Las bases legales de derechos y acceso a oportunidades ayudaron a emerger un fortalecido liderazgo de las mujeres indígenas de Bolivia. Sin embargo, aún queda un largo trecho para su aplicación práctica y la eliminación del frecuente acoso político masculino.

En esto coinciden tanto analistas como activistas de ese país.

La Constitución Política del Estado incluyó un total de 26 artículos a favor de las mujeres y concedió derechos civiles, de género, equidad social, e igualdad de condiciones con los varones.

La oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Verónica Tejerina, señaló a IPS como “un poder emergente” la presencia de lideresas indígenas en organizaciones sociales habitualmente dirigidas por hombres, en funciones municipales y gobernaciones departamentales.

Sin embargo, la dirigente santacruceña Beatriz Tapanaché aseguró a IPS que “las mujeres tienen las leyes a su favor pero el acoso político es un cuello de botella en varios sectores”.

Un grave ejemplo de este acoso fue el asesinato en 2012 de Daguimar Rivera, concejala del municipio de Guayaramerín, en el norteño departamento de Beni.

La representante de la agrupación ciudadana Primero el Beni recibió dos disparos pocos días después de denunciar una administración irregular en el municipio de su ciudad.

El mismo año la concejala del municipio indígena de Ancoraimes, en el central departamento de La Paz, la aymara Juana Quispe, fue hallada muerta. Al menos en dos oportunidades denunció ante la justicia amenazas y abusos de autoridades municipales.

En mayo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que incluye sanciones de privación de libertad de dos a ocho años.(PÚLSAR/IPS)

Por Franz Chávez

El ex ministro de Educación, Donato Ayma, arranca cada día su programa en radio Atipiri, bajo su modelo de comunicación “desde las raíces profundas de los pueblos”.

Es porque Atipiri pone en práctica desde 2006 planteamientos del Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas, del que Ayma es fundador. Emite desde El Alto, una ciudad de la meseta altiplánica que rodea La Paz.

Su modelo de comunicación sitúa a la “radio comunitaria como instrumento de comunicación y desarrollo”, con un componente de generación de mensajes “desde la raíz profunda de los pueblos”.

Su modelo reivindica el trabajo de los comunicadores que hablan su propia lengua y generan mensajes para sus comunidades.

Para entender su modelo, Donato Ayma, explica que en la realidad rural boliviana, “la radio sigue siendo el medio más accesible y de fácil manejo”.

En los radiodifusores comunitarios personifica a los intérpretes y emisores de una realidad que es ignorada por los grandes periódicos y medios electrónicos.

El comunicador tomó esas bases y avanzó con su modelo a la difusión de otros valores como el cuidado del medio ambiente, el respeto a la madre tierra, el manejo apropiado del agua destinado a consumo humano y al riego.

Ayma completa su modelo con una adhesión a la comunicación horizontal, que sea aplicada a la organización social de las comunidades y convierta al comunicador en partícipe de la acción.(PÚLSAR/IPS)

Por Franz Chávez

Según el antropólogo Luca Citarella, en aquella ciudad, con casi 3 millones de habitantes, los ayoreode se han convertido en un ejemplo de cómo el crecimiento de una ciudad es capaz de devorar a una cultura, de invisibilizarla, estigmatizarla o ponerla en riesgo.

El investigador asegura que “en su proceso de urbanización, los ayoreode ahora son identificados bajo el estigma de la mendicidad callejera, del comercio sexual y del hacimiento en comunidades marginales”.

Es algo que se confirma en el barrio Bolívar, en la periferia de la ciudad que duplicó su población en menos de 20 años. Allí se ubica uno de los dos asentamientos urbanos de este grupo indígena.

Nómadas por excelencia y con su lengua materna intacta, los ayoreode han estado asentados ancestralmente en el llamado Chaco Boreal, donde se ubica el mayor bosque bajo del mundo.

