La Constitución Federal de 1988 de Brasil es clara en su artículo quinto: “existe la libre expresión de la comunicación intelectual, artística, científica, a pesar de la censura o licencia”.

Sin embargo, en Brasil, la interpretación de la ley no siempre garantiza los derechos básicos.

Es el caso, por ejemplo, de la Radio Comunitaria Libre Coité FM, ubicada en Coité de Concepción, en la ciudad de Bahía.

Desde hace 17 años, la estación realiza el servicio de radiodifusión comunitaria en las zonas más pobres de la ciudad.

Hace 15 años la radio presentó una solicitud de concesión a la Secretaría de Comunicaciones, pero hasta la fecha no se le concedió la petición.

En marzo, Coité FM recibió un golpe de las autoridades judiciales. El comunicador y ex director de la radio, Zacarías de Almeida da Silva, conocido como Piter Junior, fue condenado por el delito de operación ilegal de difusión radial.

En la sentencia, Piter fue condenado a dos años de prisión. Luego, la pena fue reemplazada por un servicio comunitario y al pago de diez mil reales.

Ahora, la historia de Piter en los tribunales se repite con el actual presidente de la Asociación Comunidad Coité, Nubia Oliveira da Silva que enfrenta un proceso penal por el presunto delito contra las telecomunicaciones.

Estos constante litigios han puesto en peligro la continuidad de Radio FM Coité.

En una entrevista con Púlsar Brasil, el comunicador Piter Junior dijo que la Asociación está contemplando la posibilidad de trabajar en la radio solamente a través de la web.

Sin embargo, varios miembros de la Asociación dudan de la idea debido al alcance limitado del internet y porque la audiencia principal de la estación aún no está plenamente conectada a la web.

Ante este problema, varias entidades vinculadas a la democratización de la comunicación han mostrado su pleno apoyo a FM Radio Coité.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) emitió una carta de repudio a la decisión de las autoridades judiciales. Además, el caso fue debatido en el segundo Encuentro Nacional por el Derecho a la Comunicación que se realizó en abril en Belo Horizonte.

El caso de Coité FM se ha convertido actualmente en una lucha emblemática en el campo de la comunicación comunitaria.

El comunicador Piter Junior reafirma su sueño de legalizar Coité FM para que todas las voces sean libres de expresarse. (Púlsar Brasil)

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En Río de Janeiro, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) a menudo son denunciadas por abuso de autoridad y actos de violencia.

En la noche del pasado martes 12, varios residentes de una comunidad pacífica en el Complejo de Alemao, denunciaron que fueron víctimas de la policía.

Varios vecinos terminaron en la comisaría luego de ser acusados de desobediencia.

El Complejo de Alemao es un conjunto de favelas ubicado al norte de la ciudad de Río de Janeiro

El periodista y reportero gráfico, Carlos Coutinho, es miembro del grupo de comunicación independiente “Papo Reto” y fue testigo de los hechos.

Coutinho afirma que que durante la operación policial fue objeto de abuso por parte de un teniente de nombre Yago, que es el comandante adjunto de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Alemao.

Según el testimonio del comunicador, los efectivos policiales realizaorn una serie de actitudes abusivas.  Al darse cuenta de la conducta del teniente Yago, Carlos Coutinho decidió grabar la discusión.

El comunicador considera que la población de las favelas tienen que estar más informados sobre sus derechos, para poder enfrentar este tipo de situaciones en que se vulneran sus derechos.

Muchas veces los residentes de las favelas permiten estos abusos policiales y no realizan las denuncias debido a que no saben cuáles son sus derechos.

Actualmente en Río de Janeiro, existen 38 Unidades de Policía Pacificadora (UPP) conformadas por más de nueve mil 543 agentes policiales.

La instalación de estas unidades ha sido establecida por el gobierno como una de las medidas de seguridad de los megaeventos deportivos, tanto para la pasada Copa del Mundo del 2014 como para los próximos Juegos Olímpicos del 2016. (Púlsar Brasil)

Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas

El día a día de quien trabaja como vendedor ambulante en la ciudad de Rio de Janeiro,  está marcado por la fuerte represión de la Guardia Municipal. Los vendedores enfrentan la actual dificultad de legalizar su actividad.

