Apreciados lectores, escuchas, seguidores de la Agencia Informativa Púlsar. En enero de 2013 la agencia inició una nueva etapa: producción informativa descentralizada desde diferentes países de América Latina y el Caribe, una nueva página web y con todas las noticias con audio. Luego de poco más de doce meses consideramos necesario que Uds. nos evalúen con sinceridad, los invitamos a contestar el siguiente cuestionario.

Por Anaiz Zamora Márquez

Las políticas públicas contra el Sida “invisibilizan” a las mujeres, especialmente a las menores de 24 años, advierten defensoras de los derechos femeninos.

Aunque desde hace varios años las tendencias sobre la epidemia de VIH/Sida indican que las jóvenes de 15 a 24 años son las más vulnerables ante el virus, las políticas públicas para atender y prevenir el padecimiento no contemplan a este grupo poblacional, toda vez que aún se sustentan en una visión epidemiológica ya rebasada.

De acuerdo con la más reciente publicación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) “Women out loud: Cómo las mujeres que viven con el VIH ayudarán al mundo a poner fin al SIDA”, a nivel mundial cada minuto una joven adquiere el virus, representando así el 22 % de las nuevas infecciones por esta enfermedad.

ONUSIDA enfatiza que la vía principal de contagio para las mujeres (49 % de la población adulta con el virus) es la transmisión sexual.

Por lo que el mecanismo de Naciones Unidas advierte la necesidad de eliminar las desigualdades de género y las limitaciones que enfrentan las jóvenes para decidir sobre su cuerpo, y poner en práctica medidas de protección adecuadas.

No obstante de que en México ya se ha dado cuenta del “rejuvenecimiento” de la epidemia y de la necesidad de crear políticas de salud integrales, las acciones de gobierno no responden eficazmente a la desigualdad económica, social y cultural de las mujeres afectadas por el VIH/Sida.

MÁS CASOS FEMENINOS

En septiembre pasado, Patricia Uribe Zúñiga, titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), reconoció que la mitad de los 9 mil 900 nuevos casos de infección registrados en 2012, corresponden a jóvenes de entre 10 y 29 años.

Censida reporta que la cantidad de mujeres afectadas por la epidemia ha ido en aumento. Mientras al comienzo de la epidemia la razón era de 10.8 varones por una mujer con el padecimiento, la brecha se ha ido cerrando año con año, pasando de 6.2 en 1990 a 4.7 hombres con VIH/Sida por cada mexicana en el año 2000.

Hoy, por cada tres hombres con el virus hay una mujer en la misma situación, y entre quienes viven con Sida la relación es de cuatro a una.

Alejandrina García Rojas, coordinadora del Programa de Mujeres y VIH/Sida de la organización Salud Integral para las Mujeres (Sipam), urgió a incluir a las mexicanas de todos los sectores en las políticas y programas contra el padecimiento, pues hasta ahora se basan en una visión epidemiológica “rebasada”.

La Secretaría de Salud –explicó la activista– considera que la epidemia “se concentra” en grupos con prácticas de riesgo: hombres que tienen sexo con hombres, “trabajadoras y trabajadores sexuales”, y usuarios de drogas inyectables.

Es por ello que la atención que se brinda a la población femenina sólo considera a las “trabajadoras sexuales” y a las mujeres embarazadas, a fin de evitar la transmisión perinatal del virus.

METAS INCUMPLIDAS

Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, para 2015 ninguna niña o niño tendría que nacer con VIH, lo cual en México está muy lejos de cumplirse, ya que el 47 % de las embarazadas siguen sin acceder a la prueba de detección.

García Rojas denunció que al tener esta visión tan “estrecha y limitada” en la atención de la enfermedad, se excluye al resto de las mujeres, no sólo a las que aún no viven con VIH –quienes carecen de herramientas para prevenir un contagio–, sino también a las que ya tienen el virus.

Puso como ejemplo que las mujeres portadoras del virus y que desean ser madres generalmente son “discriminadas y estigmatizadas” por los servicios de salud al impedirles tener un embarazo, cuando la realidad es que el producto puede nacer sin VIH si se ejecutan de manera adecuada los protocolos correspondientes.