Tradicionalmente cazadores y recolectores, en las áreas rurales mantienen como principales actividades la agricultura de autoconsumo y la forestal, mientras en la ciudad trabajan mayormente en construcción y jardinería.

En las dos partes, las mujeres elaboran bolsas, collares y hasta vestimenta con la planta textil garabatá, para su consumo y la venta.

En Santa Cruz, puede verse a mujeres y niños ayoreode que caminan desde el mercado vendiendo artesanías o pidiendo dinero.

La presencia ayorea en la ciudad está marcada por un cambio traumático en sus patrones sociales. El antropólogo Citarella asegura que “además de perder las bases de reproducción de su cultura, han sido despojados de su dignidad social”.

La educación y el acceso a los servicios de salud son otros de los principales problemas de los ayoreode en la ciudad.(PÚLSAR/IPS)

Por Anna Infantas

En Samuguate, poblado del Gran Chaco boliviano, 38 familias luchan por preservar su territorio, sus costumbres y su lengua. Son los tapietes, que se niegan a la extinción.

En la comunidad de precarias viviendas, en el extremo sur fronterizo con Paraguay, conviven más de 190 indígenas que ocupan 24 mil hectáreas, tituladas como su propiedad colectiva desde abril de 2001.

Hoy los jóvenes de Samuguate se han visto forzados a emigrar de su territorio en el sureño departamento de Tarija. Es por falta de oportunidades e incluso de los alimentos de los que siempre vivieron en la comunidad.

Del extenso río Pilcomayo desapareció el sábalo, un pez determinante para la dieta y la forma de vida de los tapietes. Esto sucedió por malas políticas de canalización y repartición de sus aguas.

Pero en su territorio sobrevive una rica flora y fauna silvestre que ha sido sustento ancestral de este pueblo cazador, pescador y recolector.

Por eso los tapietes demandan a las autoridades nacionales extender su territorio a 59 mil hectáreas para desarrollar proyectos de apicultura, ganadería y ecoturismo, entre otros.

El capitán grande tapiete, José Luís Ferreira, resaltó que mantienen y respetan sus usos y costumbres, su lengua y su música. A cambio solo piden apoyo para un desarrollo digno y propio, sustentado en la economía de familia extendida, que siempre rigió sus destinos.(PÚLSAR/IPS)

Los guaraníes de la comunidad de Caigua no quieren recursos provenientes de la renta petrolera o de las compensaciones ambientales.

Para ellos, en el sureño departamento boliviano de Tarija, lo fundamental es proteger el agua, la riqueza de la que depende su forma de vida.

Los indígenas bloquean desde el 19 de octubre el ingreso de personal y maquinaria al pozo Caigua X1001, de la nacionalizada empresa YPFB Chaco. Así buscan evitar que se explore en el yacimiento situado en la parte baja del Parque Nacional Aguaragüe.

Allí está la represa que asegura el riego de 700 hectáreas de cultivos y abastece de agua a más de 15 comunidades.

Tomás Araray, capitán grande del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, dijo a IPS que el bloqueo seguirá hasta que se asegure totalmente que la exploración y explotación del yacimiento no afectará las aguas de la represa de Caigua.

Los guaraníes temen que el agua de la represa quede contaminada con los residuos petroleros, como ya sucedió con 20 pozos perforados en el parque y mal cerrados.

El resultado es que el agua de sus cercanías es turbia y aceitosa, no apta para el consumo humano y de animales.

El consorcio estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se comprometió en un acuerdo a sellar los yacimientos y reparar los daños, pero la contaminación sigue palpable en el agua y en las riberas de esta serranía, convertida en parque nacional en 2000.

El Ministerio de Hidrocarburos acusó a los comuneros de “obstaculización al desarrollo”, mientras los indígenas replicaron que su movilización “es una defensa del agua”.

