari. Está ambientada en una morgue de Ayacucho en 1984, a la que llega el cadáver de María Josefa (Nidia Bermejo), una adolescente de 14 años, hija de terroristas, que ha sido asesinada por las fuerzas del orden.

Por su parte el Ministerio de Cultura calificó a la obra ‘La Cautiva’ como una “creación de carácter cultural, pues a través de una representación ficcional, inspirada en un hecho que forma parte de nuestra historia reciente”.

En medio del debate público, el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorismo, Marcos Ibazeta, cuestionó la investigación de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Procuraduría Antiterrorismo, por orden del Ministerio del Interior a la obra.

Ibazeta consideró que la Dircote “se equivocó tremendamente” en dicha indagación pues da la impresión de que el Perú “tiene un sistema de seguridad desconcertado” y “perdido en objetivos”.

“Si van a perseguir e investigar a los de La Cautiva, entonces tendrían que perseguir a todos los de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) porque han hecho obras teatrales mucho más abiertas”, señaló. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al presidente  de Estados Unidos, Barack Obama, que realice una presión política al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

La exigencia de Human Rights Watch es que Peña Nieto atienda “con mayor seriedad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en México.

A través de una carta pública, José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, recordó los graves casos de atentados contra los derechos humanos que se han producido en México.

Por ejemplo, la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero.

Human Rights Watch detalla que en el caso de Ayotzinapa están involucrados los policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, quienes atacaron y secuestraron a 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Vivanco resaltó que el presidente Peña Nieto, al asumir la presidencia, reconoció los problemas de derechos humanos que se vivían en México. El mandatario se comprometió a adoptar medidas para remediar ese problema.

Sin embargo, “en la práctica su gobierno no ha concretado sus propias iniciativas”, aseveró el directivo de Human Rights Watch.

Sobre el tema, el Director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDH), Edgar Cortés, opinó que existen diversos factores que se han conjugado al mismo tiempo.

Por ejemplo, la existencia de una policía corrupta, y la complicidad con el narcotráfico, que han rebasado a la autoridad local. (Agencia Púlsar)

Las autoridades chilenas anunciaron la capacitación de funcionarios estatales sobre temas de no discriminación.

Este anuncio está relacionado con el caso de la jueza Karen Atala. En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, falló a favor de la jueza, estableciendo que hubo vulneración de sus derechos y los de sus hijas, por parte del Estado chileno.

El caso se originó debido a la opción homosexual de la magistrada. En esa oportunidad, la Corte Interamericana consideró que hubo violación al derecho a la vida privada.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció la capacitación de funcionarios estatales  como parte de la exigencia que planteó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia establecía que se debía implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos.

El ministro Gómez reconoció que los casos de discriminación que fueron denunciados, obligaron a las autoridades “a reflexionar”.

Gómez señaló que el objetivo es que todos los funcionarios públicos tengan conocimiento claro sobre sus obligaciones en materia de no discriminación”. (Agencia Púlsar)

La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México (RNDDHM) se sumó a la exigencia nacional e internacional de que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

En un comunicado, la Red de Derechos Humanos condenó los hechos del pasado 26 de septiembre cuando desaparecieron los estudiantes.

En aquella oportunidad también fueron ejecutados otros tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y 20 más resultaron heridos.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de México, las investigaciones indican que  el ataque fue realizado por miembros de la policía municipal en complicidad con un grupo del crimen organizado.

“Esa es una situación grave y por lo tanto, estamos denunciando la negligencia del Estado mexicano”, declaró el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez López.

Por su parte, la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, envió una carta a la vicepresidenta del Parlamento de la Unión Europea, Ulrike Lunacek. En la carta señalan que las autoridades federales no actuaron inmediatamente.

De igual manera, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, emitieron un pronunciamiento pidiendo que se esclarezca la desaparición de los estudiantes. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)