Sumado a ello, a las jóvenes también se les condiciona el acceso a los servicios, por lo que la integrante de Sipam propuso que la Norma Oficial Mexicana para la prevención y el control de la infección por VIH elimine como uno de sus requisitos que las jóvenes vayan acompañadas de un tutor para acceder a la detección del virus.

Puntualizó que desde la sociedad civil estarán al pendiente de que el Plan Sectorial de Salud –que se desprende del Programa Nacional de Desarrollo y debe ser publicado a más tardar en febrero próximo–, incluya los señalamientos y recomendaciones ciudadanas para crear un programa de prevención y atención integral contra el VIH/Sida y en salud sexual y reproductiva. (CIMAC NOTICIAS)

Por Rosalinda Hernández Alarcón*

El fallo de tres magistrados no ha acabado una lucha de años de miles de personas.

La anulación del juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt de ninguna manera significa que las mujeres y hombres que dieron su testimonio estén derrotados.

Su convicción de seguir demandando justicia la reiteraron en el Encuentro Internacional de Justicia en Transición, realizado en la ciudad de Guatemala los pasados 14 y 15 de noviembre, donde también se destacó el compromiso político que enfrentan las organizaciones sociales dispuestas a continuar la tarea titánica de derribar la impunidad y recuperar la verdad histórica en este país centroamericano, lo que implica actuar cerca y junto a las personas sobrevivientes del genocidio.

Doña Juana, quien testificó acerca de las agresiones que sufrió como mujer, junto a su mamá, tías y vecinas, solicitó a organizaciones nacionales e internacionales que continúen acompañando su lucha por la justicia y por la paz, ambos derechos que les han negado como pueblo y como mujeres, durante la guerra y en la actualidad.

Con voz firme, reiteró que sus testimonios fueron verdad: “No somos mentirosos ni calumniadores, hemos sufrido mucho y vamos a seguir pidiendo justicia”. Expresó su preocupación por la violencia que viven en sus comunidades, donde se sienten amenazados por los ricos por la construcción de grandes hidroeléctricas, y porque el gobierno está prometiendo miles de quetzales a ex patrulleros.

En esta actividad se analizó en especial los caminos que siguieron las mujeres ixiles en la búsqueda de justicia, así como los que están realizando otras mujeres de diferentes departamentos del país, quienes fueron violadas sexualmente por soldados durante la guerra.

En las reflexiones, la abogada feminista Lillian Velásquez demostró cómo en el juicio contra Ríos Montt la violencia sexual dejó de ser ignorada y subsumida en otros delitos.

Explicó que a partir de los testimonios en ese proceso judicial, la violencia sexual quedó demostrada como un patrón sistemático, y ello ocurrió porque mujeres valientes traspasaron barreras, rompieron el silencio y gritaron al mundo su historia, misma que militares y sectores de poder han querido ocultar durante décadas, pero en la actualidad más mujeres están dispuestas a denunciar tales hechos, en tanto han descubierto que es posible sanar heridas a través de la búsqueda de justicia.

Entre las reflexiones destaca lo expresado por Francisca Gómez, quien afirmó que a la sociedad civil organizada le corresponde hacer un blindaje social a favor de la justicia y la memoria, “luchando contra el olvido y el miedo”, ya que es necesario tomar en consideración que en Guatemala las víctimas del genocidio han tenido que enfrentar muchos obstáculos, los cuales no han terminado.

Expresó su preocupación, igual que otra investigadora, Aura Cumes, por las tensiones que se vive en las comunidades y por la remilitarización que afecta a las comunidades indígenas.

Dos conclusiones más de este encuentro: corresponde a la ciudadanía organizada continuar exigiendo el libre acceso a la información y condenar a los medios que mientan porque representa una violación a los derechos ciudadanos.

Haber sentado en el banquillo de los acusados a Ríos Montt ha abierto puertas para otros casos de delitos contra deberes de la humanidad. Este encuentro fue convocado por CALDH, espacio que abrió además la posibilidad de conocer experiencias de procesos judiciales por graves violaciones a derechos en Argentina, Perú y Ruanda.