El presidente ejecutivo de YPFB, Carlos Villegas, subrayó a IPS que existe “un programa para solucionar los pasivos ambientales” y que serán “cuidadosos en la preservación del medio ambiente”, aseguró. (PÚLSAR/IPS)

Por Natalia Seas Yelma, enviada especial de IPS

El pueblo tsimane se movió tradicionalmente por el norteño departamento de Beni, aunque paulatinamente se ha asentado en comunidades como El Jatatal, en el límite de los municipios de San Borja y Rurrenabaque.

También conocido como chimán, este pueblo es uno de los pocos grupos originarios cuya población crece en Bolivia.

Las familias del pueblo tsimane en El Jatatal resisten el avance de ganaderos que se expanden en la zona con el apoyo de las autoridades de San Borja.

Durante una de las tres visitas que IPS ha hecho a El Jatatal desde octubre pasado, Tito Romero, uno de los comunarios, contó sobre las amenazas que recibió para irse del lugar.

Carmelo Tayo, líder tradicional comunitario, explicó que desde hace tiempo continúan los acosos contra comunarios así como los cercados de los terrenos donde trabajan.

El corregidor contó que su única esperanza es que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tome cartas en el asunto.

Pero el director general de Administración de Tierras del INRA, Víctor Espinal, no ha atendido aún su demanda de darles posesión legal comunitaria del lugar en que están asentados desde hace 60 años.

El INRA sí realizó a fines de febrero un censo en El Jatatal y otras comunidades del área. Con esto busca establecer las tierras públicas existentes y los eventuales derechos indígenas y campesinos sobre ellas.

Los tsimanes conforman un pueblo en crecimiento, con unos 8 mil 600 miembros.(PÚLSAR/IPS)

Por Rafael Acuña, enviado especial

Tres indígenas que llegaron al parlamento del sureño departamento de Tarija tienen en sus manos el poder legislativo de la región con la gran riqueza energética de Bolivia.

Es porque en el departamento la disputa política se volvió intensa entre partidos políticos que respaldan al gobierno de Evo Morales y los de la oposición.

Esto derivó en una paridad de fuerzas parlamentarias en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, convertido hoy en el corazón energético y económico de Bolivia.

De este modo, los votos de los representantes indígenas pasaron a ser estratégicos. Ellos son Vicente Ferreira, de los pueblos tapietes, el guaraní Justino Zambrana, y el asambleista del pueblo weenhayek, Antonio Tato.

Como ejemplo cabe recordar que los tres votos indígenas determinaron la destitución del gobernador Mario Cossío, del opositor Camino al Cambio.

Y más adelante, en mayo de 2010, Justino Zambrana fue elegido, con los votos opositores, como presidente de la Asamblea en el segundo año de la legislatura quinquenal.

Los 3 pueblos originarios de Tarija vivieron marginados de las estructuras políticas e institucionales hasta 2009. Ese año pudieron elegir representantes según sus usos y costumbres.

Es porque la nueva Constitución de Bolivia fija que las asambleas legislativas de los 9 departamentos cuenten con representación indígena, y a Tarija le corresponden tres asambleistas originarios.

Los representantes pueden ser removidos por usos y costumbres en asambleas periódicas donde informan sus acciones. De hecho, los weenhayek ya destituyeron a un asambleísta nacional y a otro regional en un departamento vecino(PÚLSAR/IPS)

Por Rafael Sagárnaga López

El pueblo guaraní vive en Bolivia en permanente emergencia desde que en el subsuelo de su hábitat descubrieron hidrocarburos.

Los guaraníes buscan ser oídos por las distintas autoridades de Bolivia y lo hacen con movilizaciones, bloqueos de carreteras o de campos petroleros y participación en marchas.

Las comunidades rurales guaraníes cercanas al campo petrolero exploratorio de Caigua, en el sur del departamento de Tarija, demandan ser consultados y tenidos en cuenta sobre los trazados de caminos y otras infraestructuras vinculadas a este desarrollo.

