La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles la Ley de Política Ambiental Provincial.

La aprobación de la norma se produjo en el marco de una represión policial con balas de goma y gases lacrimógenos que dejó 26 detenidos en la noche del miércoles.

El proyecto aprobado fue presentado por el Ejecutivo provincial en respuesta al reclamo de diferentes asambleas ambientalistas.

Cabe recordar que la movilización de la Asamblea Malvinas por la Vida impidió el inicio de las actividades de una planta de procesamiento de semillas de la multinacional Monsanto en la central provincia argentina.

Vanesa Sartori, integrante de esa organización, planteó a lavaca.org sus dudas sobre las consecuencias que puede generar la propuesta de reordenamiento territorial en base a criterios ambientales.

Desde esa organización señalaron como “ambiguos” los criterios según los cuales se redefinirán “las eco-regiones” de la provincia.

La aprobada ley provincial plantea también la consulta popular a partir de la reunión de firmas. Además, señala que los estudios ambientales rechazados no podrán volver a ser presentados.

Según Vanesa Sartori, la ley “sigue fomentando el modelo extractivista”. Explicó que la norma no da “garantías sobre la “tala de árboles, el modelo sojero y las cuencas hidrícas”.(PÚLSAR)

Organizaciones sociales celebraron la decisión luego de 6 años de litigio judicial.

El Comité de Ministros rechazó la instalación del proyecto hidroeléctrico en la región de Aysén, en la Patagonia chilena.

El ministro de Ambiente, Pablo Badenier, explicó que la decisión se sostiene en la falta de medidas de mitigación, reparación y compensación por parte del proyecto.

Por otra parte, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, explicó que la decisión sólo afecta a la iniciativa analizada y que no compromete la “agenda de energía”.

La decisión unánime del Comité de Ministros llegó después de analizar los 35 reclamos judiciales presentados por comunidades de la zona de Aysén y por organizaciones ambientales.

Las empresas implicadas pueden apelar esta decisión ante el Tercer Tribual de Valdivia. Esa será la instancia definitiva que definirá el futuro del megaproyecto.

El Proyecto HidroAysén es una inversión conjunta del Grupo Colbún y de la empresa Italiana ENEL. Plantea la construcción de cinco mega centrales hidroeléctricas en medio de ríos y bosques vírgenes de la Patagonia chilena, además de casi 2 mil kilómetros de líneas de transmisión.(PÚLSAR)

El Comité de Ministros responde este martes a los reclamos contra la iniciativa hidroeléctrica privada.

El proyecto en la Patagonía chilena lleva casi 6 años de litigio judicial y hay 35 reclamos pendientes de resolución.

En marzo de este año, el Comité de Ministros del nuevo Gobierno chileno invalidó las respuestas parciales entregadas por el anterior Ejecutivo a las demandas contra el proyecto.

Además, el Comité se comprometió a pronunciarse sobre “el fondo de las materias reclamadas de manera integral y simultánea”.

Esta misma entidad recibió la semana pasada el informe del Servicio de Evaluación Ambiental, con recomendaciones técnicas sobre los reclamos presentados.

El Proyecto HidroAysén es una inversión conjunta del Grupo Colbún y de la empresa Italiana ENEL. Comprende en su diseño la construcción de cinco mega centrales hidroeléctricas en medio de ríos y bosques vírgenes de la Patagonia chilena, además de casi 2 mil kilómetros de líneas de transmisión.(PÚLSAR)

Integrantes de esa comunidad exigen que el Ejecutivo promulgue la reciente ley por la recuperación de sus territorios.

Al menos 150 referentes de esa comunidad indígena marcharon el pasado miércoles por Asunción para exigir la urgente promulgación de la norma.

El pasado 23 de mayo el Congreso sancionó la norma que indica restituir 14 mil hectáreas para el pueblo enxet.

Esta ley busca cumplir con una sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se obliga al Estado paraguayo a restituir a esta comunidad parte de sus tierras ancestrales.

Heriberto Ayala, referente de la comunidad del chaco paraguayo, expresó que permanecerán en Asunción hasta tener una respuesta del Ejecutivo.

En diálogo con Radio Viva, Ayala recordó que su comunidad está integrada por 155 familias que reclaman por sus tierras desde hace 23 años.

El líder indígena también señaló que el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, se comprometió en una reunión esta semana a intermediar con el presidente Horacio Cartes.(PÚLSAR)

La Cancillería salvadoreña confirmó la inclusión del país en el acuerdo de asociación energética.

La noticia se conoció este lunes, en la que fue la primera jornada de Salvador Sánchez Cerén como presidente de ese país.

El ingreso se concretó luego de la aceptación durante la reunión del Consejo Ministerial de Petrocaribe, que se realizó justamente este lunes en la capital salvadoreña.

De este modo, ya son 19 los países que forman parte de este acuerdo energético impulsado por Venezuela en 2005 para contar con petróleo crudo en condiciones ventajosas.

Su inclusión en Petrocaribe permitirá a El Salvador comprar combustible venezolano a precios preferenciales, bajos intereses y plazos de pago de hasta 25 años.

El anterior presidente salvadoreño, Mauricio Funes, inició los acercamientos con Petrocaribe durante su gestión para estudiar su ingreso formal.(PÚLSAR)

15 de 18 comunidades diaguitas firmaron la semana pasada un memorando para destrabar el proyecto minero.

El mega proyecto binacional de la multinacional Barrick Gold se encuentra detenido por un recurso judicial presentado por las comunidades indígenas diaguitas de Chile.

Lorenzo Soto, representante de las comunidades expresó que el acuerdo está se encuentra en una primera etapa.

