En el texto, el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, afirma que "la remoción de Zelaya llevada a cabo por militares fue claramente ilegal".

Llorens envió el documento a Estados Unidos en julio de 2009, un mes después del Golpe de Estado.

Allí asegura que "los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe ilegal e inconstitucional contra el Ejecutivo".

Además, indica que "no hay duda de que la llegada al poder de Roberto Micheletti ha sido ilegítima".

Y señala que "tras haber consultado a varios expertos sobre la legislación hondureña, no puede concluirse que Zelaya violara ley alguna o que intentara perpetuarse en el poder mediante la reforma constitucional que tenía prevista, tal y como afirmaron los autores del Golpe".

En este contexto, Zelaya consideró que "Estados Unidos debe responder por su implicación en el Golpe ya que siendo consciente de que la medida era ilegal permitió que se sucedieran los acontecimientos".

Además, destacó que el Gobierno de Obama avaló la celebración de unas elecciones "fraudulentas" bajo el auspicio del régimen de Micheletti que concedieron la victoria al actual presidente, Porfirio Lobo.

Zelaya dijo que los documentos filtrados le servirán para denunciar a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Dijo que "la revelación de Wikileaks los compromete mucho porque conociendo el delito, lo encubren". (PÚLSAR/TeleSur)