Según Cesar Aguilar, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, las labores exploratorias en Caigua ya contaminaron una presa que surte de agua a las comunidades aledañas. Además, señaló que los caminos que se abren invaden tierras agrícolas de 400 familias de la zona.

Repetidas movilizaciones en el Chaco boliviano buscan denunciar que YPFB incumple las leyes nacionales e internacionales que obligan a la consulta y el respaldo indígena en los proyectos en su hábitat.

Los líderes citan a la Constitución de 2009 que declara a Bolivia como un estado plurinacional. También señalan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fija la consulta previa obligatoria.

En el Chaco boliviano viven 84 mil indígenas, y 75 % de ellos vive en la pobreza, según indicadores oficiales.

Faustino Flores, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), cuestionó el modo de distribuir los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), que están centralizados en La Paz.

Además, Flores señaló que ” así como saca hidrocarburo por cañerías, el Estado debe garantizar el servicio del agua.

El dirigente subrayó que “los guaraníes no demandan favores, sino que se cumpla la obligación de participar de los beneficios que da la tierra”.(PÚLSAR/IPS)

Por Pascuala Mena Trigo

Francisco y Alfonso Ichu Tamo llegaron desde la selva amazónica de Bolivia a Santa Cruz para transformarse en prestigiosos fabricantes de instrumentos musicales.

Los hermanos de 36 y 33 años pertenecen a la selva, donde se asienta su pueblo, la nación moxeña.

Ellos heredaron el gusto por la música de su padre y dieron un paso más allá al convertirse en lutieres. Esto es, crean y reparan instrumentos de música.

Los hermanos Ichu Tamo nacieron en un área selvática cercana al municipio de San Ignacio de Moxos, en el nororiental departamento de Beni, y para ellos la música es parte de su ser.

Alfonso se formó en Urubichá, una localidad del pueblo indígena guarayo, famosa en Bolivia por su escuela de música barroca y renacentista americana.

El Instituto de Formación Integral, Coro y Orquesta de Urubichá es una referencia en el rescate de la poco conocida identidad clásica boliviana. Allí se produce un sincretismo único de instrumentos de cuerda y viento.

Alfonso y Francisco pueden producir un violín, un violonchelo o una viola en un periodo de entre dos y cuatro semanas.

Los hermanos Ichu Tamo han aprendido las técnicas de maestros franceses, suizos, argentinos, alemanes, venezolanos e italianos.(PÚLSAR/IPS)

Por Anna Infantas

Se trata de una labor de revisión de la historia de Bolivia con la incorporación de la mirada indígena.

La Asociación de Historiadores Indígenas “Apupachakamayu” está integrada por historiadores de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, aunque cuentan con asociados en zonas amazónicas.

Según cuenta el historiador José Mollo, se organizaron a principios de este siglo para “recuperar y contar esas historias que no fueron oficiales, para contar lo que pasó sin ocultar nada”.

Un ejemplo de este revisionismo es el redescubrimiento de la cacica del siglo 17, María Lusa.

Un historiador francés la retrató en 1990 como una mujer admirable y colmada de virtudes.

Sin embargo, el hallazgo de materiales de juicios y testimonios descubrió que mantuvo una traumática relación con Juan Moya.

Según el historiador Pedro Callisaya, “Moya, Lusa y sus familiares demuestran la incesante disputa por tierras que desató terribles pasiones dentro del mundo indígena”.

El  mismo historiador logró reconstruir la historia de su bisabuelo, Mariano Quispe, a través de informes carcelarios y recortes de prensa.

Allí encontró que su familiar participó en un grupo que en los años 30 brindó educación a los comunarios de las haciendas del altiplano y los valles paceños. Como se trataba de una actividad clandestina y sospechosa de “comunista”, estos luchadores fueron condenados a prisión.

Quispe murió en la cárcel en 1933.(PÚLSAR/IPS)
Rafael Sagárnaga López
04/12/2012