Este martes, los legisladores ecuatorianos debatieron en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Uno de los aspectos del proyecto es que establece cambios a la jornada laboral del docente.

Por ejemplo, de las 8 horas de trabajo podrá cumplir seis horas dentro del colegio y otras dos fuera de él.

El legislador Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, señaló que el objetivo del proyecto es favorecer a los docentes que actualmente reciben salarios bajos. Dijo quey la intención de los legisladores es incrementar sus salarios.

“Con la reforma los docentes tendrán la posibilidad de hacer una maestría de cuarto nivel en educación durante 2 años. También tendrá el derecho a ascender a las categorías necesarias hasta llegar a la A”, detalló.

La reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural también implicará cambios para apoyar a los profesores del sistema público.que no tienen título en Ciencias de la Educación. Por ejemplo, muchos de ellos son sociólogos, arquitectos o ingenieros que dictan sobre los temas de su especialización.

El asambleísta de la opositora Unidad Popular, Milton Gualán, destacó la importancia de debatir la Educación intercultural.

Sin embargo, también advirtió que el actual gobierno ha perjudicado a las escuelas comunitarias de educación bilingue y no ha garantizado una educación de calidad. (Agencia Púlsar)

Este domingo, miles de bolivianos realizaron una serie de ritos ancestrales y ceremonias en diversas partes del país para celebrar la llegada del año nuevo andino amazónico.

Los pueblos originarios e indígenas recibieron el nuevo año andino amazónico 5523 levantando las manos como una forma de recoger su energía, según la tradición.

El presidente boliviano Evo Morales hizo una ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra) en la Isla de Incahuasi, en el departamento de Potosí.

Allí, el mandatario demandó la unidad de todos los bolivianos. Se refirió a la lucha histórica que han realizado  sus compatriotas.

“La unidad siempre será el triunfo del pueblo y la derrota del imperio que por tantos años dominaron, saquearon los recursos naturales, humillaron, odiaron y buscaron eliminar al movimiento campesino indígena originario”, expresó Morales.

El presidente estuvo acompañado de los miembros del Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias del Salar de Uyuni, del Consejo de Amautas, así como autoridades civiles, militares, policiales y de municipios. (Agencia Púlsar)

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pidieron al gobierno de su país que acepte un cese al fuego bilateral.

En los últimos días se ha producido un incremento del enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército colombiano, empañando el proceso de diálogo de paz que se realiza en La Habana, Cuba desde hace dos años y medio.

El vocero de las FARC, Joaquín Gómez, leyó el comunicado de la guerrilla donde manifiesta que “ponen de lado las desavenencias” y piden un acuerdo de cese bilateral del fuego “que traiga alivio y nuevas esperanzas a nuestro pueblo”.

Por su parte, el expresidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), también abogó por un cese el fuego bilateral entre el Gobierno y las FARC.

Dijo que el cese al fuego evitaría muertes como la del teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo, ocurrida hace unos días en el suroeste del país.

“El Gobierno y FARC podrían evitar muertes como la del coronel Ruiz pactando ya un cese bilateral del fuego con acompañamiento internacional”, declaró Samper en su cuenta de Twitter.

De igual manera, las comunidades indígenas de diferentes cabildos manifestaron su preocupación por el  incremento de la violencia en Colombia.

Alex Biluche, gobernador del Cabildo quichua destacó que las comunidades indígenas pidieron a ambas partes un verdadero compromiso para acabar con el conflicto.  (Agencia Púlsar)

Los pueblos originarios de Costa Rica deben continuar construyendo su autonomía desde sus propios territorios sin esperar a la voluntad política de los gobiernos de turno que por décadas los han dejado en el abandono.

Ese fue el mensaje con el que cinco dirigentes de territorios ubicados en la zona sur del país, anunciaron que continuarán con el proceso de afirmación y recuperación de tierras, con o sin el apoyo gubernamental.

Los dirigentes indígenas afirman que el actual gobierno mantiene una política de incumplimiento de sus compromisos y obligaciones con los pueblos originarios.

Es posible que en los próximos meses, los representantes de varios territorios indígenas vuelvan a acudir al Sistema Internacional de Derechos Humanos para denunciar el incumplimiento del gobierno costarricense. (“Voces Nuestras”-Costa Rica)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio al Estado costarricense un plazo de 15 días para adoptar medidas cautelares a favor de los pueblos teribe y bribri en el territorio de Salitre.

Esta decisión se tomó luego de determinar que los episodios de violencia por parte de terratenientes no indígenas provocan una situación grave y que atentan contra los derechos humanos.

Este primer fallo responde a un proceso que inición en el 2012, cuando representantes de diversos pueblos originarios de Costa Rica y organizaciones defensoras de sus derechos acudieron a la Comisión.

Esto ocurrió porque los pueblos no encontraron respuesta de las autoridades nacionales a sus conflictos por tierras y discriminación.

La orden de la Comisión es un paso importante, pero los dirigentes indígenas advierten que el conflicto solo se resolverá de forma definitiva cuando las y los indígenas logren una recuperación total de sus tierras. (Voces Nuestras – Costa Rica)

Muchos de sus ancestros ya estaban en la tierra que después se llamaría Costa Rica a la llegada de los colonizadores españoles.

Muchos de ellos y ellas resistieron a la invasión y por eso tuvieron que pagar el precio del aislamiento mientras el país se autoproclamaba “nación mestiza y blanca”, para más señas la “suiza centroamericana”.

Esta negación de la diversidad cultural y étnica hizo que no fuera hasta 1993, cuando la totalidad de los habitantes indígenas del país tuvieron su célula de identidad y se les reconoció como ciudadanos y ciudadanas costaricenses.