*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista La Cuerda.

Por Liliana Hendel*

Participantes de América Latina (AL) a la Conferencia de Aborto con Medicamentos en 2004 en Johannesburgo, Sudáfrica, decidieron impulsar acciones para articular esfuerzos en la región, y en 2005 integraron el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI).

Los pasados 4 y 5 de noviembre se realizó en Buenos Aires, Argentina, la Segunda Conferencia Subregional Cono Sur del CLACAI.

Ya desde las palabras de apertura, Silvina Ramos (del Comité Coordinador CEDES/CLACAI-Argentina) señaló la importancia de insistir en las alianzas estratégicas y tomar en cuenta las diferencias locales para avanzar en temas como investigación, reforma legal, provisión de servicios -que en la región se ha diversificado-, líneas telefónicas o políticas de reducción de riesgos y daños.

Temas centrales que atravesaron paneles y discusiones a lo largo de dos días de intenso trabajo.

Especial interés generó el panel sobre “Laicismo y democracia”, ya que pesar de las orientaciones de centroizquierda de la región, aún el aborto inseguro y sus consecuencias siguen siendo un nudo que no se desata y que no existe en la agenda de los grandes medios de comunicación.

Susana Chávez Alvarado, secretaria ejecutiva de CLACAI, señaló la ausencia de estándares de calidad y si bien, dijo, se avanzó muchísimo, no se reconocen las situaciones de vulnerabilidad y no hay respuestas para las víctimas, incluso en países donde está contemplado el aborto en el Código Penal.

Si una mira el panorama en AL, hay seis países con penalización absoluta, 14 con alguna causal, y extremas penalidades en Centroamérica. “Es dramático; hay mujeres sentenciadas a 40 años, muchas ni siquiera han recurrido al aborto porque no han reconocido una emergencia obstétrica…”, dijo Chávez.

Profesionales de diversa formación y origen coincidieron en que cada vez es mayor la brecha entre la opinión pública y los tomadores de decisión.

Hay avances de modelos que operan y funcionan en la Ciudad de México, Uruguay y Brasil. Y también avances jurídicos al declarar la maternidad forzada como “degradante” y el embarazo forzado como tortura.

“Sin embargo el sistema se ensaña -abundó Chávez-; la violación  del secreto profesional y la objeción de conciencia acentúan el maltrato y el castigo, y sobre todo para las más pobres funciona como un mecanismo disciplinador. En Centroamérica hay 129 mujeres procesadas…”.

Uruguay disfruta de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación tras muchos años de trabajo de los movimientos feministas y las organizaciones sociales, pero las relatoras Alejandra López y Lilian Abracinskas (MYSU) advirtieron que la ley está muy lejos de ser la que estos grupos promovían.

No solo cada país es diferente del otro en las dificultades que enfrenta la región, cada uno tiene dentro de sí enormes diferencias entre zonas urbanas y rurales, y las diferencias político-religiosas de los diferentes gobiernos internos.

En ese sentido, dijo Lucy Garrido (Uruguay Cotidiano Mujer): “El país resistió el gran golpe que fue el veto de (el ex presidente) Tabaré Vázquez y las maniobras posteriores de la derecha contra 100 años de laicismo, de educación laica pública y gratuita”.

*Psicóloga y periodista.

Por Lindskat Legal y Sylvia Torres

Sin aplicarse cabalmente, la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) –adoptada hace poco más de un año por la Asamblea Nacional de Nicaragua– resiste los embates de grupos conservadores y de una reciente reforma que la debilita en su intención de proteger a la población femenina.

Considerada por algunos como muy progresista y por otros como inconstitucional, esa ley fue limitada en su accionar luego de que el gobierno, mediante la Corte Suprema de Justicia y el propio Parlamento, aprobaron el pasado 25 de septiembre una reforma a esa normativa que permite la mediación entre agresores y víctimas.

