Algunos legisladores, dijo, han mencionado que en ningún país habla de la privatización del agua, por lo tanto no es necesario explicitarla como un derecho humano en las legislaciones, sin embargo, continuó, el problema es que algunos Estados están otorgando concesiones desde casi 50 años.

De acuerdo a Souza "El estado debe tener como fin mejorar la calidad de vida de los ciudadanos...No podemos poner en la misma balanza los intereses de las comunidades que sí buscan soluciones para su vida, con los intereses de las grandes multinacionales que captan inversores…"

Souza fue uno de los legisladores que junto con otros colegas y organizaciones sociales en Uruguay, llevaron adelante un planteo de reforma constitucional en la que se refrendó que el agua, la administración y la prestación de servicio tienen que estar en manos absolutamente del estado. (PULSAR/AMARC-MEXICO/SIPAM)