La denuncia fue elaborada por la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Demandaron a la CIDH que declare al Estado hondureño como responsable de la violación de las garantías judiciales, la libertad de expresión y los derechos a la reunión, la libertad de asociación y la protección judicial.

Todos estos derechos están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La denuncia hace referencia al despido de los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza.

Afirma que los magistrados fueron despedidos pero nunca "se les ha notificado una resolución que funde y motive tal destitución".

Además, considera que los jueces fueron sancionados por haberse manifestado en contra del Golpe de Estado y por haber participado en manifestaciones del Frente de Resistencia.

Cebe recordar que los jueces realizaron una huelga de hambre por 18 días para exigir su restitución.

Sin embargo, el 2 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó los despidos.

Ese mismo día los magistrados suspendieron la huelga y emprendieron un plan de nuevas acciones en la Justicia internacional. (PÚLSAR)