La medida aplica para los llamados delitos leves hacia las mujeres. Según la norma técnica del Instituto Médico Legal, se considera culpable del delito de lesión leve a “quien cause a otra persona una lesión a su integridad física o psíquica que requiera, objetivamente para su sanidad, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico”.

En ese caso, apunta, será castigado con prisión de seis meses a un año y si la lesión además requiere de una intervención quirúrgica, la sanción será encarcelamiento de seis meses a dos años.

Con la reforma, los hombres acusados de violencia física, amenazas, entre otros delitos contemplados en la Ley 779, cuya pena sea menor a los cinco años de cárcel, podrán mediar con la víctima para evitar la condena.

Esta acción del Legislativo provocó el inmediato rechazo del movimiento de mujeres, quienes han organizado protestas públicas por todo el país.

De acuerdo con Azahalea Solís, líder del Movimiento Autónomo de Mujeres, aceptar que existen delitos leves en materia de violencia hacia las mujeres “es una falacia”, ya que esta visión ignora la desigualdad de poder entre los sexos.

Solís recalcó que “las mujeres que sufren violencia no denuncian el primer golpe, y pueden pasar meses o años para interponer una denuncia, se la pasan ‘mediando’ a lo interno de su casa y cuando ya no pueden más es que dan un paso fuera de su hogar para buscar ayuda”.

Con la aprobación de la mediación, dijo la dirigente, se ha reestablecido la permisividad social hacia la violencia contra ellas.

“Según la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, la mediación supone que ambas partes son iguales. Sin embargo, un abusador tiene un enorme poder sobre la víctima. El desequilibrio de poder entre las partes no se puede remediar a pesar de las habilidades del mediador”, explicó.

Consideró, en este sentido, que es imposible aceptar como verdad la igualdad frente a la desigualdad real que padecen las mujeres en nuestra sociedad, y remarcó que estudios realizados confirman que el momento en que una víctima denuncia a su abusador es el más peligroso para ella.

“Muchos de los casos de feminicidio han sido consecuencia de la impunidad y la mediación; resulta insólito que a principios de 2012 la Corte Suprema de Justicia haya dicho esto y luego, sin haberse realizado ningún estudio a fondo, se contradiga y haya propuesto la mediación”, expresó Azahalea.

Desde su promulgación en 2012, la Ley 779 provocó un revuelo nacional, pues sectores conservadores de las iglesias la calificaron de violatoria del principio de igualdad y, por tanto, inconstitucional, mientras que las organizaciones de mujeres argumentaron que se trata de una legislación contra los hombres violentos y no contra todos los hombres.

Su texto especifica que tiene por objeto proteger y garantizar los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado. También resalta la necesidad de establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia.

Una de las novedades de la legislación es la tipificación del delito de feminicidio, como el cometido por el hombre que “en el marco de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres diere muerte ya sea en ámbito público o en privado a una mujer”.

Las penas varían de 15 a 20 años de prisión cuando el hecho ocurra en ámbito público, y de 20 a 25 años si fuera en privado. También impone sanciones entre 100 y 500 días de multa salarial y castiga diversos tipos de maltrato, como el físico, psicológico, sexual y patrimonial.

Según Azahalea Solís, la aprobación de esta norma marcó el inicio en Nicaragua de una agitada serie de reacciones sobre la justicia, pertinencia, constitucionalidad y eficacia de la ley; reacciones que van desde el ámbito religioso hasta el marco legal.

“Hay sectores dentro y fuera de la sociedad nicaragüense que consideran que las mujeres deben aguantar los golpes y les dejan a ellas la responsabilidad de salvaguardar la familia, ése es el aspecto social. En el orden político, es una ley que el gobierno pretendía utilizar como su vitrina, pero no tiene la voluntad política de cumplirla”, afirmó Azahalea.

No se trata de cualquier ley: en ella se establecen mecanismos que con claridad amenazan el sistema patriarcal, tan acostumbrado a la subordinación en todos los ámbitos y etapas de la vida de las mujeres.

El Informe Anual de Femicidios de 2012, publicado por la Red de Mujeres Contra la Violencia, indica que 13 de las 85 asesinadas el año pasado mediaron con su agresor cuando asistían a citas en las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional.

