En esa fecha, enfrentamientos entre la Policía y comunidades amazónicas causaron la muerte de al menos 25 indígenas.

La especialista señaló que en este caso se hace evidente que cuando desde el Estado se violan los derechos humanos de los pueblos en el marco de un conflicto social, las investigaciones se dirigen contra los líderes indígenas.

Al mismo tiempo, explicó que la "judicialización de la protesta social" es un mecanismo de represión común en América Latina.

Y agregó que las comunidades que hacen uso de su derecho a la movilización y a la denuncia son sometidas a procesos bajo los cargos de rebelión y sedición.

En relación a los hechos de Bagua, dijo que fueron consecuencia de problemáticas que enfrentan las comunidades hace varios años y que se potenciaron con los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En este sentido, recomendó establecer mecanismos de consulta para que las comunidades se manifiesten.

Por último, consideró que para evitar que los hechos se repitan el presidente, Alan García, debe rectificarse de las acusaciones lanzadas contra los dirigentes indígenas porque "fomentan el racismo, la discriminación y la persecución judicial". (PÚLSAR/CNR)

gf
20/10/2009





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Soraya Gutiérrez, vicepresidenta FIDH (Perú)
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