Cerca de 22 años han pasado desde que los habitantes indígenas costaricenses recibieron su cédula de identidad, pero los problemas de discriminación no quedaron allí.

Aunque desde 1977 existe una Ley de Pueblos Indígenas en Costa Rica que les reconoce como propietario de sus territorios de manera inalienable e intransferible, estos no gozan de autonomía.

Además, la ocupación de sus tierras por parte de personas no indígenas, ha aumentado los conflictos y el racismo. (Voces Nuestras – Costa Rica)

Hace unos días, la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología del Congreso peruano aprobó el polémico proyecto de ley 3941.

Según las autoridades, este decreto tiene el objetivo de atraer las inversiones privadas.

Sin embargo, diversas organizaciones sociales e indígenas alertan que el decreto, llamado el “Cuarto Paquetazo” atenta contra el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas del país.

Una de las características del cuestionado proyecto es que otorgará derechos de servidumbres, derechos de vía y localización de área en los llamados “terrenos eriazos”.

Sin embargo, la congresista de oposición, Verónika Mendoza advierte que este proyecto no contempla la realidad del país.

“El problema es que en nuestro país los derechos de propiedad y posesión no están claramente reconocidos, menos los de las comunidades campesinas y nativas”, señala Mendoza.

“Cerca de 4 mil comunidades no están tituladas y por lo tanto podría asumirse equivocadamente que el territorio que ocupan está libre”, alerta la congresista.

“No es necesario pisotear los derechos ciudadanos para atraer inversiones. Las inversiones no son un fin en sí mismo sino una herramienta para construir bienestar para la gente y no al revés”, aseveró Verónika Mendoza.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha enviado al Congreso varias recomendaciones en relación a los peligros del proyecto de ley 3941?. Por ejemplo, que su aplicación puede generar una situación de desprotección del derecho de la propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

Además, Daniel Sánchez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señala que el  cuestionado decreto debe pasar por un proceso de consulta previa porque dicha norma está afectando derechos colectivos. (Agencia Púlsar)

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari,  fue citado por la Fiscalía para el próximo 16 de abril.

La Fiscalía cito a Guartambel para que rinda su manifestación como parte de la investigación que esa entidad está realizando.

El dirigente indígena dará su versión sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, cuando se produjo la tentativa de golpe de Estado en contra del gobierno de Rafael Correa.

Además de Carlos Pérez Guartambel, otros tres dirigentes indígenas de la Ecuarunari fueron citados: Hermana Pacha Cabascango, Patricio Zhingri y Ascencio Farinango.

Por su parte, el presidente de la Ecuarunari  aseguró que acudirán a la cita.

También añadió que ya se les ha requerido información sobre los dirigentes de la Ecuarunari y miembros de la Agencia de Noticias Plurinacional. Informó que ya han entregado estos datos a la Fiscalía.

“Se busca involucrar al movimiento indígena en algo que no tiene nada que ver”, criticó el dirigente.

“La intención es la persecución política contra las cabezas más visibles del movimiento indígena”, denunció Pérez.

Finalmente, dice que si algo les llega a suceder, será de responsabilidad del gobierno. Pérez dijo que teme por su familia, por sus niñas y por sus ancianos padres. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)

Campesinos y campesinas de los distritos de Santa Fé, San Francisco y Calobre de la provincia de Veraguas, Panamá, se movilizaron en rechazo a la hidroeléctrica Cerro Gordo sobre el río Santa María.

Los campesinos y campesinas denunciaron que nunca se les consultó de manera real y amplia sobre las consecuencias para sus vidas, cultura, bienes y patrimonio histórico.

Las organizaciones campesinas afirman que el proyecto hidroeléctrico promovido por la empresa Mifta 52 no trae beneficios. Al contrario, dicho proyecto trae perjuicios y daños irreversibles al ecosistema y cultura productiva agroecológica, señalaron.

Los campesinos manifestaron que sus tierras no están a la venta, ni tampoco los ríos, porque dependen para las actividades sociales, familiares y económicas.

La Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE y miembros de la Red Nacional en Defensa del Agua manifestaron su posición ante el Foro Público para dicha hidroeléctrica.

Los campesinos de Veraguas han denunciado que este tipo de foro es un mero trámite a favor de la empresa energética.

Además, criticaron que el foro no es vinculante dentro de la ley de participación ciudadana, porque sus recomendaciones y quejas jamás se atienden, ni responden.

Las organizaciones campesinas denuncian que, por el contrario, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) utiliza dicho foro para darle el aval a la empresa e ignora las acciones legales.(Radio Temblor)

Existen diversas posiciones sobre la próxima interpelación a la Ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por el caso de la malversación de recursos del Fondo Indígena.

Muchos sectores políticos advierten que el Congreso no censurará a la ministra por este polémica caso.

Hace unos días, la Asamblea Legislativa boliviana convocó para este 13 de marzo a la ministra Achacollo para que explique los  detalles sobre los proyectos aprobados y las obras ejecutadas en el Fondo Indígena Originario y Campesino (Fondioc).

En el mes de febrero, la Contraloría del país detectó que existe un daño económico de 71 millones de bolivianos debido a que 153 proyectos de desarrollo productivo y social no se fueron ejecutados.

La ministra deberá presentar ante una comisión del Senado las respectivas pruebas de descargo.

Diversos parlamentarios de oposición advirtieron que la bancada oficialista que es mayoría en el Senado, impedirá la censura de la cuestionada ministra.

Óscar Ortiz, senador opositor por Unidad Demócrata (UD), sostuvo que el objetivo de la interpelación es aclarar los supuestos casos de corrupción en el Fondo Indígena.

Por su parte, el presidente del Senado, Alberto Gonzáles, detalló que el informe de la Contraloría es preliminar y que “las investigaciones identificarán a los culpables”, expresó. (Agencia Púlsar)