Azahalea aseguró que la posibilidad de que los agresores caigan presos, ante un caso de violencia, no violenta la Constitución, como alegan los principales detractores de la normativa.

“Eso es falso, absolutamente falso. La persona tiene derecho a tener garantías para su vida y el Estado está en la obligación de brindarlas y de darnos justicia. Frente a un peligro inminente (la violencia contra las mujeres), el Estado tiene que responder”, insistió.

“Las medidas precautelares son la respuesta ante un peligro inminente. Discutir el tema de la mediación está distrayendo el debate central que debería enfocarse en cómo el Estado podría ejecutar campañas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, agregó. (CIMAC NOTICIAS)

Por Rosalinda Hernández Alarcón*

En días recientes se hizo evidente cómo mujeres campesinas en Guatemala avanzan en su capacidad organizativa, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre.

En especial, la Articulación Nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, constituida por 50 agrupaciones de seis regiones, dio a conocer los planteamientos que unificarán su acción, mismos que han venido construyendo ellas mismas a partir de sus análisis políticos, rasgo que denota su autonomía.

Las integrantes de esta alianza se distinguen de otras porque están dispuestas a exigir sus demandas específicas como mujeres indígenas y campesinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido en sus vidas estar subordinadas y discriminadas en el ámbito privado y en todos los espacios públicos. Ellas se proponen tener más poder.

Y qué significa el empoderamiento para estas campesinas organizadas: “Es reconocer nuestras habilidades, capacidades y aportes que damos en la familia y en la economía, tener firmeza con nuestra identidad, vernos como mujeres, estar dispuestas a compartir conocimientos, tener madurez política y autoridad”.

Es decir, entienden como parte del ejercicio de su ciudadanía el fortalecimiento de su liderazgo sin reproducir los comportamientos patriarcales; en suma, rechazan las actuaciones políticas que fomentan la dependencia, alientan las rivalidades y reproducen las jerarquías machistas.

Entre las exigencias de esta articulación sobresale una política pública de acceso a tierra, que incluya la dotación de terrenos fértiles a precios simbólicos, que cuenten con servicios y vías de comunicación, les asignen subsidios suficientes y asesorías de calidad, y les reconozcan como propietarias sin intermediarios (por ejemplo tener compañero de vida).

En otras palabras, requieren una nueva entidad que corrija todos los errores y abusos cometidos por el Fondo de Tierras, que discriminó a las mujeres sin hijas e hijos, ignoró las solicitudes de campesinas organizadas, vendió parcelas de mala calidad y negó apoyos oportunos.

En los últimos dos años el Fondo de Tierras no ha adjudicado terrenos, a pesar de que en Guatemala existe una elevada demanda insatisfecha de familias sin tierra para producir.

Aunque la ley establece que las campesinas con hijas e hijos serán reconocidas como propietarias en caso de que no tengan pareja, y como copropietarias si viven con su cónyuge, en 2011 entregó dos fincas sólo a hombres.

Existen varios estudios que demuestran el fracaso de dicho fondo, de tal manera que al no existir ninguna institución encargada de la dotación de tierras es muy pertinente que el Ejecutivo apruebe una política específica para campesinas, cuyo enfoque busque superar los elevados índices de desigualdad que existen entre mujeres y hombres propietarios.

La solicitud ya fue presentada a la oficina de la encargada del Gabinete de la Mujer.

Bien merece ser escuchada la Articulación Nacional Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, misma que también demanda la anulación de las licencias de los megaproyectos porque –además de destruir bienes naturales– están generando más violencia contra las mujeres, explotación sexual comercial y trata de personas; violentan la decisión de pueblos indígenas e imponen un ambiente hostil por la presencia de fuerzas armadas del gobierno y privadas. (CIMAC NOTICIAS)

*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista La Cuerda.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural (15 de Octubre), el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), Oxfam México invita a sumarse a la campaña CRECE con el tema de la Seguridad Alimentaria.

