Nos preocupa la existencia de cientos de millones de personas que no tienen acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente para su desarrollo normal, lo cual puede provocar conflictos innecesarios por lo que reivindicamos que el agua debe ser un elemento de paz y nunca de guerra.

Los parlamentarios nos comprometemos a impulsar desde nuestro ámbito de acción un marco jurídico que responda de manera adecuada a las políticas y perspectivas que cada país se plantea, pero también en contribuir con propuestas de políticas publicas y lineamientos jurídicos en el ámbito del espacio internacional.

Reconocemos y acogemos favorablemente y alentamos el trabajo de movilización de las organizaciones de la sociedad civil por lo que respecta a la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con el acceso al agua, especialmente para las poblaciones más pobres.

En el marco de estas consideraciones hacemos la siguiente:

DECLARACIÓN

1. Declaramos que el agua es un bien público fundamental para la vida y la salud y que como tal, el acceso al agua constituye un derecho humano y como tal, con esta orientación, hacemos un llamado a todos los gobiernos, agencias intergubernamentales y a la comunidad internacional a incrementar todos los esfuerzos necesarios para garantizar que las poblaciones más desfavorecidas alcancen el acceso al agua conforme a las Metas del Milenio;

2. Nos pronunciamos por la creación de una Agencia de las Naciones Unidas de Coordinación del Agua con participación de las organizaciones sociales que, además de integrar la protección de salud publica y del medio ambiente en la gestión de los recursos hídricos y desarrollar estrategias que permitan la coherencia entre desarrollo económico y agrícola compatible con el mantenimiento o restablecimiento de un elevado nivel de calidad del agua, supere la actual dispersión existente entre numerosas agencias internacionales;

3. Respaldamos la generalizada demanda social de que la gestión de los recursos hídricos debe ser publica y basarse en un enfoque participativo, democrático e integrado que incluya a los usuarios y a los responsables de la toma de decisiones en la definición de las políticas en materia de agua a nivel local;

4. Nos pronunciamos y reafirmamos el que todos los programas de abastecimiento de agua y saneamiento incluyan acciones específicas destinadas a eliminar todas las desigualdades (en particular de género y etnia), de forma que se garantice el reparto equitativo de los beneficios y las oportunidades que éstos aporten, y fortalezcan el papel de la mujer en toda materia relacionada con el agua;

5. Demandamos que se acelere el cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados en materia de financiación para el Desarrollo, en especial aquellos dedicados al suministro de servicios de agua y de saneamiento, así como para la transferencia de tecnologías apropiadas. A la par que los gobiernos instrumenten mecanismos de participación y transparencia en la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

6. Para cumplir las metas del Milenio nos comprometemos a priorizar las inversiones en agua en nuestros presupuestos públicos nacionales. Llamamos a la cooperación internacional (Banco Mundial, Bancos de Desarrollo Regional y cooperación bilateral) a apoyar las iniciativas de los países en desarrollo sin ningún tipo de condicionamientos, que las comunidades a través de sus organismos de participación soliciten al Estado los recursos financieros para el abastecimiento de agua, previa aprobación de sus proyectos justificados en sus necesidades

7. Convocamos a los gobiernos a retirar el tema del agua de todos los tratados de libre comercio (bilaterales o regionales) y de la OMC y a reafirmar el derecho soberano de cada país a regular los recursos hídricos en todos sus usos y servicios. Instamos a que se suspenda cualquier negociación sobre servicios de agua potable y saneamiento básico en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC, y convocamos a que el agua, en todos sus usos y servicios, se retire del alcance de los Tratados Bilaterales de Inversiones.

8. Exhortamos a que las medidas destinadas a mejorar el abastecimiento de agua y su saneamiento no deben adoptarse aisladamente, sino que deben formar parte de una estrategia de desarrollo coherente y transversal que incluya otros ámbitos de acción, como la educación y la salud, la creación de infraestructuras y de capacidades y la gobernabilidad para el desarrollo sustentable;

9. Llamamos a los gobiernos y a la comunidad internacional a reconocer la importancia que reviste el cumplimiento de las reglas del derecho internacional para la solución, o en su caso, la prevención oportuna de los conflictos regionales latentes relacionados con el agua, en particular en aquellas regiones en las que varios países comparten una cuenca;

10. Nos pronunciamos porque las instituciones internacionales de justicia y las nuevas coordinaciones en materia de agua también alienten el funcionamiento o, en su caso, el establecimiento de organismos regionales de gestión del agua, para lo cual nos comprometemos a impulsar la armonización legislativa necesaria;

11. Hacemos un urgente exhorto a los Estados miembros de la comunidad internacional a la ratificación y la observancia de las convenciones, convenios y protocolos internacionales de protección del ambiente, y desarrollar medidas contra el cambio climático que amenazan las reservas de agua en muchos lugares del mundo mediante los procesos de desertificación, destrucción de los bosques, el derretimiento de los glaciares, la disminución de los niveles freáticos y la elevación de las aguas saladas;

12. Proponemos conformar el Consejo Permanente de Legisladores para dar seguimiento a los compromisos establecidos en la materia, coordinar acciones y promover la legislación necesaria para una gestión compartida de las políticas medioambientales y de prevención, con objeto de crear una verdadera política de gestión del agua. Dar continuidad a los Encuentros Mundiales de Legisladores del Agua.

13. Proponemos que la presente Resolución sea trasmitida a los organizadores y asistentes al IV Foro Mundial del Agua, a nuestros congresos o parlamentos, a las organizaciones sociales relacionadas, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la opinión pública en general.