Estos fueron los principales temas tratados durante el lanzamiento del dossier titulado: Violaciones  del derecho al trabajo en la Ciudad de los vendedores ambulantes de Río de Janeiro, realizado el martes 17 de este mes, en dicha ciudad.

En la mess de debate participaron el trabajador ambulante Idison José da Silva; el profesor de sociología en la Universidad Federal Fluminense (UFF), Daniel Hirata; la integrante del Comité Popular de la Copa y los Juegos Olímpicos, Mariana Werneck; y la representante del Movimiento Unido de Vendedores Ambulantes (MUCA) María dos Camelos.

El dirigente ambulante Idison José da Silva señaló la necesidad de que el gobierno de Brasil adopte una política de reforma urbana y de orden social. Esta política no debe discriminar a los trabajadores ambulantes a cambio de  un embellecimiento de la ciudad.

El tema de la violencia utilizada por la Guardia Nacional durante los operativos de vigilancia también fue objeto  de críticas.

La representante del MUCA cuestionó el uso de armas no letales por parte de la Guardia Nacional. Estas armas  causan daño físico y significa una fuerza excesiva para hacer frente al vendedor ambulante.

También declaró a Púlsar Brasil que el Movimiento Unido de Vendedores Ambulantes se está preparando para los próximos Juegos Olímpicos que se desarrollarán en el país en el 2016.

Según ella, la ciudad ha dejado claro que quiere “ciudad limpia” y eso significa que los vendedores sin licencia deben ser fuertemente reprimidos.

Los ambulantes opinaron que con el Dossier lanzado públicamente tendrán más voz para el diálogo con el gobierno. El objetivo de los ambulantes es que se escuche sus reivindicaciones de la clase.

El documento fue entregado al Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro, al Secretario de Orden Público, Leandro Goncalves Matieli, y el alcalde Eduardo Paes.

El expediente también contiene una serie de denuncias de violaciones de los derechos causados ??durante los grandes eventos deportivos. (Púlsar Brasil)

Teodoro Obiang Nguema en el poder más de 35 años

La corrupción, la pobreza y la represión que azota Guinea Ecuatorial fueron enmascarados por una ola de glamour durante el reciente del Carnaval de Río 2015, donde se declaró como vencedora a la Escuela de samba Beija-Flor.

La controversia en torno a esta escuela de Nilópolis y el dictador Teodoro Obiang Nguema, en el poder durante más de 35 años, se produjo después de difundirse el patrocinio entre cinco y diez millones de dólares que recibio la escuela

En un comunicado, Beija-Flor afirma haber recibido “apoyo cultural y artístico por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial con el objetivo de difundir la historia de los pueblos africanos”, señala.

La escuela de samba no confirmó la cantidad recibida por el gobierno de Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, las principales criticas se centran en que en dicho país existe una pequeña élite enriquecida con la exploración de petróleo, que desde 1995 se ha convertido en el oro negro de Guinea Ecuatorial.

Datos de Naciones Unidas (ONU) indican que menos de la mitad de la población de Guinea Ecuatorial tiene acceso al agua potable y casi el diez por ciento de los niños mueren antes de cumplir cinco años.

Además de las malas condiciones, el gobierno de Teodoro Obiang sigue acusado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional de graves violaciones de los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. (Pulsar Brasil)

Desde la izquierda: Carlos Alberto Almeida, André Barbosa, Evelin Maciel, Ana Rita, Paulo Miranda e Valter Sanches (foto: Waldemir Barreto/Agencia Senado)

La Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado, realizó este lunes 15, una audiencia pública para discutir el papel de la televisión comunitaria, en el marco del fortalecimiento de la comunicación como un derecho fundamental.

Durante la reunión se decidieron realizar tres demandas principales al gobierno brasileño. Por ejemplo, la creación de un fondo nacional de apoyo a los medios de comunicación de la comunidad.

De igual manera, la asignación del espectro de canales alternativos y la revisión de la cantidad pagada por la publicidad oficial.