CRECE es la campaña más importante de Oxfam a nivel mundial. En los últimos 2 años, con la campaña CRECE en México se han apoyado 16 proyectos productivos beneficiando a más de 9 mil mujeres del campo mexicano y se ha trabajado con 30 organizaciones que luchan por garantizar el derecho a la alimentación en nuestro país.

Pero aún falta mucho por hacer, ya que en los próximos 20 años la necesidad de comida aumentará en un 50%, la de agua en un 30% y la de energía en un 50% en el mundo. Aunque el planeta hoy produce comida suficiente para toda la población, sus recursos están llegando al límite.

El Derecho a la Alimentación en México se incluyó en la Constitución después de una larga lucha social y ha sido uno de los grandes logros de la sociedad civil organizada. El derecho que toda persona tiene a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, se ve amenazado por la pobreza, la falta de inversión en la agricultura, la inequidad en el campo y el cambio climático, entre otros problemas.

En México, 1 de cada 4 personas padece hambre, la causa principal es la pobreza y la falta de acceso a los alimentos, en total 27.4 millones de personas pasan hambre en el país[1] al mismo tiempo que se desperdician 18.3 millones de toneladas[2] de alimentos al año.

En el país, se estima que hay 5.7 millones de personas ocupadas en el campo, de las cuales el 27% son mujeres y se registra que sólo el 5% son propietarias de la tierra[3].

Carlos Zarco, director ejecutivo de Oxfam México declaró que “con el trabajo que realizamos en la organización, buscamos la reorientación y reformulación de políticas públicas para enfrentar la política rural, social y de cambio climático que permita fortalecer la producción a pequeña y mediana escala, que asegure alimentos suficientes y de calidad para todos, en el que se alcance la soberanía alimentaria en México”.

“Es urgente el reconocimiento de las mujeres como productoras, que les permita tener acceso a recursos agrícolas, insumos para el campo, tierra y recursos financieros, que garanticen la producción de alimentos para sus familias y comunidades, que les posibilite mejorar las condiciones económicas, de nutrición, salud y educación, beneficiándolas a ellas y sus hijos/as” concluyó Zarco

Un campo productivo es posible, y los retos para enfrentar la pobreza y la inseguridad alimentaria implican el conjunto de esfuerzos de diversos actores de la sociedad, pero se requiere también un gobierno capaz de implementar políticas públicas eficientes, justas y equitativas, la aplicación del derecho a la alimentación como una política de Estado.

Por Carmen R. Ponce Meléndez*

Siete de cada 10 adultas mayores en México no tienen acceso a un trabajo formal, están en la informalidad laboral y por supuesto son vulnerables por carencias sociales; 5 de cada 10 es vulnerable por ingresos.

De hecho a 6 de cada 10 los sostiene la familia; sólo 2.7 reciben pensión por su trabajo; más de la mitad (56.2%) gana hasta dos salarios mínimos.

Tres de cada 10 adultas mayores están en condiciones de pobreza moderada y reciben dinero por programas de gobierno; en general la mitad de las y los adultos mayores no recibe prestaciones y 3 de cada 10 no reciben ingreso.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012, 43.2% de la población mexicana de 60 años y más padece pobreza multidimensional.

En la actualidad existen 6.1 millones de mujeres consideradas como adultas mayores (de 60 a 85 y más años), representan más de la mitad de este grupo poblacional y su esperanza de vida es de 77.4 años.

De 1990 a 2012 la participación relativa de adultos mayores pasa de 6.2 a 9.3% y se espera que en 2050 sea de 21.5%, prácticamente la cuarta parte; implica un significativo  cambio demográfico (datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 y del Informe sobre pobreza, Coneval 2010-2012).

En un tema tan crucial como el acceso a pensión o jubilación se aprecia una enorme brecha de género. Más de la mitad de los adultos mayores masculinos tiene acceso, pero para las mujeres la proporción es de 11.5%, 1.1 de cada 10 adultas mayores reciben pensión o jubilación.

Resultando que un número considerable de estas mujeres dependen económica y físicamente de los apoyos familiares, es decir la familia ampliada.

