Al mismo tiempo, exigieron e instaron al gobierno mexicano a:
1) garantizar el derecho humano del agua a las mujeres y los pueblos indígenas y campesinos;
2) realizar las modificaciones legislativas necesarias que garanticen los medios para tener un real acceso de las mujeres a la tierra y a su propiedad;
3) implementar las medidas firmadas en los convenios internacionales que refieren a la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el manejo y la gestión del agua en todos los niveles;
4) reconocer legalmente a las mujeres como usuarias, administradoras y tomadoras de decisiones en el manejo del agua;
5) además de los recursos destinados a saneamiento y agua potable se apoye a las mujeres y a sus organizaciones con financiamiento para programas de manejo de recursos hídricos y en el fortalecimiento de capacidades y liderazgos que impulsen la participación en igualdad de condición de las mujeres en la gestión del agua y
6) señalar con preocupación que la información generada por las instituciones del gobierno mexicano como la Comisión Nacional del Agua, no está desagregada por sexo, edad y condición social, lo que impide la generación de políticas públicas desde el enfoque de equidad de género. (PÚLSAR/AMARC-MÉXICO/OLLIN CABAN)