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Ana Rita, es necesario invertir en otra forma de comunicación porque es importante aumentar el derecho de opinión y de expresión.

Para la senadora, los medios de comunicación alternativos tienen un papel importante para la sociedad, ya que muestran la posibilidad de otro tipo de comunicación, donde el foco está en el ser humano como productor de cultura y no sólo como un consumidor.

El presidente de la Asociación Brasileña de Canales Comunitarios (ABCom), Paulo Miranda, dijo que la inversión en canales comunitarios favorecen la democratización de los medios, y también la creación de nuevos puestos de trabajo.

Manifestó que, hoy en día, existen cerca de un centenar de radios comunitarias que operan en el  Brasil y el fortalecimiento de este sector podría generar alrededor de 200 mil puestos de trabajo. (Púlsar Brasil)

El éxodo rural continúa provocando que más gente del campo se dirija hacia las ciudades de Brasil.

Esa es una de las conclusiones de la investigación llamada: “El mercado de trabajo asalariado rural en Brasil”, realizado por el Departamento de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos y publicado en la última semana.

Según el documento, la población rural ocupada en Brasil, se redujo de 18 millones en 2004 a 13 millones en el año 2013.

Entre otros puntos, la investigación también recuerda que en 1960, el 63,8 por ciento de la población vive en zonas rurales contra un 36,2 por ciento en las ciudades.

Sin embargo, medio siglo más tarde, el 85 por ciento de los brasileños viven en áreas urbanas frente a un 15 por ciento en el campo.

Uno de los responsables de la encuesta es Junior Cesar Dias. El investigador afirma que esta fuerte migración muestra que el campo sigue siendo poco atractivo para las personas que buscan mejores oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos en las ciudades.

También llama la atención que los puestos de trabajo en el campo sean de mala calidad. De los más de cuatro millones de trabajadores rurales en Brasil, más de la mitad no tienen contrato formal.

Junior Cesar Dias manifiesta que el país necesita mejorar los salarios en los puestos de trabajo y combatir la inseguridad en el país.

Para invertir esta tendencia de abandono del campo, el investigador argumenta que se deben crear nuevas oportunidades en el campo.

Opinó que varias medidas deben ser una prioridad del gobierno, tales como la reforma agraria y el fortalecimiento de aliento a los agricultores familiares . (Púlsar Brasil)

El pasado martes, la Cámara de Diputados derogó el decreto que establece una Política Nacional de Participación Social (PNPS).

La resolución se votará proxímamente en el Senado brasileño.

Diversos analistas consideran que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sufrió una simbólica derrota en el Congreso.

El decreto promovido por la mandataria, fue derogado por el Congreso dos días después de  que Dilma haya sido reelegida en una apretada segunda vuelta.

El decreto sobre la Política Nacional de Participación Social se creó para atender las reivindicaciones de los movimientos sociales y establecer un mayor diálogo con el gobierno.

Esta política personal ganó clamor principalmente durante las protestas que salieron a las calles en el año 2013.

Esta Política Nacional de Participación Social que ha sido derogada por el Congreso,  garantizaba el derecho de la sociedad brasileña a seguir más de cerca la formulación, ejecución y seguimiento de políticas y programas públicos.

De esta manera se esperaba fortalecer la democracia participativa.

Para el politólogo Marcus Ianoni, la función del Congreso como órgano legislativo no se opone ni será debilitada con  una mayor participación de la sociedad civil en la formulación de leyes.

Según Ianoni, la consulta popular no hace daño a la democracia representativa, basada esta última en el funcionamiento del Congreso.

Para el científico, lo que está en juego con el veto del decreto, es el “miedo” a la democratización del Estado y de las posiciones de poder.

El tema será discutido en el Senado, donde el panorama ya no es favorable para el gobierno de Dilma Rousseff.

Frente a la fuerte oposición, el politólogo Ianoni considera que la movilización social será la mejor estrategia en este punto.  (Púlsar Brasil)

La actual mandataria brasileña Dilma Rousseff, candidata presidencial por el Partido de los Trabajadores, fue reelegida este domingo, tras un reñido proceso electoral de segunda vuelta.