También se reduce considerablemente su acceso a instituciones de salud como derechohabientes. Su calidad de vida se ve seriamente afectada.

Los fallecimientos en este grupo de población se producen por enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, males crónicos de las vías respiratorias inferiores, enfermedades del hígado e hipertensivas.

En conjunto, estas seis causas concentran más de la mitad (54.8%) de las muertes ocurridas en este grupo poblacional. Uno de cada 4 adultos mayores que falleció en 2011 (22.6%) no era derechohabiente.

Hay que señalar que de cada 100 adultos mayores con discapacidad 55 son mujeres, preminencia que se presenta en todos los grupos de edad a partir de los 60 años. Además prácticamente una de cada dos mujeres mayores con discapacidad es viuda.

La Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México (Enasem, 2012) reportó que para el caso de las mujeres las principales enfermedades son hipertensión arterial, diabetes, artritis, enfermedad pulmonar, infarto, así como cáncer y embolia.

Otro tema sustantivo para las adultas mayores es la violencia familiar. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh, 2011), de las mujeres alguna vez unidas o separadas de 60 y más años, 45 de cada 100 declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja.

Lo más común es el maltrato emocional –8 de cada 10 reportan un episodio de violencia–; también son víctimas de violencia económica: en 30.6% de los casos les han dejado de dar dinero y 15 por ciento manifestó que les dejaron de comprar sus medicamentos o las descuidaron cuando estaban enfermas.

Desde luego estos índices de violencia disminuyen cuando las adultas mayores “ayudan” económicamente a su hogar y cuando son ellas las que sostienen el hogar.

Para la conformación de este perfil un factor que influye considerablemente es la situación conyugal de las adultas mayores; ahí también cuenta la brecha de género, ya que es mayor el número de mujeres “sin pareja”; 4 de cada 10 no tenían pareja, pero para los hombres esta proporción era de 1.8 por cada 10, según datos de 2012.

En suma, 7 de cada 10 adultos mayores (72%) padece vulnerabilidad social, es decir, presenta por lo menos alguna de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, no tiene acceso a los servicios de salud, sin acceso a seguridad social, presenta deficiencias en la calidad y los espacios de vivienda, así como en los servicios básicos, y carece de acceso a la alimentación.

Todos estos indicadores llevan a la conclusión de que son muchas las mujeres adultas mayores con problemas de pobreza, desigualdad, violencia y discriminación. En una palabra, transitan en la vejez con enormes dificultades.

También se puede concluir que hacen falta políticas públicas que enfrenten esta situación de manera urgente.

Bajo un enfoque de derechos integral y universal es indispensable ampliar y mejorar la seguridad social, básicamente pensiones y salud. La Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (ONU 2002), suscrito por México, dice:

“Las personas a medida que envejecen deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades. Deben tener la oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, en trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir teniendo acceso a la educación y a la capacitación”.  (CIMAC NOTICIAS)

*Economista especializada en temas de género.

Foto: CIMAC.

Por Lucía Lagunes Huerta.

En medio de los actos conmemorativos por el 60 aniversario del voto femenino en México, vale la pena echarle un ojo a la reciente reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para evitar que los medios de comunicación difundan contenidos discriminatorios.

Si bien la intención es buenísima, es una pena que se haya decidido pasar cuando esta ley está a punto de morir para dejarle paso a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la cual sin duda habrá que rescatar la propuesta original de 2002 e incluir que se eviten las transmisiones de estereotipos de género, pues una de las grandes dificultades en la construcción de la ciudadanía de las mujeres ha sido la perpetuación de los estereotipos de género en los medios de comunicación masiva.

De acuerdo con el Monitoreo Global de Medios, la paridad de las mujeres para ser nombradas en los medios de comunicación tardará por lo menos 40 años, esto siempre y cuando exista un incremento de 6 puntos porcentuales cada quinquenio.

Sin embargo, al hacer la disección de los medios, vemos que en el terreno político lograr la paridad tardará el doble, es decir 80 años, pues en la sección política la presencia de las mujeres es apenas de 19 por ciento y de 2005 a 2010 su incremento fue de 5 puntos porcentuales.

