Los meses siguientes serán claves para definir la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, un tema que cobra relevancia debido al contexto internacional marcado por el incremento de los precios internacionales de los alimentos, los impactos del cambio climático sobre la producción agraria, y los esfuerzos para erradicar el hambre que sufren 870 millones de personas en el mundo.

Perú es uno de los países que, a pesar de los importantes índices de crecimiento económico que ha registrado en los últimos años, mantiene a 13 millones de personas en situación de riesgo alimentario. Las zonas más vulnerables son Huancavelica, Huánuco, Amazonas y Puno.

El gobierno peruano busca enfrentar el problema mediante la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura. Esta comisión tiene el encargo de elaborar la estrategia y el plan de Seguridad Alimentaria Nacional  para el mes de junio del presente año. Además, viene impulsando una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Congreso de la República, hoy en debate en la Comisión Agraria.

Estas iniciativas no eliminarán el hambre y la desnutrición automáticamente, pero ofrecerán un marco normativo que reconocerá la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la alimentación de todos y todas. No obstante, hay varios elementos pendientes a tomar en cuenta en este proceso.

Primero, es importante que la estrategia, el plan y la ley tengan una clara apuesta política para impulsar el desarrollo de la pequeña producción agraria nacional, que produce el 60% de los alimentos que se consumen en el país. Queda claro que no puede hablarse de seguridad alimentaria sin fortalecer este sector. Además, deben generarse mecanismos para garantizar tierra y agua para productores y productoras. ¿Podemos producir alimentos si no tenemos seguridad jurídica sobre nuestras tierras? Segundo, es importante que quienes vienen impulsando esta propuesta desplieguen mayores esfuerzos para que se incorporen en la discusión todos los actores vinculados al tema. Por ejemplo, las organizaciones de pequeños productores y productoras, organizaciones sociales -como los comedores populares-, ONG con experiencia en el tema, así como gobiernos regionales y locales.

Tercero, la articulación al interior de los distintos niveles de gobierno y ministerios es clave para evitar la desarticulación y procesos paralelos. Llama la atención la ausencia (hasta el momento) del Ministerio de Economía y Finanzas, clave para la implementación de esta propuesta.

Finalmente, es importante mirar la experiencia internacional en la lucha contra el hambre. Cuando uno analiza la experiencia brasileña, considerada exitosa, hay algunos elementos que pueden servir para asegurar el derecho a la alimentación en nuestro país. Entre ellos, un  enfoque multidisciplinar, la presencia de múltiples actores (públicos y privados), el reconocimiento del rol de la mujer en la producción de alimentos y el reconocimiento de la agricultura familiar como estratégica para la producción de alimentos y lucha contra el hambre.