Luego de revisar un 99,98% de los votos, el Tribunal Superior Electoral  informó que Roussef obtuvo el 51,64% de los votos frente a su rival Aecio Neves, candidato de la centroderecha, que consiguió el 48,36%.

La diferencia de votos entre ambos candidatos fue de dos millones.

Esta victoria significa que Dilma Rousseff gobernará su país hasta el año 2018.

De esta manera, su partido completará un período de 16 años en el poder, que comenzó en 2003, cuando Luiz Inácio Lula da Silva, asumió su primera presidencia.

Luego de conocer su reelección, la presidenta agradeció a sus electores.

“Agradezco a cada uno de ustedes. Empiezo mi discurso enviando mis saludos al presidente Lula”, expresó Rousseff desde el local del Partido de Trabajadores.

“No creo sinceramente, desde el fondo de mi corazón, que estas elecciones hayan dividido al país al medio”, aseguró la presidenta.

“Entiendo que haya movilizado ideas y emociones, a veces contradictorias, pero movidas por un sentimiento mayor: la búsqueda de un futuro mejor para el país”, agregó Dilma.

“En lugar de ampliar las diferencias, tengo una fuerte esperanza de que creamos las condiciones para unirnos”, señaló.

La mandataria es una exguerrillera contra la dictadura en su juventud. Hace unos años fue ministra de Minas y Energía durante el gobierno de Lula da Silva.

A lo largo de este domingo, 143 millones de brasileños acudieron a sus centros de votación para votar por alguno de los dos candidatos. (Agencia Púlsar)

En la recta final de las elecciones, la Agencia Púlsar Brasil habló con el politólogo y profesor de la Universidad Federal Fluminense (UFF) Marcus Ianoni.

El tema de la entrevista fue sobre los dos proyectos políticos que están en juego en las actuales elecciones presidenciales.

Estas son las candidaturas de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), que postula a la reelección, y la de Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El politólogo Marcus Ianoni también opina sobre el papel de los medios de comunicación durante el proceso electoral. En muchos casos, los medios y la gran prensa han apoyado la candidatura de Aecio Neves.

Los análisis de Ianoni se realizaron a partir del llamado “Manchetómetro”, un sitio web que realiza un seguimiento de la cobertura mediática de las elecciones en 2014. Esta web es del Laboratorio para el Estudio de los Medios y Esfera Pública (LEMEP).

El profesor Marcus Ianoni dice que la posición de la prensa se aprecia con claridad, porque desde 1998 se muestra al lado del Partido de la Social Democracia Brasileña.

Además de la influencia de los medios de comunicación, el politólogo también analiza los discursos de odio y ataques que se dan contra el Partido de los Trabajadores (PT). Estos discursos proliferan principalmente en las redes sociales de Brasil. (Púlsar Brasil)

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso está tramitando un proyecto de ley que crea unas líneas de financiamiento para las actividades de producción de las comunidades indígenas.

Este proyecto también generará la prestación de apoyo y asistencia técnica orientada específicamente a dichas actividades.

El proyecto de ley parlamentario establece la creación del término “agricultura indígena” para facilitar la aplicación de planes específicos para dichas poblaciones, lo cual ya existe en la actualidad con el sector de la agricultura familiar.

Entre otras medidas, el proyecto de ley también establece la creación de líneas de crédito para las comunidades indígenas.

De esta manera se dará asistencia técnica con el fin de que puedan trabajar y producir de manera eficiente, sin renunciar a sus culturas y tradiciones.

El proyecto fue aprobado en la Cámara, y la propuesta ahora espera la posición del Senado brasileño.

De acuerdo con el proyecto, la agricultura indígena involucra actividades de siembra y cultivo de especies vegetales. Estas actividades se realizan colectiva o individualmente por los indígenas y sus comunidades, según sus prácticas y costumbres tradicionales.

El proyecto parlamentario determina que el poder público, con la participación de las comunidades indígenas, debe garantizar la protección de los recursos naturales de la tierra para la agricultura.

También se destaca la necesidad de promover la recuperación de los recursos que han sufrido procesos de degradación y desarrollar programas de educación ambiental. (Púlsar Brasil / lucha contra el racismo ambiental)