Según explicó el abogado a la Radio JGM de la Universidad de Chile, se plantea la apertura de la información de la compañía para contrastarla con las preocupaciones de las comunidades.

Soto señaló que serán las comunidades del Valle de Huasco las que tendrán la decisión sobre quienes revisarán esta información referida a suelo, agua, territorio y patrimonio.

Sin embargo, Andrea Cisternas, vocera por la Defensa del Valle del Huasco, restó legitimidad a la negociación. Aseguró que los participantes no son representantes diaguitas que se desempeñen en el tema.

El abogado Lorenzo Soto respondió que los dirigentes comunales involucrados están legalmente representados en las entidades correspondientes.(PÚLSAR/JGM)

Lo aseguró la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tihui Campos.

Según la investigadora, “la primera lección es indicar que no se necesita una figura para llevar adelante un movimiento”.

Además, Campos indicó a Radio Sur de Argentina que el documento ayuda a recordar que “en México hay más de 60 grupos indígenas y más de 2 mil municipios campesinos que necesitan la atención del pueblo de ese país”.

Así se refirió a la última aparición pública del subcomandante insurgente Marcos para anunciar que dejaba la vocería del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según el último documento zapatista dado a conocer el pasado fin de semana, la organización determinó que el personaje de Marcos “ya no era necesario”.

Luego de un largo silencio, el subcomandante anunció también que tomará el nombre de Subcomandante Galeano, en homenaje al dirigente indígena asesinado el pasado 2 de mayo durante un ataque de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac).

Según la docente universitaria, “el silencio del zapatismo fue importante para formar a los nuevos cuadros”. Campos explicó que el EZLN “estuvo trabajando en las comunidades para capacitar a los jóvenes”.

El movimiento zapatista saltó al conocimiento mundial en 1994 durante su alzamiento armado en 7 ciudades mexicanas del estado de Chiapas.

“Es nuestra convicción que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes ni caudillos, ni mesías ni salvadores. Para luchar sólo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización”, concluye el último documento del ahora Subcomandante Galeano.

El Ministro de Ambiente, Edgar Gutierrez, se reunió recientemente con especialistas del tema.

Allí analizaron los temas de resolución necesaria más urgente.

El director del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, Rolando Castro, expresó que el país debe definir un modelo energético.

Según Castro, el Gobierno deberá buscar mecanismos para garantizar el acceso al agua de la población.

Además se refirió a los ordenamientos territoriales necesarios para hacer a las ciudades más amigables.

Por su parte, la activista Eva Carazo señaló que la postura del movimiento ambiental sigue siendo la misma. Apuntó a la lucha contra la expansión piñera y contra los trangènicos, así como la protección de las semillas libres

Carazo señaló que los últimos gobiernos de Costa Rica “tuvieron un discurso muy contradictorio y fueron muy irrespetuosos de las luchas de las comunidades por reclamos ambientales”.

Según la militante, el “modelo económico con lógica neoliberal de crecimiento insostenible se viene chocando con las necesidades y los derechos de las comunidades”.

Pese a esto, Carozo reconoció las expectativas que genera la llegada de un nuevo Gobierno que rompe con histórico bipartidismo en Costa Rica.(PÚLSAR/VOCESNUESTRAS)

Luego de la aprobación por mayoría absoluta sólo resta su promulgación y aplicación inapelable.

El proyecto del propio Ejecutivo ya cuenta con la aprobación del Senado.

Esta decisión del Congreso de restituir 14 mil hectáreas para el pueblo enxet busca cumplir con una sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se obliga al Estado paraguayo a restituir a esta comunidad parte de sus tierras ancestrales.

El reclamo del pueblo enxet se fundamenta en los derechos de las culturas indígenas como grupos humanos anteriores a la formación del Estado paraguayo.
Sin embargo, resta definir la forma en que se realizará la restitución porque el actual propietario, Heribert Roedel, reclama un pago de 40 millones de dólares.

Los integrantes de la comunidad Sawhoyamaxa se mantuvieron por 23 años al costado de una ruta cercana a sus tierras, pero en marzo del año pasado decidieron ocupar parte de los territorios reclamados.

El fallo de la Corte Interamericana establece también la asistencia en salud y educación para la población indígena afectada y el aporte de 900 mil dólares para proyectos de desarrollo.(PÚLSAR/E’A)

Durante la jornada el Gobierno de Ecuador volvió a denunciar las prácticas de la compañía.

El Ejecutivo encabezado por Rafael Correa mantiene una campaña pública internacional para denunciar la contaminación que produjo la transnacional petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

Cabe recordar que Texaco fue sentenciada en Ecuador al pago de 9 mil 500 millones de dólares por los daños ambientales generados en esa región durante casi 30 años, entre 1964 y 1992.

Se estima que Texaco, luego adquirida por Chevron, dejó allí derramados en el ecosistema más de 16 millones de galones de petróleo.

Es por eso que el Gobierno ecuatoriano reclama el resarcimiento económico por los daños ambientales.

La llamada jornada “Anti Chevron” motivó más de 30 manifestaciones en distintas partes del mundo, convocadas por organizaciones de Ecuador, Argentina, Nigeria, Estados Unidos y Rumania.

Diferentes acciones de denuncia tuvieron lugar en ciudades como Nueva York, Chicago, Toronto, Londres, Berlin, Bruselas, Sevilla, Bucarest, Buenos Aires, Quito y Ciudad de México.

En América Latina, Chevron firmó el año pasado un acuerdo con la petrolera estatal argentina YPF para realizar en conjunto perforaciones no convencionales en un sector del yacimiento Vaca Muerta, en la Patagonia de ese país.(PÚLSAR)