Si bien desde que se reconoció el derecho al voto de las mujeres las mexicanas hemos contado con representación política y desde 1982 en todas las elecciones presidenciales hemos contado con candidatas a la Presidencia, y hoy contamos con un incremento sustancial en el número de diputadas y senadoras, estos avances no necesariamente se reflejan en los medios de comunicación.

De acuerdo con el observatorio de medios realizado por CIMAC sobre participación política de las mujeres, en las pasadas elecciones presidenciales se evidencia que a las mujeres políticas se les sigue reflejando en los medios por su vestimenta o aspecto físico; por su  papel tradicional de mujer, es decir, como madre, esposa, responsable de la familia; por una supuesta ausencia de liderazgo o por una aparente impotencia en el ejercicio del poder.

Esta perpetuación de los estereotipos de género en los medios de comunicación ha servido de freno para el desarrollo pleno de la ciudadanía de las mujeres y el goce de sus Derechos Humanos.

Que el pasado 19 de septiembre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley de Radio y Televisión para evitar la transmisión de  influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, así como la difusión de contenidos discriminatorios de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es un avance. Tardío, sin duda, pues la propuesta esperaba desde hace 11 años.

Esta disposición legislativa debe concretarse en la ley secundaria que actualmente se discute para darle cuerpo a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la cual se debe reconocer el derecho de las audiencias y el papel social de los medios de comunicación al servicio de la ciudadanía, de la cual también forman parte las mujeres.

Nosotras como ciudadanas y audiencia tenemos que estar alertas a ello y seguir, como dice la experta Beatriz Solís, los tres pasos  mínimos de la ciudadana convertida en audiencia: conocer, evaluar y denunciar, o reforzar para transformar los medios que hoy tenemos en medios respetuosos de nuestra dignidad. (CIMAC NOTICIAS)

Zona de Reflexión

Por Lucía Lagunes Huerta*

“El machismo mata”, reza la frase de la campaña que inició el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal desde este lunes en  el estado de Chiapas, al sureste mexicano, con el objetivo de hacer conciencia de la gravedad del feminicidio que vive la entidad y declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG).

La frase no sólo es un eslogan, es una realidad cotidiana no sólo porque los machos asesinen a las mujeres, sino porque los machos justifican que existan esos crímenes.

El ejemplo reciente son las declaraciones del obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, quien de manera inaceptable definió estos asesinatos en Guanajuato como “normales”.

Me pregunto cuál es la lógica del mensajero religioso que permite identificar como normal quitarle la vida a otra persona. Ni en lo divino ni en lo humano es aceptable semejante declaración.

Quien minimiza o justifica el crimen que se comete contra las mujeres sólo muestra el desprecio por la vida de las personas del sexo femenino, es decir, revela el machismo de quien lo externa.

Pero cuando un jerarca religioso sin mayor pudor justifica que esos asesinatos ocurran nos revela que dentro de esa estructura religiosa existe una convicción profunda de desdén a la dignidad de las mujeres.

Máxime cuando estas declaraciones se hacen en medio de una manifestación pública contra la violencia de género.

Desdeñar el asesinato de 55 mujeres y llamarles crímenes “circunstanciales” como si fueran producto de la casualidad es ofensivo, no sólo para las víctimas sino para todas las mexicanas.

Para el machismo es normal asesinar a las mujeres, por eso lo banaliza. Pues el machismo no sólo vive en las personas sino en las estructuras sociales, religiosas, económicas, etcétera.

Su actuar permanente es posponer, relegar, justificar, negar todo aquello que permita subvertir la desigualdad y la discriminación contra las personas de sexo femenino.

Nadie que se diga respetuoso de la dignidad humana puede desdeñar la vida de las mujeres en cualquier etapa de su vida.

Sólo el machismo tolera que existan declaraciones que normalicen estos crímenes, porque desde esa normalización es que los machos se protegen para continuar con su impunidad.

Por eso la frase “el machismo mata” es más que un eslogan.  (CIMAC NOTICIAS)

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.